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Tribunal de Ética se negó a investigar a Sigfrido Reyes

Argumentó que la compra de terrenos al IPSFA no lo hizo como funcionario público. Los magistrados dijeron estar inhibidos por ley para indagar de dónde sacó fondos

Marcel Orestes Posada (izquierda), presidente del TEG, y los diputados de ARENA, Mariella Peña Pinto y Mario Valiente, en enero cuando ampliaron su denuncia contra Reyes. Foto EDH

Marcel Orestes Posada (izquierda), presidente del TEG, y los diputados de ARENA, Mariella Peña Pinto y Mario Valiente, en enero cuando ampliaron su denuncia contra Reyes. Foto EDH

Marcel Orestes Posada (izquierda), presidente del TEG, y los diputados de ARENA, Mariella Peña Pinto y Mario Valiente, en enero cuando ampliaron su denuncia contra Reyes. Foto EDH

El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) resolvió "sin lugar" la petición de los diputados Mario Valiente y Mariella Peña Pinto, ambos de ARENA, para que esa entidad investigara la adquisición de varios lotes por casi medio millón de dólares al Instituto Salvadoreño de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa) por parte del presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, del FMLN.

La Prensa Gráfica reveló el 28 de noviembre de 2014 que el titular del Congreso junto a su exasesor legislativo Byron Larrazábal y socio en la empresa Terrein, S.A. de C.V. se hicieron de 5 lotes de terreno para residencia en Greenside Santa Elena, en Nuevo Cuscatlán, de La Libertad, en $190 mil menos que el costo oficial estipulado por el Ipsfa.

El TEG notificó la resolución final a los demandantes el pasado 24 de marzo, sin embargo, uno de los cinco magistrados "votó parcialmente disidente".

Se trata de la magistrada Jennyffer Giovanna Vega Hércules, quien razonó su voto en el sentido de que comparte con el resto de magistrados que la compra de los terrenos al Ipsfa por parte de Reyes "no se perfila como una infracción a la ética pública", pero que disiente de declarar "sin lugar la apertura del procedimiento con relación a la contratación del señor Byron Enrique Larrazábal Arévalo como asesor del presidente de la Asamblea Legislativa". (Ver más detalles en nota aparte).

Y es que los magistrados del TEG en sus argumentos para declarar no a lugar la denuncia de los legisladores de ARENA, se basan en que la ley del Tribunal de Ética vigente no los faculta para "salvaguardar el patrimonio del Estado".

En su resolución los funcionarios justifican que en el diseño de la nueva normativa aprobada por la Asamblea Legislativa en 2012 se omitió esa parte para que las funciones del TEG no chocaran con las competencias de la Corte de Cuentas de la República (CCR).

Esa institución es la responsable de acuerdo al artículo 1 de su ley, de "fiscalizar, en su doble aspecto administrativo y jurisdiccional, la Hacienda Pública en general y la ejecución del Presupuesto en particular, así como la gestión económica de la entidades a que se refiere la atribución cuarta del artículo 195 y los incisos 4a. y 5a. del artículo 207 de la Constitución", reza parte de la resolución del TEG.

Pero es el caso que la CCR también absolvió a Reyes, según lo informó en días pasados el presidente de la institución contralora, Johel Humberto Valiente.

Además, en el escrito se menciona que "los denunciantes no plantearon que los recursos utilizados por Terrein, S.A. de C.V. para comprar los terrenos al Ipsfa fuesen de naturaleza pública. En suma este Tribunal no puede atribuirse la facultad de indagar el origen de dichos fondos; ello sería invadir la jurisdicción del ente contralor arriba citado", plantea la resolución.

Lo anterior ya había sido advertido en enero de este año por el presidente del TEG, Marcel Orestes Posada, y ante esto, los diputados Valiente y Peña Pinto acudieron a la entidad a ampliar los argumentos de la denuncia que interpusieron el pasado 8 de enero y a exigirle que la ley sí lo faculta para indagar al titular de la Asamblea.

"No se puede escudar en la ley, porque en la de 2012, si bien se le quitó un pequeño párrafo en el artículo 1 de la ley, el espíritu de la ley es la misma", aseveró Valiente el 26 de enero.

Su colega Peña Pinto también lamentó la decisión del Tribunal de Ética. "No quieren investigar la corrupción, tenemos que terminar con la corrupción venga de donde venga", afirmó ayer la legisladora de ARENA.

Pero añadió que el viernes presentaron las pruebas que les pidió la Comisión de Ética Parlamentaria, instancia a la que también acudieron, en tanto que el Fiscal General de la República (FGR), Luis Martínez, informó en días pasados que la investigación en esa instancia no ha finalizado.

Argumentos de la resolución

El TEG expresa en su manifiesto que durante la investigación preliminar se observó que Reyes es "socio minoritario de Terrein, S.A. de C.V., sociedad cuyo administrador único y representante legal" es Larrazábal.

Añade que el 5 de febrero de 2014 la empresa compró cinco lotes al Ipsfa y que la negociación se realizó directamente con Larrazábal y con base a los precios fijados previamente por el Consejo Directivo del Ipsfa, "pero que por las condiciones topográficas desfavorables en las que se encontraban los terrenos de Terrein, S.A. de C.V., su representante legal hizo una oferta acorde a esa situación, la cual fue aceptada por el Consejo".

Cabe mencionar que las autoridades del Ipsfa habían informado a la Asamblea Legislativa de la caótica situación financiera que atraviesan, y de la posibilidad que ante la falta de fondos dejaran de pagar las pensiones de miles de efectivos militares en retiro.

Pese a esto, el director del Ipsfa, coronel René Díaz Argueta, así como el ministro de la Defensa, David Munguía Payés; y hasta el secretario de Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, defendieron la venta de los lotes del Ipsfa en $190,000 menos del precio real.

En diciembre del año pasado y en el marco de la Semana de la Transparencia Pública, Munguía Payés justificó que las ofertas de los terrenos estuvieron publicadas durante 4 años en la página web del Ipsfa sin encontrar compradores, y que la oferta de Terrein, quien se ofreció comprar al contado los 5 lotes de forma simultánea se volvió atractiva para la institución.

El jefe castrense respaldó lo dicho por el director del Ipsfa, el Coronel Díaz Argueta, de que la empresa compró los terrenos en la banda establecida de precios, y que todo estaba apegado a ley, afirmaron.

El rango de precios según los funcionarios oscilaban entre $165 y $118.50 por vara cuadrada. Terrein compró los terrenos a $120 la vara cuadrada, según publicó LPG.

La vinculación del exasesor de Reyes en la Asamblea también fue denunciada por los diputados Valiente y Peña Pinto, y sobre este punto los magistrados del TEG dijeron que no a lugar, excepto la magistrada Vega Hércules que dijo no estar de acuerdo.

En su sentencia la entidad manifiesta que Larrazábal fue contratado por Reyes como su asesor legislativo antes de que ambos se hicieran socios en la empresa Terrein.

Se expresa que la sociedad fue constituida el 2 de septiembre de 2011 y que Larrazábal fue contratado por Reyes como asesor en la Asamblea el 1 de abril de ese mismo año. Tras conocerse el caso Ipsfa, Larrazábal renunció de asesor en diciembre de 2014.

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