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Compra de votos y propaganda gubernamental

Constitucionalmente, el actual Presidente no puede continuar “ni un día más” en el poder, pues la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos; constituye una cláusula pétrea que no puede reformarse; la Asamblea Legislativa está obligada a desconocerlo; la promoción de la reelección está sancionada con la pérdida de los derechos de ciudadano; y la violación de la prohibición, obliga a la insurrección, tal como prevé la Constitución.

Por Juan Antonio Durán
Juez y profesor universitario

 La presidencia de la República ha dispuesto entregar una caja con artículos de primera necesidad a nivel nacional, casa por casa, a menos de tres semanas de las elecciones presidenciales y de diputados de la Asamblea Legislativa.

Claramente lleva una intención de propaganda a favor de la fórmula presidencial de los actuales presidente y vice presidente, que buscan de manera inconstitucional la reelección presidencial inmediata.

Se trata de una forma de inducir a la población al voto, en favor de dicha fórmula presidencial, lo cual está prohibido por la Constitución, que sanciona con la pérdida de derechos de ciudadanos (art. 75 n° 3 Cn), por el Código Electoral que prohíbe la publicidad gubernamental (art. 190 CE) y sancionado como delito de FRAUDE ELECTORAL por el Código Penal (art. 195 letra b del Código Penal).

Sabemos que al gobierno no le importa violar la Constitución y las leyes, con tal continuar en el poder. Y a todas luces, es censurable ese comportamiento antijurídico y delictivo.

Un gobierno populista es el que hace uso de «medidas de gobierno populares», destinadas a ganar la simpatía de la población, particularmente si esta posee derecho a voto, aun a costa de tomar medidas contrarias al Estado democrático.

Así como lo hizo durante la pandemia y la cuarentena, que inauguró obras públicas dentro del mes previo a las elecciones; hizo propaganda con las vacunas contra el COVID-19 y entregó laptops o computadoras portátiles a los estudiantes de bachillerato y plan básico, una semana antes de las elecciones legislativas. Todas esas acciones violatorias a la Constitución y las leyes.

Ahora el gobierno hace lo mismo. Y no hay institución de gobierno que limite, controle y sancione estos abusos del poder, inconstitucionales e ilegales.

Queda en manos de la población salvadoreña, si ha aprendido con su experiencia histórica, a identificar a demagogos y corruptos como los que actualmente están en el gobierno, o si será nuevamente una víctima de la maquinaria mediática del pan y circo para obtener votos.

Pero la estrategia mediática es compleja, y ese es el mayor éxito del gobierno, pues ejerce un régimen totalitario al estilo de la novela “1984” de George Orwell; utiliza la distracción por medio de la diversión con conciertos, eventos deportivos y de belleza, dándoles placer a los ciudadanos, e inundándolos con noticias sobre hechos irrelevantes que se vuelven importantes para la gente, al mejor estilo de Aldous Huxley, en “Un mundo feliz”, en el que la gente está distraída de los asuntos realmente importantes, que se vuelven triviales ante la distracción y diversión que el gobierno y el sistema les ofrece.

 Un gobierno que tiene cientos de promesas incumplidas, que maneja las finanzas públicas con opacidad y con claros visos de corrupción; que facilita la liberación y huida de criminales, pero detiene a inocentes para dar la sensación de seguridad, y que ha manipulado el aparato de gobierno para sus mezquinos intereses.

Aun así, la gente apoya al inconstitucional candidato, pues cuenta con altos niveles de popularidad. Obvio que esa estrategia mediática se debe en mucho a la asesoría venezolana, que todo lo mal que vivieron en su país, lo aprendieron y pusieron en práctica acá, a cambio de jugosos salarios, prestaciones y poder.

Por ello, es importante evidenciar la ilegalidad de esas acciones, y señalar el silencio e inmovilidad cómplice del árbitro electoral (TSE) y de los órganos de persecución penal (FGR y PNC).

Constitucionalmente, el actual Presidente no puede continuar “ni un día más” en el poder, pues la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos; constituye una cláusula pétrea que no puede reformarse; la Asamblea Legislativa está obligada a desconocerlo; la promoción de la reelección está sancionada con la pérdida de los derechos de ciudadano; y la violación de la prohibición, obliga a la insurrección, tal como prevé la Constitución.

Las y los profesionales del Derecho lo saben, o deberían saberlo y ser consecuentes; la ciudadanía honrada lo sabe; y debería ilustrar a quienes están siendo víctima de esta manipulación mediática en contra de la Constitución y de los derechos de la gente.

Por ello es importante que la ciudadanía acuda masivamente a las urnas, votar contra la dictadura déspota y tiránica, y como reza nuestro Himno Nacional, “rechazar el odioso poder”.

Juez y profesor universitario.

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