Justicia para Beatriz

El Salvador prohíbe el aborto desde 1998, bajo cualquier circunstancia. Según lo establecido en el artículo 133 del Código Penal, las mujeres que lo practiquen o personas que las apoyen en el procedimiento pueden ser sancionadas con 2 hasta 8 años de cárcel.

Beatriz era una joven salvadoreña, madre de un hijo, que vivía en condición de pobreza en zona rural y con enfermedades crónico degenerativas.

En 2013, su segundo embarazo fue diagnosticado de alto riesgo, los médicos determinaron que el feto no sobreviviría fuera del útero, no había desarrollado cráneo ni cerebro, dijeron la necesidad de interrumpir el embarazo para que no viera afectada su deteriorada salud, pero las condiciones legales del país lo impidieron.

Transcurrió el tiempo sin que se practicara la interrupción del embarazo de Beatriz, el 18 de abril, las organizaciones defensoras de derechos humanos que la acompañaban solicitaron la adopción de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otorgadas el 29 de abril de 2013.

La medida no produjo un cambio en la situación, el 20 de mayo de 2013 pidieron a la CIDH que solicitara medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 3 de junio, tras una batalla legal que tomó más de 80 días y el otorgamiento de medidas provisionales por parte de la Corte IDH, a Beatriz le fue practicada una cesárea, así como la histerectomía que solicitó.

En noviembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a El Salvador: reparar integralmente las violaciones contra Beatriz y sus familiares; adoptar medidas legislativas para posibilitar la interrupción del embarazo en situaciones de inviabilidad o incompatibilidad del feto con la vida extrauterina, así como de riesgo grave a la vida, la salud y la integridad de la mujer; y adoptar las medidas necesarias, incluyendo el diseño de políticas públicas para asegurar el acceso a la interrupción del embarazo.

Debido al incumplimiento de las recomendaciones por parte del país, el 5 de enero de 2022 el caso fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La audiencia será este 22 y 23 de marzo.

Las organizaciones litigantes del caso son: Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador; la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador; Ipas Centroamérica y México y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

Hasta 2021, el parlamento ha rechazado 3 propuestas para despenalizar el aborto cuando la vida de la mujer está en riesgo, por violación o por malformaciones del producto que hagan inviable la vida fuera del útero, impulsadas por organizaciones y grupos feministas desde 2016.

El Salvador registra una crisis en materia de derechos humanos, desde el 27 de marzo de 2022, el país vive en estado de excepción, suspendiendo el derecho de reunión, asociación, defensa e inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones. El gobierno sostiene que es una medida para capturar a los presuntos pandilleros que causaron el pico de homicidios en marzo de 2022. El régimen continúa vigente.

El presidente ha expresado su rechazo a la defensa de los derechos humanos, incluso ha amenazado con sacar al país de la jurisdicción de la CIDH; se ha registrado hostigamiento y descalificación de artistas, periodistas, defensoras de derechos humanos y exclusión de temas de derechos humanos de la agenda legislativa.

El 22 y 23 de marzo se desarrollará la audiencia del caso “Beatriz” contra el Estado Salvadoreño. Se esperan testigos ante la Corte y que estos sean suficientes junto a la prueba documental para conseguir condenar al Estado salvadoreño, sentando un precedente en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el continente.

Abogada y defensora de derechos humanos.