El miércoles de la semana pasada, el gobierno de Nayib Bukele, a través del Ministerio de Economía, presentó una propuesta de reforma al Código de Comercio para incorporar la figura de “sociedades por acciones simplificadas”, las cuales podrán constituirse “por declaración unilateral de la voluntad de un solo accionista”, ya sea una persona natural o una sociedad.
La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), en reacciones solicitadas para dicha reforma por El Diario de Hoy, afirmó que todavía no podía emitir un comentario puntual relativo al tema, pues aún no habían tenido oportunidad de estudiar la modificación; pero sus representantes confirmaron “estar en toda la disponibilidad de aportar al diálogo y enriquecimiento de esta propuesta”.
Con esto, la gremial invita al gobierno a hacer algo que no ha hecho en casi ninguna de las reformas a leyes que ha enviado a la Asamblea Legislativa con la mayoría de Nuevas Ideas: que un ente externo al Estado aporte su visión experta para mejorar una propuesta, en este caso, el de la creación de un nuevo tipo de empresas.
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“Siempre estamos a favor de las medidas que contribuyan a dar un impulso a la economía y al sector privado, incentivando las inversiones y la consolidación de empresas formales”, dijeron desde la gremial.
Para dicha reforma, expertos ya han expresado algunos reparos. Por ejemplo, consultado por El Diario de Hoy, Nelson Mena, especialista antilavado para una organización con sede en Washington, ve cierta señal de alarma en el artículo 305-A, en el que establece que el accionista no tendrá responsabilidad por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en las que incurra la sociedad cuando en sede judicial se desestime la personalidad jurídica de la sociedad.
“Con ello se busca evitar la responsabilidad personal de los accionistas, por lo que, ante cualquier incumplimiento en esas materias, solo la sociedad responderá con sus bienes, no con los de su accionista”, apuntó el abogado.
Por otro lado, reparó en que no existe ningún límite en el ingreso de estas sociedades, como sí pasa en la legislación correspondiente en México, donde este techo está colocado en torno a los 5 millones de pesos al año (unos $287,000).
Camarasal ya se ha mostrado crítica a algunas de las reformas realizadas por este gobierno y la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista. En diciembre de 2022, por ejemplo, señaló deficiencias en la reforma de pensiones, al asegurar que le preocupaba “la sostenibilidad y el impacto fiscal en el tiempo, producto de este ajuste, ya que se desconoce si este aumento obedece a un debido análisis actuarial”.
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“Lamentamos que las reformas no fueran consultadas con todas las partes involucradas, entre ellos el sector empleador y reiteramos nuestra disposición al diálogo”, puntualizó entonces la gremial.