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Expertos señalan que gobierno quiere más control financiero sobre las iglesias y las ONG

En el país habría nuevas cuotas de contabilidad y un incremento en el precio de registro público para las oenegés y las iglesias. Los críticos cuestionan que la ley no se consultó con los sectores involucrados y sólo obedece al interés del gobierno “de ejercer un control sobre todo”.

Por Jessica García - Susana Peñate | Jul 06, 2023- 22:48

Foto EDH/ Archivo

Los diputados oficialistas en la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa acordaron incrementar tarifas de inscripción pública y de contaduría para las oenegés y las iglesias.

El decreto, que no ha sido conocido aún por el pleno legislativo, contiene la Ley reguladora de tarifas por servicios que presta el registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro y otras disposiciones administrativas, con la que se exigirá a las instituciones que presenten sus sistemas contable, formal o informal, para su autorización en el registro público.

Las tarifas por los servicios prestados por el registro aplican para todas las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro que operan en El Salvador, así como las iglesias.

De acuerdo con la propuesta de ley, todo pago de tarifa deberá realizarse al momento de presentar la solicitud correspondiente al registro y pasarán a formar parte del Fondo de actividades especiales del Ministerio de Gobernación.

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Las iglesias tendrán un plazo de 24 meses a partir de la vigencia de la ley para poder adecuar sus sistemas contables de conformidad a la misma ley.

Para los trámites relativos a la autorización de sistemas contables formal o modificación de sistemas contables se deberán remitir a través de su representante legal, incluyendo el balance inicial, con dos originales de sistema contable según las normas de contabilidad financiera.

Representante de la Iglesia Espiscopal Anglicana Libre en El Salvador, Francisco Osorio. Foto/ Cortesía INFORMAT VX.COM

“Nosotros sabemos que las iglesias llevan su sistema contable, es de darle plazo para que adecuen sus sistema contable formal conforme a la ley y posteriormente para efectos regístrales”, explicó el director de oenegés del ministerio de Gobernación, Víctor Palma, a los diputados de la Comisión de Economía.

En esa misma ocasión, el diputado William Soriano aseguró que lo que buscaban era seguir ordenando y dándole seguridad jurídica a ambas instancias, “en ese sentido es que estamos revisando esta propuesta”, aseguró.

Las únicas organizaciones que quedarían sin los recargos son las legalmente inscritas en gobernación y dedicadas al servicio de los sectores juveniles, acorde a la propuesta (ver nota aparte).

Falta consulta y surgen dudas

El representante de la Iglesia Espiscopal Anglicana Libre en El Salvador, Francisco Osorio, reconoce que las iglesias llevan sus sistemas contables y solo será migrar a otro sistema contable formal.

Sin embargo, advierte que el Estado podría estar contando con intenciones “ocultas” similares a las que aplica el régimen Ortega-Murillo en Nicaragua.

“Percibo una clara intención de controlar la actividad financiera de las asociaciones, fundaciones e iglesias”, advirtió Osorio.

“Es una forma clara de intervencionismo por parte del Estado, que al final como sucede en Nicaragua, puede desembocar en una eliminación colectiva de todas las oenegés o iglesias que le son incómodas al gobierno”, añade.

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Un representante de la Iglesia Católica, quien pidió no ser identificado, indicó que nadie reacciona hasta que los decretos se publican en el Diario Oficial y son ley de la República.

Como siempre, la Iglesia se limita a acatar, explicó.

Para la diputada de la Comisión de Economía, Anabel Belloso, el tema debió haber sido más consultado.

En un primer momento suena a ordenamiento de contabilidad y registros públicos, pero teme a que la continuidad lleve otro trasfondo, señaló.

“Una cosa es llevar registros, contabilidad al día, que incluso es un tema de orden, pero lo otro que puede en algún momento volverse un obstáculo (para las oenegés e iglesias)”, advirtió Belloso.

En este punto coincide el experto en Transparencia y Ética Pública, Wilson Sandoval, quien considera que debe difundirse el análisis técnico que sirvió de base para que Gobernación solicitara el incremento.

“Hubiera sido importante  que el Ministerio de Gobernación pudiera plantear estos elementos técnicos a manera de que pueda quedar claridad de que no es una situación de acoso o de intención de restringir más el espacio cívico, más de lo que ya está”, puntualizó.

Dilatan aprobación

En su intervención en la comisión de Economía, los representantes de Gobernación afirmaron que existía un estudio, pero no lo presentaron a los parlamentarios.

No obstante, la aprobación se acordó en una sola reunión de la comisión de economía desde el pasado 19 de junio y el dictamen no se ha hecho público en el portal oficial de la Asamblea Legislativa.

“Lo más seguro que han tenido cuestionamientos sobre ese tema, porque de lo contrario al dictaminarlo el lunes pasado lo hubieran agendado en plenaria”, reflexionó Belloso.

“Quieren controlar todo”

El exvicepresidente de la Asamblea Legislativa y exdiputado democristiano Ronal Umaña cree que el gobierno cumple un “manual de dictadores”, siguiendo el modelo de Nicaragua, esto a partir de un descontento con el papel de las organizaciones civiles.

“Muchas oenegés las destruyeron, la intención del gobierno es tener el control de todo y las oenegés le hacían molestia, eran como piedras en el zapato, por lo tanto, había que destruirlas; lo mismo ha hecho Nicaragua, persiguiendo la Iglesia Católica, desarmando las oenegés, aquí el libreto es el mismo, ellos el manual que están siguiendo es un manual de dictadura”, manifestó en un programa radial de la 106.9.

Para el político, El Salvador, por lo tanto, debe encaminarse a una revolución cultural, donde se enseñe ética y democracia desde la juventud.

Nuevas tarifas no aplicarían para las asociaciones juveniles

Las nuevas tarifas de los servicios del Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro aplicarán tanto para las asociaciones, fundaciones e iglesias que operan en El Salvador, excepto las asociaciones juveniles, de acuerdo al proyecto de ley que cuenta con un dictamen favorable de la Comisión de Economía de la Asamblea legislativa.

La iniciativa gubernamental incorporó que no se aplicarán las tarifas a las asociaciones juveniles, conforme a la Ley General de Juventud “y las reguladas en leyes especiales que tienen su propio registro”.

Se incluye una exoneración del pago de tarifas por los servicios de certificaciones y constancias a las instituciones de servicio público que conforman el Ministerio Público y la Administración Pública “que requieran información con fines institucionales”.

El proyecto de Ley reguladora de las tarifas por los servicios que presta el Registro también deroga el artículo 69 de la actual Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de Lucro que establece que por el Registro de documentos y todos los servicios que preste el Registro, se cancelará la suma de trescientos colones, es decir, $34.28 por cada inscripción. Dichos ingresos forman parte del Fondo General de la Nación. Mientras que en la nueva ley se establece que los pagos pasarán a formar parte del Fondo de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. El nuevo monto para tramitar una personería jurídica de iglesia, asociación o fundación será de $200.

También deroga el inciso primero y los literales a, b, c, d, y e del artículo 65 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones, donde se establece el trámite y la documentación a presentar para registrar una entidad y se trasladan dichos requisitos a la nueva ley de tarifas.

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