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ANEP pide que se investigue la venta de terrenos en Nuevo Cuscatlán

Cúpula de ANEP y diputados pidieron a la Fiscalía investigar origen del dinero para compra de terrenos en ese municipio

Vista aérea de los terrenos que el Ipsfa vendió al presidente de la Asamblea Legislativa. Foto EDH Drone

Vista aérea de los terrenos que el Ipsfa vendió al presidente de la Asamblea Legislativa. Foto EDH Drone

Vista aérea de los terrenos que el Ipsfa vendió al presidente de la Asamblea Legislativa. Foto EDH Drone

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), sectores políticos y gremiales pidieron ayer a la Fiscalía General que investigue a profundidad la cuestionada compra de terrenos por parte del presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, en el municipio de Nuevo Cuscatlán al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa), así como de qué manera él obtuvo los $440,051.01 que pagó al contado en el negocio.

La ANEP, incluso, pidió que se determine el papel que jugó la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, bajo la dirección de Nayib Bukele, candidato a alcalde de San Salvador por el partido de gobierno FMLN, el mismo al que pertenece Reyes.

El presidente de la ANEP, Jorge Daboub, expresó que es cuestionable que un funcionario haya comprado un inmueble público a un precio más bajo que el ofertado a otro tipo de compradores y eso debe explicarlo Reyes.

"Esa es la parte que no se ve bien. Diferente que él le hubiera comprado un terreno a un privado, (ahí) no hay ningún problema, pero el problema es que esto es lo público dueño de un inmueble y lo público siendo un funcionario comprándolo. Son dos cosas que deben brindar toda la transparencia del caso", manifestó Daboub.

Inclusive cuestionó que Reyes esté fuera del país. "Y anda de viaje en Marruecos... no sé cuál es la misión oficial que podamos tener en Marruecos pero eso deja mucho qué desear. Un funcionario debe estar dando la cara sobre estos temas si no hay nada malo que lo explique, es lo correcto y lo que debería estar haciendo", apuntó.

Bukele, por su parte, ha dicho que no tiene nada que ver con ese negocio y que si ha visos de corrupción, deben investigarse. (Ver nota aparte).

Incluso, el diputado de ARENA, Ernesto Muyshondt, se presentó a la Fiscalía a pedir que se profundice en el origen de los dineros con los que Reyes pagó al contado al Ipsfa.

El Fiscal General, Luis Martínez, declaró el lunes que lleva adelante una "investigación integral", que incluiría al Ipsfa y a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán.

El viernes anterior, La Prensa Gráfica informó en una publicación que la compra de los cinco terrenos en Nuevo Cuscatlán fue realizada por la empresa Terrenos e Inversiones, S. A. de C. V. (Terrein), inscrita por el diputado Reyes y el asesor legislativo Byron Larrazábal en el Registro de Comercio, en 2011.

Según la nota periodística, la adquisición se efectuó al contado y por un valor de $440,501.01, o sea, $190,000 menos por el que los compró inicialmente el Ipsfa.

Representantes del Ipsfa han asegurado que todo el proceso está en regla y que se hizo según los precios de mercado, aunque han revelado que se le consideró un "caso especial" y que los terrenos se pagaron al contado.

El fiscal general, Luis Martínez, aseguró el lunes que la investigación de ese caso ya está en manos de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía y que se trata de una "investigación integral".

Pese a lo declarado por el fiscal, Luis Martínez, el Vicepresidente de Ideología del partido ARENA, Ernesto Muyshondt presentó ayer un aviso a la Fiscalía General de la República, en el cual le pide investigar la venta de esos terrenos que la empresa del actual presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes y de su asesor compraron a "precios especiales".

El también candidato a legislador por ARENA además demandó de la Fiscalía investigar el origen de más de 400 mil dólares para la adquisición de los cinco lotes.

Agregó que con estos descuentos por encima de lo normal se vaya afectar el futuro de las familias que con sus pensiones dependen del Ipsfa.

Por enriquecimiento de funcionarios

El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), a través de su presidente Marcel Orestes Posada, dijo que hoy pueden resolver si abren una investigación preliminar al respecto partiendo de la denuncia formal que hicieran ayer los diputados de ARENA, Mario Valiente y Mariella Peña.

Posada agregó que dada la resonancia que el caso tiene en la opinión pública, decidirán si resuelven abrir el proceso partiendo de la denuncia, pero esto se sabrá hoy, aseguró.

"A partir de la recepción de la denuncia hay un término de 10 días dentro de los cuales la parte denunciada tiene el derecho de exponer una primera versión de los hechos que se le atribuyen", explicó Posada, quien ayer recibió personalmente la denuncia de los legisladores.

En su denuncia, los legisladores se respaldan en los artículos 240 de la Constitución de la República en la que habla del enriquecimiento de los funcionarios públicos y en los artículos 4,5, y 6 de la Ley de Ética Gubernamental en la que se regula la actuación de los funcionarios y las prohibiciones legales y éticas.

En el documento piden que "se dé inicio al proceso sancionatorio contra el señor Othon Sigfrido Reyes Morales en su calidad de presidente de la Asamblea Legislativa", reza el escrito.

El diputado Valiente expresó que han acudido al TEG en este caso con la intención de que las cosas cambien en el país y no se siga permitiendo ese tipo de prácticas. "En este caso se presume que ha habido corrupción, aunque hay que comprobarlo, tanto de los que vendieron, que tomaron la decisión en el Ipsfa, como el que compra, que es un funcionario que sabemos cuánto gana, cuánto tenía cuando entró (a la Asamblea) y ahora parece hacer negocios de varios millones", argumentó.

El legislador acotó que Reyes tiene la obligación de aclarar este asunto y desaprobó que Reyes usara el canal legislativo para declarar sobre el caso y apuntó que lo hizo porque su empleado (que lo entrevistó) no le hará preguntas como las que le harían otros medios.

Interpelación

El general retirado Otto Romero, exministro de Defensa, declaró ayer que los veteranos militares están "preocupados" y han pedido explicaciones al Ipsfa.

El coronel y diputado Sigifredo Ochoa Pérez pidió ayer interpelar al Jefe del Estado Mayor y presidente del Ipsfa, el general de división Rafael Melara Rivera, por la venta de terrenos de esa institución, al titular de la Asamblea, Sigfrido Reyes, y su asesor, Byron Larrazábal.

Según Ochoa Pérez, la administración del Ipsfa es cuestionada por la clase militar desde hace varios años, y por ello pide citar al presidente de la institución, para que explique no sólo la venta de los lotes, sino también el manejo de las finanzas de la entidad.

"Hay muchos compañeros de armas que se sienten ofendidos precisamente por la administración del Ipsfa, ya que ha estado manejándose de una forma irregular, eso es lo que queremos con la interpelación del presidente del Ipsfa", manifestó Ochoa.

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