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"El Gobierno mantiene un acoso contra los medios"

El informe de país destaca la forma irregular en que se trasladó el canal 37 al canal 11 y detalla varias acciones contra el ejercicio periodístico desde instancias del Ejecutivo

José Rodolfo Dutriz, vicepresidente regional-El Salvador de la SIP, lee el informe ante la Asamblea en Chile. foto cortesía

José Rodolfo Dutriz, vicepresidente regional-El Salvador de la SIP, lee el informe ante la Asamblea en Chile. foto cortesía

José Rodolfo Dutriz, vicepresidente regional-El Salvador de la SIP, lee el informe ante la Asamblea en Chile. foto cortesía

La llegada del efemelenista Salvador Sánchez Cerén a la Presidencia del país abrió una nueva etapa y la situación de libertad de prensa "ya es tensa". Así reza el informe sobre la libertad de expresión y libertad de prensa en El Salvador presentado ante la ante la 70ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Santiago de Chile.

"Uno de los principales problemas registrados con los medios de comunicación se ejemplifica con un hecho sucedido con los medios de comunicación televisivos en un tema de asignación de frecuencias, problema que inició en abril pasado y se mantiene a la fecha en este nuevo gobierno", dice el informe expuesto por José Rodolfo Dutriz, presidente del periódico La Prensa Gráfica.

Explica que en abril la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), entidad estatal encargada de la regulación y asignación de frecuencias para las televisoras, designó en una posición privilegiada a un canal comprado por un empresario extranjero. Se trata de un canal ubicado en una frecuencia de menor captación de público y sin cumplir las reglas establecidas.

Menciona que el empresario mexicano Ángel González, con su empresa TV RED, compró en El Salvador el canal 37 en el sistema UHF y SIGET lo asignó sin mayores explicaciones en el canal 11, en VHF. Esto, explica, generó una batalla legal de parte de las televisoras locales que también ha estado repleta de cuestionamientos. Las televisoras locales reclaman la discrecionalidad de la organización pasando por encima de las leyes establecidas y han expresado estar en contra de la competencia desleal.

Las televisoras locales (Telecorporación Salvadoreña (TCS) con sus canales 2, 4 y 6; Megavisión con los canales 19 y 21 y canal 12), demandaron en la junta de directores de la SIGET, el retorno del 37 al 11. La Superintendenta del actual gobierno se había negado a regresar el canal 11 al canal 37, pero la junta de directores falló en favor de las televisoras, continúa el informe.

Detalla que TV RED impuso un recurso de revisión de esa decisión de la Junta de Directores SIGET en la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia, pero que la Superintendenta hizo caso omiso de los reclamos para cumplir la sentencia, y dio tiempo a que esa Sala ordenara medida cautelar que permita al canal 11 seguir transmitiendo hasta el final del caso, que puede tardar años.

Según reportó Dutriz, las televisoras locales han denunciado los actos arbitrarios que consideran se han registrado en este proceso de asignación preferente a un canal y que se sospecha de la relación del empresario con las autoridades gubernamentales, tal como ocurre en otros países.

Otros hechos

También dice que el FMLN y partidos aliados aprobaron una nueva ley de lavado de dinero y activos y decidieron incluir a los medios de comunicación sin el mínimo sentido técnico o argumento como empresas que debían ser reguladas, controladas e intervenidas con esta ley.

Destacó que tras protestas y debates, se reformó a la ley y en agosto los medios quedaron fuera de ese control. Explicó que el control exigía la presencia de un oficial de lavado en representación del Estado dentro de un medio controlando cualquier actividad de operaciones financieras, dándole potestad de intervenir y pedir cualquier tipo de información.

"El gobierno mantiene un acoso administrativo contra los medios, destaca el informe, y denuncia que se está utilizando instancias reguladores o de control, como los Ministerios de Trabajo, de Medio Ambiente o instancias financieras-fiscales o de comercio para solicitar todo tipo de información empresarial a los medios", dice el documento, en el que detalla que solo La Prensa Gráfica ha tenido más de 30 visitas de representantes del gobierno durante los últimos años.

Otra denuncia llevada ante la SIP es que la Dirección General de la Policía Nacional Civil elaboró un manual de manejo de información en la que restringe el acceso de los medios a temas de seguridad pública con el fin de controlar, restringir los datos y hasta ha bloqueado la presencia de oficiales en redes sociales. "Las autoridades no han dado explicaciones ni respuestas ni han girado alguna orden de cambio para el acceso a la información pública", afirmó.

También se menciona el asesinato de Carlos José Orellana, de 23 años, camarógrafo del canal 99 del departamento de Usulután, quien fue atacado el 12 de julio por dos individuos cerca de su casa en Santiago de María. Siguen las investigaciones y no se descarta que haya sido asesinado por su trabajo.

El Faro sin respuestas

Otro caso es el del periodista Óscar Martínez, del periódico digital El Faro, de quien dice fue coaccionado en julio en un falso operativo policial, en una carretera del occidente del país. Un retén policial lo interrogó sobre su visita un poblado de occidente y le dijeron que habían montado el operativo contra él. Fue retenido por varios minutos sin explicación legal alguna. Aunque el ministro Benito Lara se comprometió a indagar lo sucedido, y pese a las peticiones hechas por diferentes instituciones, incluidas la SIP, no se ha dado respuesta.

En junio, añade el documento, llegó a juicio el caso de la periodista Jessica Ávalos, quien fue agredida y amenazada por dos sindicalistas, uno de los cuales fue condenado.

Mientras tanto, una petición de información respecto a 769 asesores en el Congreso sigue pendiente de resolverse en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte, la cual, señala, se ha convertido en la instancia en donde quedan sin resolverse los casos de pedidos de acceso a la información.

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