Pena de muerte

En El Salvador no existe la pena de muerte porque lo prohíbe la Constitución y ha sido una de las razones que el  bukelismo ha dado para negarse a extraditar a algunos criminales de las dos maras más peligrosas, exigidos por los Estados Unidos. Al ser juzgados en tribunales estadounidenses,  podían ser condenados a   muerte, vigente en el país del Norte, pero no permitido en territorio salvadoreño.

Pero  el gobierno de  Bukele ha decretado la pena de muerte  a la cultura, a la educación y a  las instituciones que la difunden.  Las escuelas públicas, condenadas a dar  un mínimo de instrucción de la peor calidad.  En la zona rural  champas y tugurios sirven de escuelas y carecen  de lo más indispensable.  Sin energía eléctrica, servicio de agua potable, sin  accesos que garanticen la seguridad de los niños, que  en invierno deben atravesar ríos caudalosos y con ingratos sueldos para los profesores. 

En  niveles más altos, la promoción automática,  entrega populista de computadoras en escuelas donde no hay internet, y  los padres de familia  deben castigar su escaso presupuesto para pagarlo, o para estar comprando saldos para que los jóvenes puedan conseguir la señal para  conectarse en línea, que significa subirse a un árbol alto o caminar varios kilómetros para captar la señal.  Es una de las razones de la deserción escolar y que los pocos alumnos que logran terminar bachillerato, tienen tan bajas notas en la  PAES y AVANZO  que no les permite optar a  un trabajo decente.

El golpe de gracia, para condenar a  muerte a la cultura es el trato que  Bukele ha dado a la Universidad Nacional, en cuyos salones en 2019 prometió  a los alumnos que como presidente aumentaría el presupuesto de la UES a niveles nunca vistos en Centroamérica.  Aunque  sus actos demuestran su afán de destruir la cultura a nivel universitario.

Para  los Juegos Centroamerianos en junio pasado, se convirtieron las instalaciones de la UES en Villa Olímpica, para albergar a los atletas.  Maquinaria pesada destruyó el bosquecito,  calles  y varios  edificios, afirmando que la universidad se beneficiaría con una  inversión de $30 millones en infraestructura.  Las diferentes facultades debieron alquilar edificios y adecuarlos de manera improvisada, impidiendo a los alumnos volver a  clases presenciales y sufrir la falta de laboratorios y equipo nesario para la enseñanza.

Terminados los juegos y el plazo concedido al MOP, y a pesar de las reiteradas solicitudes de las autoridades universitarias, los edificios seguían convertidos en dormitorios amueblados, que servirían para albergar los periodistas que cubrirían el Miss Universo.  Desde entonces, las autoridades universitarias han solicitado  al MOP  que desocupe los edificios de camas, duchas, servicios sanitarios, y vuelva acondicionar las aulas para su propósito original,  con muy pocos resultados.  Incluso han intentado pedir a Bukele y a su hermano, presidente del INDES,que cumplan con su compromiso, sin haber obtenido respuesta.

En sus redes sociales, el presidente del INDES anunció que el domingo se había recibido en la “Residencia Internacional Universitaria” al primer grupo de niños que comenzaría a disfrutar del Campus Socio-Deportivo del “Programa La Liga, Valores y Oportunidades”.  Jaque mate a la UES, pues también le deben $42 millones de su presupuesto 2022, y  tiene una deuda de casi $9 millones con proveedores. Están en mora con seguros de vida y de vehículos, no pueden pagar obras extra, y la factura de energía eléctrica que durante los Juegos Centroamericanos  subió de $70,000 a $150,000  fue cubierta por la universidad.

Conclusión:  la pena de muerte en El Salvador sigue vigente para aplicarla  a la cultura y a la educación, para mantener un pueblo ignorante que a cambio de votos, se contente con la limosna de una bolsa de víveres.

Maestra.