| Un joven estuvo preso por negarse a inculpar a sus vecinos cuando policías le mostraron fotos de ellos para que los señalara. Por esto fue enviado al penal de Izalco, como se informa en una nota publicada en este periódico.
“Antonio”, nombre que le damos para ocultar su identidad, logró su libertad gracias al esfuerzo que pusieron sus familiares, en especial sus hermanas, quienes no dejaron de buscar opciones hasta tenerlo de vuelta.
El incalificable atropello, apresar a alguien porque se niega a delatar a personas que considera que nunca han hecho nada fuera de la ley, es la pesadilla de los pobladores de Apopa y la Troncal del Norte, una zona disputada por dos grupos pandilleros, pero ahora también donde se comete esta clase de abusos de autoridad que recuerdan la red de “orejas” y “delatores” de oficio que operó en los años 70 al amparo del pecenismo.
Las violaciones a los derechos humanos y asesinatos perpetrados en las cárceles son el resultado de la imposición del “régimen de excepción” por el bukelismo, que deja a la población —en su inmensa mayoría personas que viven sin hacerle mal a nadie— sin derechos, expuesta a toda clase de vejámenes como el descrito.
Los pobladores dicen que la presencia de la policia mejoró en una medida la seguridad, pero que las capturas de personas inocentes, las desapariciones forzadas y casos como el del exsesor de seguridad Alejandro Muyshondt, cuyo cadáver fue entregado sin vísceras y con horribles señales de tortura, han aumentado.
“Antonio” no fue detenido en ese momento, ya que aún tenía 17 años, pero eso no impidió que los policías comenzaran a hostigarlo y lo detuvieran en tres ocasiones. Siempre era liberado, pero no sin antes ser golpeado y asaltado por los policías, dice la familia. “Nos regresaron a Antonio, golpeado y sin celular”, narró la hermana.
Luego de cumplir la mayoría de edad en noviembre del 2023, los agentes de la PNC llegaron a la casa de los padres de “Antonio” preguntando por otra persona que no vivía con ellos. Momentos después, “Antonio” fue detenido y llevado a la delegación de Cuscatancingo, donde un agente le mostró fotografías de todos sus vecinos, pidiéndole que señalara quiénes formaban parte de algún grupo delictivo.
Desde que “Antonio” fue trasladado, sus familiares comenzaron el proceso judicial para liberarle. Una de sus mayores preocupaciones fue una fractura en el brazo de Antonio, que requirió cirugía, por la cual le colocaron ocho pernos para unir los huesos y requiere mantenimiento médico.
Los familiares de “Antonio” comentaron que la primera institución a la que fueron a pedir ayuda fue la Procuraduría para los Derechos Humanos (PDDH), pero el abogado que fue asignado a su caso les pidió “paciencia”, ya que él no podía hacer ningún tipo de trámite “hasta que el detenido tuviera de 6 a 8 meses privado de libertad”. Debido a eso, decidieron mejor buscar a un abogado particular, aunque tuvieran que endeudarse para poder pagar por el servicio legal.
Un testigo de las violaciones a los derechos humanos
El 18 de enero, el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la liberación de “Antonio” por condiciones médicas y debido a que se presentó la documentación necesaria que sustentó su arraigo laboral, familiar y domiciliar. Aun así, “Antonio” no fue sacado de la cárcel.
“Antonio” fue testigo de un sinfín de tratos inhumanos dentro del penal de Izalco, la cárcel que es señalada por organizaciones que defienden derechos humanos como la de mayor mortandad de reos y de denuncias de torturas. Desde su llegada, veía cómo los custodios golpeaban a quien quisieran por el mínimo detalle. “Si te acercabas a menos de un metro de ellos, te golpeaban hasta dejarte tirado en el suelo”, recuerda “Antonio”.
La celda donde pasó meses tenía alrededor de 600 personas. Era una habitación oscura, sucia, con muchos reos enfermos.
“Antonio” logró encontrar un espacio para dormir lejos del suelo al colgar una sábana para usarla como hamaca, pero, aun así, su cuerpo rápidamente se llenó de hongos que se esparcieron por todo su cuerpo.
El régimen ha reconocido que debió liberar a más de 7,000 detenidos en el “estado de excepción” porque no había pruebas contra ellos. ¿Cuántos llegaron allí por haber sido señalados injustamente como los captores querían que lo hiciera “Antonio”?