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Demandan a Asamblea ante la Sala Constitucional por aprobar deuda por $900 Mlls.

Demandante denuncia que se volvió a votar por decreto que había sido rechazado

Sandra Salgado (de verde) no votó por el préstamo en la primera discusión. Dos horas después la sustituyeron . FOTO EDH

Sandra Salgado (de verde) no votó por el préstamo en la primera discusión. Dos horas después la sustituyeron . FOTO EDH

Sandra Salgado (de verde) no votó por el préstamo en la primera discusión. Dos horas después la sustituyeron . FOTO EDH

La emisión de deuda por $900 millones en títulos valores, que aprobó la Asamblea Legislativa en un madrugón en abril, corre el riesgo de ser declarada ilegal por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El ciudadano René Alfonso Guevara ha presentado una demanda en la Sala contra ese decreto, alegando que la Asamblea pasó por encima de los procedimientos que dicta la Constitución de la República.

De acuerdo con el demandante, los diputados violaron los artículos 143, 131 y 148 de la Carta Magna. El primero de ellos les prohíbe a los legisladores proponer a discusión del pleno un proyecto de ley que haya sido rechazado con anterioridad.

Los otros dos facultan a los diputados a llamar a los diputados suplentes en casos de muerte, renuncia o nulidad de elección y, además, a aprobar deuda cuando haya una necesidad grave o urgente y se haya delimitado claramente su destino.

Sin embargo, el demandante asegura en su escrito que los legisladores violaron la Constitución al aprobar de forma expedita e inconsulta el decreto para nueva deuda.

El proyecto de ley fue introducido para su discusión en la sesión plenaria del 23 de abril.

Después de una larga jornada legislativa que llegó hasta altas horas de la noche, los diputados del FMLN introdujeron la iniciativa con dispensa de trámite (sin acuerdo de la comisión) a las 9:24 de la noche.

El proyecto requería un total de 56 votos (mayoría calificada). El FMLN, junto a los partidos GANA, PCN, PDC y CD, alcanzaban el número requerido, por lo que su aprobación era inminente.

Pero llegada la hora de la votación, la diputada de GANA, Sandra Salgado, se abstuvo aduciendo que no se le había consultado nada sobre el proyecto.

Sin el voto de la legisladora, el proyecto fue rechazado y su procedimiento normal era enviarlo de nuevo a la comisión de Hacienda para que fuera lo suficientemente discutido.

Pero una hora después de la fallida votación, el presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, comunicó que la diputada Salgado se retiraba del pleno y en su lugar entraba Wilfredo Guevara, diputado suplente de Guillermo Gallegos.

Inmediatamente la presidenta de la comisión de Hacienda, Lorena Peña, pidió a Reyes que se volviera a discutir el decreto para su posterior aprobación pese a la negativa de ARENA.

En cuestión de minutos, el decreto fue aprobado con 56 votos a las 11:37 de la noche y el FMLN se mostró satisfecho por haber logrado el aval para la nueva deuda, que según ellos, servirá para equipar a la Policía Nacional Civil de herramientas necesarias para combatir la delincuencia, además de financiar proyectos sociales.

Sin embargo el argumento del abogado demandante es que este proceso pasó por encima del artículo 143 de la Constitución que dice que "cuando un proyecto de ley fuere desechado o no fuere ratificado, no podrá ser propuesto dentro de los próximos seis meses".

La Constitución dice eso, pero el abogado explica que el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa lo contradice en su artículo 89 lo que genera un "fraude a la Constitución".

De acuerdo con estos artículos, la Asamblea tiene una segunda oportunidad para discutir nuevamente el proyecto de ley.

"Si un proyecto de ley o una resolución no alcanza los votos requeridos para su aprobación, pasará al Archivo; no obstante, la Asamblea, previa reconsideración en la misma Sesión Plenaria, podrá acordar conocerlo de nuevo o regresarlo a la comisión correspondiente para que sea objeto de un mayor estudio".

Pero el artículo 96 de ese reglamento vuelve a reiterar lo que la Constitución indica.

Diputado suplente

El abogado demandante también afirma que se vulneró la Constitución cuando la Asamblea llamó como suplente de Salgado al diputado Wilfredo Guevara, quien en realidad es diputado suplente de Guillermo Gallegos.

"Quien debe ser llamado a suplirlo debe ser su correspondiente diputado suplente, no otro. Ni siquiera aunque se trate de otro diputado suplente de su propio partido", argumenta el abogado, en relación con las sentencias de representatividad que la misma Sala ha dado en cuanto al voto por rostro en ocasiones anteriores.

En su último argumento el demandante también señala que la Constitución de la República exige en su artículo 148, inciso 2, que "corresponde a la Asamblea Legislativa facultar... empréstitos voluntarios... cuando una grave y urgente necesidad lo demande y para que garantice obligaciones contraídas por entidades estatales o municipales de interés público". Además agrega que "el decreto legislativo en que se autorice la emisión o contratación de un empréstito deberá expresar claramente el fin a que se destinarán los fondos de este y, en general, todas las condiciones esenciales de la operación.

Según el abogado, si se toma en cuenta que el diputado Wilfredo Guevara no es suplente de la legisladora Salgado sino del diputado Gallegos, entonces este es un voto inválido y por tanto no cuenta con el mínimo de votos para que sea aprobado.

Congelar emisión

El demandante solicitó a la Sala de lo Constitucional que en cuanto se admita esta demanda, el decreto legislativo 1,000 quede sin efecto, por lo cual ni el Ministerio de Hacienda ni el Banco Central de reserva podrían emitir los títulos valores.

Hasta la fecha el Ministerio de Hacienda no ha confirmado si ya emitieron los títulos valores en el mercado internacional.

En 2014, la Asamblea Legislativa aprobó en junio el aval para una emisión similar de $800 millones, pero Hacienda no hizo la operación en la Bolsa hasta en septiembre, alegando que tenía que esperar a que las condiciones financieras favorecieran al país.

La Sala de lo Constitucional tampoco ha confirmado si la demanda ha sido admitida pues antes debe analizar si cumple con todos los requisitos de ley.

En dos ocasiones diferentes esta Sala ha declarado inconstitucional dos decretos de la Asamblea Legislativa que avalaban un impuesto al 1 % sobre los ingresos netos y brutos.

También tiene en estudio una demanda contra una amnistía fiscal que decretó Hacienda el año pasado y que buscaba captar más fondos para el Fisco.

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