Si Juan Pérez gastara un poco menos, en sus bolsillos tendría un poco más de dinero para pagar lo más importante en su casa y así lograría endeudarse cade vez menos.
Esa es la fórmula que podría aplicar el gobierno en el país para salir a flote de la crisis económica y financiera, según lo que se desprende de una reciente investigación que desarrolló la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) titulada: “Análisis de la dinámica entre el crecimiento económico y la deuda pública, una propuesta alternativa de la política fiscal enfocada en el gasto público”.
Tras aplicar modelos económicos sobre el crecimiento del gasto público y su relación con el endeudamiento, los hallazgos más importantes de los investigadores indican que en El Salvador “es posible resolver el problema de la deuda pública haciendo un mejor uso de los recursos que el Estado utiliza, imprimiendo una dinámica que aumenta el capital por trabajador, la estabilidad y el desempeño económico, específicamente el crecimiento”.
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Las pruebas de esos modelos les permiten a los economistas proyectar que una reducción del gasto público del 1% en relación a lo que produce el país (Producto Interno Bruto, PIB), mediante la eficiencia del uso de los recursos, haría que se eleve la tasa de crecimiento del PIB en aproximadamente 0.52%, y eso tendría como consecuencia una disminución de la deuda pública en más o menos el 14% en relación al PIB.
Eso quiere decir que a menos gasto, más crecimiento económico y menos deuda.
De acuerdo a la investigación, el gasto público debe estar más enfocado en áreas clave que impulsen el crecimiento del país.
“Se comprueba que un componente fundamental en este proceso lo constituyen los aumentos en el gasto en desarrollo social y en el gasto en desarrollo económico, más en el primero que en el segundo. Mientras que el PIB tiene elasticidades positivas significativas ante los presupuestos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Agricultura”, dice en el resumen del estudio, divulgado ayer.
Sin embargo, uno de los gastos de dinero público que más ha sido criticado por expertos locales y extranjeros es en la implementación del Bitcoin y en la empresa Chivo, ya que esa medida no ha tenido un impacto positivo en la población.
La implementación del Bitcoin le ha costado al El Salvador un aproximado de $329 millones, de los cuales el gobierno no ha rendido cuentas y ha supuesto pérdidas millonarias de fondos públicos, señaló un informe de Cristosal en septiembre, en el marco de los dos años de vigencia de la Ley Bitcoin.
En tanto, el estudio de la UCA apunta que “es necesario realizar inversiones en el capital fijo por persona, en equidad de género, educación, salud y ambiente, y, además, realizar procesos redistributivos que mejoren el salario por trabajador”.
Los investigadores plantean que las regulaciones y políticas relevantes, especialmente de orden fiscal, pueden generar un aumento considerable en la tasa de crecimiento del PIB de modo que se anule el problema de la deuda pública.
De hecho, los economistas de la UCA consideran que lograr una tasa de crecimiento del 8% es factible de alcanzarse, a través de políticas redistributivas y tecnológicas; también creen que con esa tasa de crecimiento se podría bajar el peso de la deuda pública a un poco más del 51% del PIB en 2036.
Actualmente la deuda pública real abarca el 81.8% del PIB, es decir que por cada $1 que produce el país ya se deben casi $0.82.
“El Salvador presenta un problema relativo a la deuda pública que amenaza con volverse insostenible…”, dice el estudio.
Y pone como ejemplo que entre 2010 y 2021 se elevó del 63.9% al 84.8%, impulsada principalmente por el pago de las pensiones, a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).
“La razón principal de este comportamiento de la deuda pública total se encuentra, además del problema específico de la deuda de pensiones, en la existencia de una brecha sostenida entre la presión impositiva y el peso que representa el gasto público con respecto al PIB”, plantea la investigación.