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Uno de los puntos más delicados de la reforma política que transformó 262 alcaldías en solo 44 es el de cómo estas heredarían las deudas de sus predecesoras. No hubo ni un intento de asomo por regularlo. El tema ha quedado, por tanto, a discreción de cada nuevo gobierno local.
Pero lo cierto es que estas deudas existen y siguen siendo requeridas por sus prestamistas. ¿Quiénes son los acreedores de la deuda municipal en El Salvador, que según el último dato disponible (al cierre de septiembre de 2023) llega a los $801.3 millones?
Es un tema doblemente interesante porque no cualquier institución financiera está dispuesta a prestarle a una alcaldía, de allí que solo el 2 % de este financiamiento provenga de bancos privados tradicionales. Casi todo (el 65 %) proviene de entidades con vocación cooperativa y popular, como las cajas de crédito o los bancos de los trabajadores.
Buena parte de estos están aglutinados en la Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores (FEDECREDITO), una de las entidades supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), con $327.6 millones. Algunos miembros de esta corporación son importantes acreedores en soledad de las alcaldías, como en el caso la Caja de Crédito de Santiago Nonualco, a la que le adeudan $47.34 millones.
Con el matiz del anterior párrafo, es posible afirmar que no hay que pensar, a la hora de leer la frase “caja de crédito”, que se trata de una entidad que goza de controles por debajo de los estándares normales, que serían los impuestos por la SSF. Pero lo cierto es que buena parte de este universo son supervisadas por el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), con controles más laxos, con mayor flexibilidad.
Estos eran los que gozó durante una buena parte de su existencia la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI), cuyos responsables han sido acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de malversar $35 millones de sus socios y usuarios. Ahora, estos últimos viven en la incertidumbre de si podrán o no retirar sus ahorros.
Hasta $94.5 millones (el 12 % del total) de la deuda municipal tiene como acreedores a cajas de crédito que no están bajo la supervisión de la SSF, que cuenta con especialistas en finanzas, cumplimiento y protocolos antilavado.
Ese era el caso, precisamente, de COSAVI, a la que varios gobiernos municipales le adeudan $21.93 millones. Si se toman en cuenta los acreedores individuales, es posible comprobar que esta entidad es el noveno financista más importante para los gobiernos municipales, entre ellos, el de Santa Tecla (hoy un distrito de La Libertad Sur), que le adeuda $1.6 millones.
Un actual funcionario del gobierno salvadoreño que estuvo involucrado durante casi dos décadas en la investigación de delitos financieros, quien prefiere no revelar su nombre porque no está autorizado a hablar con la prensa, considera que el alto umbral con el que cuentan las cajas de crédito para no caer en la jurisdicción de la SSF es un alto factor de riesgo, que no tuvo su primer bomba en el caso COSAVI.
Así, pone como ejemplo el del exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira, que fue acusado de lavado de dinero y otros delitos en la década del 2000. Uno de los elementos de la trama tenía que ver con contratos poco transparentes asignados por varias municipalidades a dos de sus empresas, las que no tenían capacidad para cumplir con las obras asignadas.
Las finanzas de esas alcaldías eran tan malas que casi ninguna entidad financiera se atrevía a darles un crédito. Entonces, era el mismo Silva Pereira quien se encargaba de conseguirles créditos en pequeñas cajas de crédito, el nombre común para referirse a las cooperativas de ahorro y crédito. El dinero que posteriormente llegaba a los bolsillos de Roberto Carlos Silva era, entonces, el mismo que salía de las entidades financieras.
“Ni nuestro sistema tributario, ni Fiscalía ni Policía están preparados para hacer auditorías en estos rubros… todavía, tanto tiempo después, estamos en pañales”, comento el funcionario.
El endeudamiento desenfrenado, por tanto, no es solo un factor de riesgo al enriquecimiento de funcionarios poco éticos, a la ocultación de otros delitos, como el lavado de dinero, que pretende darle apariencia de legalidad a fondos que no la tienen.
“Lo importante es verificar que dicho nivel de endeudamiento no se condice con la calidad de las gestiones. Los servicios no se han mejorado, no hay más obras”, dice la abogada Ruth López, jefa jurídica del departamento de Anticorrupción de Cristosal.
Pero las cajas de crédito no son las únicas financistas importantes de los gobiernos locales en El Salvador. La titularización (compromiso de ingresos futuros) se ha convertido en otra fuente de dinero rápido para las comunas. Por ello, no sorprende que el principal acreedor individual de las alcaldías, Hencorp Valores (con $154 millones), sea la empresa que se dedica a estructurar estos instrumentos en El Salvador.
El tercer acreedor más grande de los gobiernos municipales es el estatal Banco Hipotecario de El Salvador, que le ha prestado casi $65 millones a varias alcaldías.