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Acusan a 9 por caso CEL-Enel

La Fiscalía reclamará $1000 millones por supuesto fraude al Estado

Al presentar la investigación, el Fiscal Luis Martínez asegura que ésta no constituye un "juicio político". foto eDH

Al presentar la investigación, el Fiscal Luis Martínez asegura que ésta no constituye un "juicio político". foto eDH

Al presentar la investigación, el Fiscal Luis Martínez asegura que ésta no constituye un \"juicio político\". foto eDH

A tres meses de las elecciones presidenciales y en un clima políticamente cargado, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió ayer al Juzgado 7o. de Paz de San Salvador enjuiciar a varios exfuncionarios de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel) que participaron en la búsqueda y contratación de un socio estratégico para la explotación de energía geotérmica.

La Fiscalía presentó ayer un requerimiento judicial en contra de nueve personas, entre ellas varios exfuncionarios de gobierno, a quienes la Fiscalía acusa de supuesto "peculado" y a quienes pedirá resarcimiento de perjuicios al Estado (responsabilidad civil) por más de $1,000 millones.

El Fiscal General, Luis Martínez, afirmó ayer que ha pedido la apertura de un proceso formal con detención provisional para el exministro de Economía, Miguel Lacayo, a quien la Fiscalía acusa de ser el presunto "instigador del delito de peculado" en el caso de Cel-Enel.

Y como presuntos coautores del mismo delito, al expresidente de Cel, Guillermo Alfredo Sol Bang; al expresidente de Gesal hoy LaGeo, Jorge Simán Zablah; al exdirectivo de Enel, José Vicente Machado Calderón, y al exdirectivo de Gesal, José Ricardo Palomo Deneke, así como a los exdirectivos de la Cel, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría Aguilar y Tom Roy Hawk Baker.

El delito de peculado consiste en el desvío de bienes o fondos públicos.

"No nos interesa obtener del tribunal un fallo ciegamente condenatorio, sino una sentencia sólidamente razonada", aseveró el fiscal Martínez.

Y aseguró que, al acusar a estos exfuncionarios, "no hay ninguna motivación política y no nos intimidan y no nos presionan los políticos".

No obstante, observadores del ámbito político salvadoreño, como Manuel Hinds y Salvador Samayoa opinan lo contrario.

"Es una instrumentalización del sistema judicial para fines políticos e ideológicos", opinó Hinds.

"Con esto lo que están haciendo es amenazando con cárcel a los adversarios ideológicos y políticos. Me parece muy grave", dijo Samayoa. (Ver detalles en páginas siguientes).

Sin cargos contra Flores

El fiscal general, Martínez, explicó que en contra del expresidente Francisco Flores no hay proceso sancionatorio, ya que no se encontraron evidencias de su participación en el ilícito señalado.

Algunos políticos oficialistas habían pedido que también se investigara al expresidente Flores, ya que el contrato en cuestión fue firmado por funcionarios de CEL durante su gobierno.

Sin embargo, el fiscal enfatizó: "No hay participación directa o indirecta del expresidente Francisco Flores...".

En tanto , el coordinador fiscal de la investigación del caso, Saúl Morales, dijo que hay otros "cómplices necesarios en el delito de peculado", pero que por haber prescrito los cargos, no serán procesados.

Martínez dijo que la FGR le está dando amplias garantías a los acusados para que comparezcan ante el tribunal a ejercer su derecho.

"Si no comparecen ante el tribunal será el juez que ordenará la orden de captura. Queremos que se presenten ante el juzgado para que hagan uso de su derecho", aseveró.

Añadió que dentro del proceso de embargo a los exfuncionarios que han sido acusados por el delito de peculado, también consideran embargar los bienes de la empresa italiana Enel Green Power.

Sin embargo, la investigación no termina con el requerimiento fiscal presentado ayer al Juzgado 7a. de Paz.

Morales enfatizó que la FGR continuará indagando sobre el mismo caso por sospechas de "lavado de dinero".

Asímismo, dentro del proceso la comisión especial continuará investigando el traspaso de acciones que LaGeo hizo a Inversiones Energéticas (INE), acción realizada por el actual gobierno, ya que, según Morales, el proceso se llevó a cabo de manera irregular tal como ocurrió con el traslado de acciones de la Cel a LaGeo en años anteriores.

Para concluir, en el requerimiento la FGR determinó que los acusados propiciaron la creación de la Ley General de Electricidad, con lo que favorecieron la concesión a Enel, para evitar que el proceso pasara por el aval de la Asamblea.

También que la Cel no tenía facultades para ceder a Enel un 4% adicional de las acciones de LaGeo, entre otros.

Los candidatos presidenciales pidieron llegar al fondo de las investigaciones y específicamente investigar el caso en la administración actual y la anterior (ver nota adelante).

De los exfuncionarios acusados, sólo el exprisedente de CEL, Guillermo Sol Bang, difundió una posición, en la que reafirma su inocencia y se pone a dispocisión del Fiscal.

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