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Vivienda de interés social, deuda de la gestión Bukele

Ante un contexto de aumento de precios, el tema no ha sido una prioridad para la administración de Nayib Bukele. Expertos señalan a un mayor involucramiento del Estado (como constructor directo o facilitador de condiciones) como una solución a esta ausencia.

Por Moisés Alvarado | May 28, 2024- 05:18

Vista a la urbanización Altavista en el año 2002, con 17 mil viviendas. Este fue uno de los últimos megaproyectos habitacionales del sector privado para ofrecer viviendas accesibles a trabajadores de medianos y bajos ingresos. Las primeras casas (1995) costaron 7,000 dólares. Foto EDH/ Archivo

De acuerdo con el Fondo Social para la Vivienda (FSV), para que un inmueble habitacional sea considerado como de interés social, debe tener un precio de entre $20,000 a los $62,000. En El Salvador, solo una pequeña parte de lo que se construye (y la oferta en general) se enmarca en este concepto.

Según declaraciones vertidas por la ministra de Vivienda, Michelle Sol, en abril de 2023, solo ese año, 14,000 viviendas de este tipo iban a ser proveídas en El Salvador a escala nacional, todas de proyectos privados.

“Yo no he visto donde están esas urbanizaciones. Esos números se traducen en proyectos urbanísticos de magnitudes importantes”, comenta el arquitecto Jorge Regazzoli, quien descree de las cifras gubernamentales. Más bien, considera que los proyectos de interés social se han reducido en esta administración presidencial con respecto a sus predecesoras.

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“Antes, cuando también era insuficiente para la población, se contaba con financiamiento internacional para este tipo de proyectos. Ahora, debido a las dificultades para acceder a este, se ha reducido, por tanto, la inversión en vivienda de interés social”, añade Regazzoli.

Lo cierto es que casi toda la oferta de vivienda nueva en El Salvador es para personas con ingresos medio altos, es decir, de unos $4000, según Marcela Escobar, investigadora independiente en temas de vivienda.

Esto, sin embargo, no es algo exclusivo de la administración de Nayib Bukele. Según el “Estudio de condiciones de competencia en la provisión de vivienda nueva en El Salvador”, de la Superintendencia de Competencia de El Salvador, entre 2010 y 2019, menos del 12 % de proyectos estuvieron destinados a personas con ingresos menores a los $1500 al mes. Y casi un tercio, el 32.9 %, tuvieron como público objetivo a personas que ganan más de $6000 mensuales.

Se busco una posición oficial, pero no se tuvo respuesta.

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, ha limitado su apuesta en la concesión de préstamos por hasta $30,000 en el FSV. Foto EDH/ casa presidencial

El papel del Estado

Actualmente, en El Salvador no hay datos oficiales que permitan tener porcentajes claros. Pero una mirada a la oferta de las nuevas construcciones da cuenta de que la tendencia es la misma. Y es natural: el mercado no se puede transformar de la noche a la mañana y, en El Salvador, casi el 100 % de proyectos son de iniciativa privada.

Y se vuelve más notorio cuando se recopilan las promesas emitidas desde el Gobierno de que las viviendas de interés social iban a ser una prioridad. También, si se toman en cuenta los grandilocuentes datos brindados por la titular de Vivienda que, simplemente, no se notan en el terreno.

El mercado no está siendo capaz de suplir estas necesidades. Por lo tanto, es el Estado desde donde se deberían tomar medidas. Pero podría surgir la duda de si es su responsabilidad el tema de la vivienda de interés social.

Para la investigadora independiente Marcela Escobar, la respuesta es que sí, pues la Constitución contempla a la vivienda como un derecho humano. Por lo tanto, el Estado debería tener un papel más protagónico. Para el arquitecto Jorge Regazzoli, no solo desde el sector privado se deberían construir este tipo de proyectos. Desde el Estado se podría, por ejemplo, aumentar el presupuesto del Ministerio de Vivienda para que este pueda erigir casas a bajos precios.

El arquitecto apunta a que también se puede crear una especie de asocio público privado, en el que, por ejemplo, el Estado aporte la tierra y las empresas construyan.

En 1950 se fundo el Instituto de Vivienda Urbana (IVU), una autónoma que hizo, entre los años 50 a los 70, 13 proyectos habitacionales de carácter social en San Salvador con casi 9 mil apartamentos. Foto EDH/ archivo

Para la investigadora independiente Marcela Escobar, desde la parte gubernamental se podrían aportar otros alicientes: podría ser la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) la que se encargue por su cuenta de la factibilidad de agua y de la instalación de las mechas. Luego, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) o la Dirección de Obras Municipales (DOM) tendrían la tarea de adecuar caminos adecuados. Así, la empresa privada tendría que encargarse, prácticamente, solo de construir la vivienda, que podría dar a precios enmarcados en el interés social.

“La gente de las empresas constructoras piensa en qué es más lucrativo, que casi nunca es un proyecto de interés social en el que tendrán que invertir mucho en infraestructura de apoyo, sino un terreno en la San Francisco o en la San Benito donde solo tendrán que demoler cuatro casas grandes para hacer un edificio de apartamentos a los que les va a sacar mucha ganancia”, dice Escobar.

Y Regazzoli aporta otra idea para que la vivienda de interés social continúe su crecimiento: que se obligue, por ley, a las desarrolladoras inmobiliarias que cierto porcentaje de sus proyectos correspondan a la vivienda de interés social.

Una propuesta de este tipo llegó a la Asamblea Legislativa hace unos años, pero fue desestimada por presiones externas. Para Regazzoli, es imprescindible que un diputado retome las ideas.

“El tema de la vivienda de interés social no puede ser responsabilidad del sector privado. El Estado debe tener una participación múltiple, ya sea como constructor o directo como el facilitador para mejores condiciones”, dice.

Tanto Escobar como Regazzoli sostienen que el problema de la falta de vivienda de interés social ya ha dejado de ser exclusivamente de los pobres. Ahora, debido al excesivo aumento de precios posterior a la pandemia, es un asunto también de la clase media, que está encontrando multitud de problemas ya no solo para hacerse de una casa propia, sino para alquilar.

Una solución desde el cooperativismo

Desde el Ejecutivo se ha puesto como ejemplo de éxito en la construcción de vivienda de interés social a trabajos como el proyecto habitacional para cooperativistas de vivienda por ayuda mutua de ACOV-UVD, ubicado en el Barrio San Esteban, de San Salvador. Sin embargo, poco se dice que estos 40 apartamentos son producto de una iniciativa de un grupo de personas particulares, largamente acariciada y que fue posible gracias a que participaron en un concurso por fondos de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS). Como parte de esto, el gobierno ha tenido que aportar una contraparte, que significa un tercio del esfuerzo. El resto, ha sido aportado por la cooperación italiana y los mismos habitantes que apoyaron con su trabajo. Hay otros dos proyectos parecidos en las cercanías. 

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