El 1 de junio Nayib Bukele cumplió tres años como Presidente de la República, prometiendo “no ser los mismos de siempre”, “que el dinero alcanza cuando no se roba” y combatir la corrupción con transparencia. Los que votaron por él olvidaron su pésima gestión como alcalde de Nuevo Cuscatlán y San Salvador. Comprando el Mercado Cuscatlán, favoreció al dueño, pagando más del valor del inmueble y aceptando recibir hamburguesas como pago de uno de los locales. Este curriculum vitae anticipaba una desastrosa gestión como presidente de la República.
Un gabinete formado por sus cheros, sin estudios ni experiencia, pero dispuestos a obedecerle ciegamente. En las elecciones 2021, consiguió una Asamblea mayoritaria para NI y la mayoría de las alcaldías, logrando así decapitar a la oposición. Aquel 1° de mayo desapareció la Constitución y se convirtió en amo y señor del país, nombrando ilegalmente, a través de la Asamblea NI, a los magistrados y al Fiscal General.
Con la pandemia del covid-19 dejó a cientos de salvadoreños varados en el extranjero y recluyó en lugares poco apropiados a los recién llegados, donde proliferó el contagio. La prolongada cuarentena dio un golpe de gracia a la ya endeble economía del país, pero el covid-19 fue la perfecta excusa para usar fondos públicos a discreción, permitiendo a funcionarios y familiares, realizar ventas millonarias, de productos de pésima calidad. Desde entonces, toda información sobre gasto público fue declarada reservada, favoreciendo así al presidente y sus allegados.
Tren, aeropuerto, hospital, vacunatorio, ciudad Bitcoin, compra de criptomoneda, hospital veterinario, destrucción de la biblioteca para que los chinos construyan una mariposa, amenaza de un estadio en el lugar menos adecuado de la capital, son algunos de los disparates que han surgido del capricho del gobernante. Y siguiendo su política de secretismo, desconocemos en qué se han gastado los miles de millones de dólares que sus obedientes diputados le han otorgado, porque con la eterna excusa de urgencia y dispensa de trámites, la LACAP ha pasado a ser letra muerta, amordazando a los entes contralores del Estado.
Ante el fracaso del inexistente Plan de Control Territorial y la creciente criminalidad, comenzaron los períodos de excepción, que amenazan serán permanentes, para terminar con los miles de pandilleros. Y mediante cuotas exigidas a los cuerpos de seguridad, hay más de 40 mil salvadoreños detenidos, maltratados y torturados, la mayoría inocentes ciudadanos trabajadores. Silencio de las autoridades ante las lágrimas de los familiares, que recibieron de una funeraria la noticia de la muerte de su pariente. Y con la militarización del IML se teme manipulación de las autopsias.
Sobre la construcción del campo de concentración en Tecoluca, un valiente abogado con propiedades en la zona denuncia que las autoridades obligaron a los pequeños propietarios a vender sus parcelas, a un precio ridículo, bajo amenaza de cárcel si se negaban.
Tres años duros para los salvadoreños, especialmente los más desposeídos, que no forman parte de la agenda bukelista. Sufrimos de falta de trabajo, reducida inversión extranjera, peligro de caer en impago, sin posibilidades de crédito en instituciones financieras extranjeras y una creciente deuda con la banca local. Mínima inversión en educación y salud, demostrado con los daños causados en escuelas y hospitales por la tormenta Bonnie. ¿Por qué no se ha construido el Rosales, habiendo fondos y planos aprobados? ¿Y los $1,346.1 millones para Protección Civil y Emergencias dónde están, y los responsables, qué se hicieron? Ningún gobierno ha tenido tantos millones disponibles, pero la incapacidad, corrupción y falta de transparencia demuestran el fracaso de estos tres años de bukelismo. ¿Y si no roban, por qué el dinero no les alcanza?
Maestra.