Pese a los consejos de organismos internacionales y de expertos nacionales de contener el gasto debido a las frágiles finanzas públicas, el gobierno no para de gastar sin control.
Así lo reflejan los mismos datos oficiales del Ministerio de Hacienda en su más reciente informe de ejecución presupuestaria con datos a mayo, pero divulgado el pasado 29 de junio.
Según las cifras, los gastos corrientes aumentaron $59.7 millones en cinco meses. Esa partida presupuestaria incluye pago de salarios, compra de bienes y servicios, así como gastos financieros y transferencias corrientes, es decir el dinero que traslada a instituciones del Estado para pagar compromisos.
De acuerdo a los datos, hasta el mes de mayo los fondos usados en gastos corrientes ascendieron a $2,475.6 millones, que representan el 40.1% de la asignación modificada.
Cuando la Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto general para 2023 destinó $6,120.3 millones para el rubro de gastos corrientes, pero entre enero y mayo subió a $6,180 millones.
Dentro de ese apartado de gastos, el pago en remuneraciones de los empleados públicos abarca la mayor parte del dinero: $2,431.2, que equivale casi al 40% del total.
Hasta mayo, el gasto en salarios ascendía a $997 millones, es decir el 40.1% del presupuesto modificado, pues lo aprobado inicialmente por los diputados fueron $2,461.1 millones.
Si bien hay un recorte de $29.9 millones en pago de salarios de trabajadores estatales, la carga sigue siendo fuerte para las finanzas públicas, debido al aumento de empleados que el actual gobierno ha contratado. Y aunque ha despedido personal, la carga fiscal aún no disminuye significativamente, como lo han recomendado organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) en reiterados informes de revisión de la situación fiscal del país.
En el último informe preliminar que emitió en febrero de este año, el FMI le señaló al Ejecutivo que debería “redimensionar el empleo público”, es decir cambiar el tamaño del aparato estatal y que los salarios vayan acorde a la calificación para el cargo que desempeña.
“A pesar de algunos esfuerzos por contener el gasto salarial en el presupuesto de 2023, se prevé que el gasto en remuneraciones siga superando el 11 por ciento del PIB. Por ello, debería considerarse la derogación de los mecanismos especiales de indexación salarial y una reforma del servicio civil que refuerce el vínculo entre cualificaciones y retribuciones, así como el redimensionamiento del empleo público”, dice en el documento del Fondo.
Según el último dato registrado por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), a marzo 2023, son 194,166 empleados públicos.
Sin embargo, desde que asumió el poder la administración de Nayib Bukele en 2019, la cantidad de trabajadores públicos aumentó en más de 26,000.
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Alza en los gastos de bienes y servicios
Por su parte, el gasto en bienes y servicios creció $89.6 millones entre enero y mayo de este año, según los datos oficiales.
Los diputados aprobaron un gasto de $353.3 millones para este año en ese rubro, pero en cinco meses se elevó a $442.9 millones, de los cuales ya usó $125 millones, que representan el 28.2% del fondo modificado. Todavía tiene disponibles $213.8 millones.
Una tendencia recurrente en los presupuestos anuales es que la Asamblea aprueba una determinada cantidad para el ejercicio fiscal, pero al final del año ese presupuesto se modifica y culmina con un gasto mucho mayor al votado.
El año pasado, por ejemplo, aunque los legisladores aprobaron un monto, el gobierno elevó en más del doble el gasto tras su modificación a $682.2 millones para compras de bienes y servicios, según los datos a de Hacienda en el “Informe de seguimiento y evaluación de los resultados presupuestarios del Gobierno Central 2022”.
Eso también ocurrió en 2021 cuando los diputados le aprobaron al Ejecutivo un presupuesto para ese rubro por $444.4 millones, pero fue modificado a $651.7 millones, es decir lo aumentó en más de $200 millones.
Dado lo anterior, es alta la probabilidad que el gobierno gaste más en compras estales de lo que le han aprobado en el presupuesto de este año y más en un contexto en el que ha sido avalada la cuestionada Ley de Compras Públicas, la cual elimina los controles sobre el uso de fondos públicos para la adquisición de bienes y servicios que establecía la Lacap (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública).
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¿Cómo va el pago de deudas?
Otra partida que ha tenido un aumento entre enero y mayo es la de gastos financieros con $45.8 millones más.
La Asamblea aprobó para ese propósito $1,059.2 millones, pero ya aumentó a $1,105 millones. De esa cantidad, el gobierno ya usó $510.1 millones, que representan el 46.2%. Dichos recursos habrían servido, por ejemplo, para el pago de intereses de deudas adquiridas por el gobierno, pero en el informe no se detalla.
En cambio, la partida para transferencias corrientes disminuyó, precisamente en $45.8 millones.
De los $2,246.7 millones aprobados pasó a $2,200.9 millones y de ese monto ya fueron ejecutados $843.5 millones (74.3%).
Sin embargo, en los datos referentes a la amortización de deuda pública, en el informe se refleja un recorte de $38.1 millones.
El presupuesto para esa partida fue aprobado por $1,116.1 millones, pero en los datos a mayo el fondo bajó a $1,078 millones.
De esa cantidad ya usaron $732.1 millones, que significa el 67.9% del fondo modificado. “Recursos que fueron destinados para atender compromisos relacionados con la amortización de la deuda pública interna y externa”, dice en el informe de Hacienda.
En otro apartado del documento se detalla que el presupuesto votado para deuda pública fue de $2,134.9 millones, pero a mayo refleja una modificación y la asignación es de $2,128.5 millones, es decir $6.4 millones menos. De ese monto ya fueron utilizados $1,221.2 millones (57.4%), pero en la casilla de fondos disponibles para seguir pagando deuda ya no aparece ningún monto, es decir que quedan sin definir $907.3 millones.
Ante la situación financiera salvadoreña, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s (S&P) planteó en su más reciente informe sobre el país que calcula que la deuda pública se mantendrá cercana al 72% del PIB (Producto Interno Bruto) en los próximos dos años; a manera de ejemplo eso significaría que de cada $100 producidos por los salvadoreños, $72 serán para pagar deuda adquirida por el gobierno.
“Prevemos que la carga de intereses del gobierno se mantenga elevada, en torno al 20% de los ingresos en los próximos años, debido a la deuda elevada y a mayores costos de fondeo”, señaló la agencia.
Asimismo, los gastos de capital crecieron $162.1 millones a mayo.
El presupuesto aprobado para ese fin fueron 1,480.5 millones pero se elevó a $1,642.6 millones, de los cuales ya fueron ejecutados $235.6 millones, es decir el 14.3%.
La mayor parte de esos recursos habrían sido destinados, principalmente, en transferencias de capital por un monto de $174.5 millones, mientras que otros $50.4 millones en inversión de activos fijos.
Los cinco rubros en los que usaron fondos especiales
1. Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) con $46.4 millones, para atender la realización del mantenimiento de la red vial en el territorio nacional.
2. La contribución para el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA) con $200,000 fueron destinados a financiar el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la misma entidad.
3. Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) con $26 millones para ampliar la cobertura de los servicios básicos de salud en la población.
4. Contribución Especial para la Promoción Turística con $5.1 millones, que se orientó a fortalecer la promoción interna y externa del turismo salvadoreño.
5. El Subsidio al Transporte Público de Pasajeros (COTRANS) con $14.6 millones, destinados a compensar las tarifas del servicio público de transporte colectivo de pasajeros.