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Sin definir la fecha para veredicto de medidas cautelares

La empresa de capital italiano reclamó a los jueces la protección ante la persecución judicial que argumentan que sufre en El Salvador Enel Green Power busca proteger sus inversiones a largo plazo en el país, ante supuesta persecución judicial

El fiscal general, Luis Martínez, a su salida el viernes de las oficinas del CIADI en Washington. Fotos EDH

El fiscal Luis Martínez, a su salida de las oficinas del CIADI en Washington, Estados Unidos, en diciembre pasado  | Foto por Archivo

El fiscal general, Luis Martínez, a su salida el viernes de las oficinas del CIADI en Washington. Fotos EDH

Luego de un día de intensos debates en el Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, en Washington, donde la compañía Enel Green Power se encontró con la defensa de El Salvador para discutir ante el tribunal arbitral la solicitud de medidas cautelares, llegó la calma para las partes.

Con el cierre de la audiencia, donde la empresa de capital italiano reclamó a los jueces la protección ante la persecución judicial que argumentan sufre en el país, los jueces que deliberaron un cuarto de hora al final de la jornada del viernes, no dejaron sentado para cuándo habría una respuesta a la audiencia inicial.

El jefe de abogados de la defensa de El Salvador, Luis Parada, aseguró que en los próximos días se enviarían nuevos escritos al tribunal y que, de ahí en adelante, queda a criterio de los tres jueces: el chileno – estadounidense, Alejandro Escobar y los árbitros, el argentino – estadounidense Óscar Garibaldi, propuesto por Enel y el seleccionado por la defensa Raúl Vinuesa, también de doble ciudadanía, argentino – español, se tomarán su tiempo para dar una respuesta.

La compañía geotérmica pidió con urgencia que el tribunal arbitral del CIADI dictara medidas especiales para proteger sus inversiones en El Salvador, en especial por la persecución de la que acusa ser víctima del aparato estatal salvadoreño, de donde han surgido bajo un proceso judicial salpicado de disputas políticas, una orden de embargo que se acerca a los $2 mil millones de dólares contra la compañía, dictada a principios de este año por un tribunal salvadoreño a petición de la Fiscalía General.

El fiscal general, Luis Martínez, quien acudió a la audiencia para encabezar el equipo defensa de El Salvador, a cargo del bufete de abogados Foley Hoag, en la capital estadounidense, vaticinó como positivo para los intereses de la Fiscalía en este caso, que los abogados del consorcio italiano, Clifford Chance, no hayan demostrado la urgencia de obtener medidas cautelares para sus reclamos ante los tres jueces.

Durante la audiencia realizada, a puerta cerrada en el Banco Mundial, trascendió que los equipos de la demandante y la defensa se enfrascaron en acalorados debates sobre los reclamos de unos y la negativa de otros.

Uno de los puntos que ocupó buena parte de la querella durante la jornada matutina del viernes fue la utilización que hizo la Fiscalía de un informe realizado por una agencia propiedad de un exministro del gobierno de Mauricio Funes y allegado al exmandatario, que es conocida su lucha sin tregua que mantuvo con la compañía de capital italiano.

Los querellantes de Enel Green Power pusieron sobre la mesa el tópico que la Fiscalía omitió un valúo realizado por la Corte de Cuentas de la República, cuyos peritos pusieron un precio diametralmente opuesto al que hizo el allegado de Funes, y que sirvió más tarde para proceder al embargo preventivo.

El Diario de Hoy hizo pública esta diferencia y las investigaciones periodísticas del caso, realizadas por este periódico, también fueron tomadas como referencia y citadas durante los alegatos. Al final, el CIADI encomendará un nuevo valúo a expertos independientes que estarán monitoreados por ambas partes en la disputa.

La compañía geotérmica ha basado su reclamo en que el Estado salvadoreño, desde el Órgano Ejecutivo, ha actuado desde el año 2007, en una clara confabulación para impedirle invertir más capital en el país, lo que la llevaría a tener la mayoría accionaria en el asocio público-privado que tiene desde el 2002 con la LaGeo, que funge como contraparte estatal en la negociación del contrato para la generación de energía limpia.

La agudización del conflicto que se evidenció en el salón de audiencias del cuarto piso del Banco Mundial puso en evidencia las encontradas posturas de ambos equipos.

Por la parte de la defensa se sostiene que la compañía geotérmica está haciendo un caso en el CIADI, por una disputa contractual con un socio privado salvadoreño. (Ver entrevista). Pero el presidente del consorcio italiano para América Latina, Maurizio Bezzeccheri, dijo en una entrevista con este medio, en semanas previa a la audiencia del pasado viernes:

Que el reclamo de la compañía es para que se cumpla el contrato firmado en 2002, cuando se les invitó a invertir en el país para aumentar la generación de energía limpia, con el recurso de los mantos geotérmicos y que, desde entonces, han invertido más de $150 millones de dólares en infraestructura y alta tecnología en el país y que su inversión dio enormes resultados cuando lograron aumentar la capacidad de producción de las centrales geotérmicas de Berlín, Usulután y Ahuachapán.

En esa oportunidad, Bezzeccheri, explicó que han acudido al CIADI para que emita un nuevo laudo de obligatorio cumplimiento para la contraparte estatal, con la que firmaron el asocio y poder, así, inyectar más capital al país y aumentar la oferta de energía con energía limpia.

Para esta audiencia y al encuentro que duró cerca de nueve horas, se solicitó empresa demandante emitir una opinión sobre el caso, pero desde la alta dirigencia del consorcio declinaron hablar del caso, para –según explicó su portavoz- Massimiliano Calamea, desde la central para el continente en México, no obstaculizar el trabajo de los árbitros.

Luego del fogueo de este viernes y cuando no se atisba una salida negociada fuera de los tribunales a la querella, la Fiscalía y su titular, Luis Martínez, recargan baterías para seguir la disputa en Washington, que podría culminar el 2016, luego que el tribunal adelanta que, en enero de 2015, se estarían sentando las partes en el CIADI para un nuevo encuentro, posterior a varias rondas de escritos donde Enel y la defensa de El Salvador deberán ir asegurando sus posturas con elementos probatorios.

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