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Hoyo de $108 Millones y alto costo de energía deja Funes al país

El Chaparral está abandonado y la ampliación de la 5 de Noviembre sigue pendiente

En El Chaparral se observan los trabajos inconclusos que dejó Astaldi, ya que detuvo la obra.

En El Chaparral se observan los trabajos inconclusos que dejó Astaldi, ya que detuvo la obra.

En El Chaparral se observan los trabajos inconclusos que dejó Astaldi, ya que detuvo la obra.

Al final del mandato del presidente Mauricio Funes la incertidumbre ronda sobre el futuro de las plantas generadoras de energía El Chaparral, la expansión de la Central 5 de Noviembre, así como la queja del sobreprecio en las tarifas a raíz de las políticas que fueron implementadas por el Gobierno a través de LaGeo y el poco interés por indagar sobre las utilidades que recibe la empresa Inversiones Energéticas (INE).

Al tiempo que Funes promovió el inicio de la investigación del contrato que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) firmó con la empresa italiana Enel Green Power, obras de gran envergadura como la de El Chaparral hoy son cuestionadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

La entidad ha pedido cuentas al presidente de la CEL, Leopoldo Samour, sobre el acuerdo al que llegó con Astaldi, esto a raíz de una publicación de este periódico, en la cual el diputado de ARENA, Edwin Zamora, reveló que en 2010, la empresa paralizó las obras por un inconveniente en el diseño de la misma. La firma argumentó que a raíz de eso tuvo que desembolsar $52.4 millones más.

Para evitar irse a un arbitraje internacional, tanto Funes como Samour argumentan que si no hacían un arreglo directo con Astaldi, el país hubiera tenido un costo mayor.

El resultado de ese pacto fue el pago de $108.5 millones por parte del Gobierno a Astaldi con tal de que ésta no demandara al Estado. Zamora cuestionó que se debió pagar solo el costo de la obra ejecutada, pero a la fecha lo único visible de El Chaparral es un hoyo, según se constata en visitas realizadas por este periódico a la represa.

De acuerdo con documentos obtenidos por El Diario de Hoy, la obra apenas tenía un avance del 23 %, pero como consecuencia del trato directo, Astaldi logró que CEL le cancelara como si hubiera terminado el 29 % de los trabajos.

ARENA interpuso una demanda en la Corte de Cuentas de la República (CCR), que revela que el Gobierno pagó un sobreprecio de $32.5 millones por una obra que no fue terminada. Según el contrato inicial El Chaparral costaría $220 millones pero el Gobierno pagó por menos de la mitad $108.5 millones.

Y es que el argumento de Astaldi para detener los trabajos es que la "montaña se movió". A este fenómeno lo llamó "imprevistos imprevisibles en el margen derecho de la obra" y trasladó la culpa a la empresa brasileña Intertechne que hizo el diseño.

Esta firma es la misma que CEL adjudicó recientemente y de forma directa para que haga otro diseño de la misma obra, en el supuesto de corregir el error por el cual el Gobierno pagó $108.5 millones. El diseño fue hecho pero la construcción sigue varada.

CEL ha licitado de nuevo la reconstrucción, pero las dos únicas empresas interesadas en participar tienen mal récord en Ecuador y Argentina, según algunas publicaciones de periódicos de esos países y de Chile, como El Comercio, Latercera.com, Hoy.com.ec y Ecuadorinmediato.com.

Se trata de la constructora brasileña Norberto Odebrecht y la empresa china Sinohydro Corporation LTD, ambas suman en su récord laboral una serie de denuncias por mala ejecución y el cobro de sobreprecios en diversas obras que han realizado en América Latina.

Sobre este caso, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) manifiesta en su evaluación del "Quinto Año de Gobierno del Presidente Funes", que el "impacto de los fenómenos climatológicos; la paralización de la construcción de la obra; el pago de un arreglo directo por $108.5 millones a Astaldi y el subsecuente reinicio de la obra, ha sido la línea cronológica de desgastes que definen el desarrollo de El Chaparral y que han impedido que forme parte de la matriz energética del país".

Presa 5 de Noviembre

La ampliación de esta central hidroeléctrica se ha topado con tropiezos que van desde la postergación en tres ocasiones del banderazo de inicio de los trabajos. Desde el año pasado Funes canceló tres veces y por diferentes motivos su visita a la planta hidroeléctrica.

La ampliación de esta central valorada en $181.9 millones está salpicada de situaciones que no están muy claras. Samour, el presidente de la CEL, no ha brindado mayor información a este periódico sobre como se realizó el proceso de adjudicación de los trabajos al Consorcio Queiroz Galvao S.A. y Andritz Hydro Inepar do Brasil, S.A., pese a las reiteradas peticiones.

Este consorcio ganó la licitación de la obra en una segunda convocatoria, en la que fue el único ofertante, aún cuando en julio de 2012, en el primer proceso de selección la empresa Andritz Hydro Inepar do Brasil, S.A., fue descartada por CEL por no haber superado las evaluaciones respectivas.

Pero meses después y ya creado el consorcio UDP, CEL da por superadas las evaluaciones técnicas y económicas y le adjudica la ampliación de la central 5 de Noviembre.

Hay elementos que también llaman la atención, y es que la Corte de Cuentas de la República (CCR) supo que la CEL otorgó la obra a un único ofertante y que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que financia los trabajos con $57.5 millones presentó una carta de "no objeción" al proceso de adjudicación al Consorcio UDP. El director del BCIE en el país es Guillermo Funes Cartagena, hermano del Presidente saliente.

De hecho, no era la primera vez que la CEL pedía opinión a la CCR sobre procesos de adjudicación, también lo hizo en junio de 2012 para el pago de $108.5 millones a Astaldi a cambio de que la firma no iniciara un arbitraje en contra del Estado. Al respecto, el abogado Francisco Bertrand Galindo aseveró que la CCR no debería actuar como juez y parte y subrayó que pareciera que esta entidad actúa no como un ente contralor sino como un "escudo protector" de las decisiones de la CEL.

Caso INE y CEL/Enel

Mientras que el Gobierno se empeña en investigar el contrato suscrito entre la CEL y Enel, luego de que los italianos casi se convierten en accionistas mayoristas al realizar una inversión millonaria en LaGeo (términos pactados en el contrato); el Gobierno argumentó que se estaba entregando los recursos estratégicos a extranjeros, que debían quedar en manos del Estado.

Asimismo, el Gobierno se negó a indagar sobre las utilidades de las acciones que LaGeo trasladó a la INE, un acto realizado en el mandato de Saca. Incluso hasta la Asamblea creó una comisión especial para investigar el caso CEL-Enel.

El interés del Gobierno por judicializarlo llevó incluso a Funes a autorizar al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, la erogación de $600 mil para que la Fiscalía contratara peritos especiales para la investigación.

Fusades cuestiona en su evaluación quinquenal que el caso CEL-Enel ha creado "inseguridad jurídica", lo cual ha afectado el clima de negocios.

"El Estado sigue sin cumplir su obligación de acatar una resolución de un tribunal arbitral, al cual accedió someterse, en perjuicio de la imagen del país...", revela el informe.

Pero ni Funes ni los diputados que forman la comisión especial, excepto los de ARENA, muestran igual preocupación por el caso INE. El diputado Zamora ha cuestionado que INE solo contribuye a encarecer la energía y no da cuentas de sus utilidades.

Según Zamora, los salvadoreños pagan un 2 5% más en la factura eléctrica, debido a que no existen cuentas claras por parte de la INE sobre las utilidades que recibe de las acciones que le trasladó LaGeo en 2006 valoradas en $186.8 millones, cuando el presidente de CEL era Nicolás Salume, reelecto por Funes en 2009.

Zamora cuestiona que INE no da cuentas al Estado sobre las utilidades que recibe pero el presidente de esa empresa, Sigfredo Edgardo Figueroa, justificó en una nota enviada a este periódico que la Corte de Cuentas les hizo una auditoría en 2007, y que son sometidos a auditorías anuales por parte de Hacienda y que informan de éstas a la CEL.

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