El Gobierno de El Salvador tendrá un problema para encontrar el financiamiento para compromisos por más de $686.5 millones, correspondientes a la brecha (monto que no cuenta con recursos asegurados) del presupuesto general de la Nación de 2024 y a los bonos que se vencen en enero de 2025 que no fueron vendidos por sus tenedores al gobierno en las dos compras que hizo en 2022.
Esto es porque, desde julio de 2020, El Salvador no ha podido colocar bonos en el exterior, debido al aumento del riesgo país que ha experimentado desde entonces. Ya para esa fecha, en medio de la pandemia de Covid 19, tuvo que aceptar una tasa del 9.5 %, la más alta jamás pagada por la nación en este tipo de instrumentos.
La última vez que el Estado salvadoreño buscó obtener fondos a través de sus bonos soberanos fue en diciembre de 2023, cuando fracasó su intento de que el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) emitiera $500 millones. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, confesó que la alta tasa que se les impuso, del 14.5 %, los hizo desistir.
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“El acuerdo no podía ser más ventajoso para los inversores. Incluso iban a crear un fideicomiso en un banco en Estados Unidos, en el que iban a ser depositados directamente los fondos recogidos del cobro para el FOVIAL. Es decir, le decían al inversor “voy a depositar de una sola vez el dinero para pagarte en una cuenta, ni siquiera lo voy a tocar yo”. Aparte, el Estado ofrecía una garantía soberana: “si no te paga el Fovial, te pago yo”. Pero ni siquiera así fue atractivo para los inversores para lograr una tasa más baja”, dice el economista Rafael Lemus.
El Gobierno de El Salvador ha aumentado el gasto público con más velocidad de lo que ha crecido la economía: los presupuestos aprobados para los 5 años de Nayib Bukele superaron en un 50 % a los del gobierno de Salvador Sánchez Cerén; el Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador, en cambio, creció solo en un 30 %.
Cuando una economía no crece al mismo ritmo que el gasto público, pues debe alimentarse de los impuestos que percibe el Estado, la única opción para cubrir los huecos es un mayor endeudamiento. Eso es lo que ha sucedido en El Salvador, donde solo esta administración ha elevado el perfil de la deuda en más de $9,000 millones.
“Si las tendencias del año pasado se mantienen en 2024, el Gobierno de El Salvador no podrá encontrar compradores para sus bonos, a menos que pague estos a una tasa de interés del 14.5 %”, comenta la economista Julia Evelyn Martínez.
Para Otto Rodríguez, vicepresidente del Banco Central de Reserva hasta abril de 2021, el mercado internacional es extremadamente importante para el financiamiento de esta administración, pues “los recursos internos ya están limitados”.
El Gobierno de El Salvador ha abusado de las Letras y Certificados del Tesoro, instrumentos pagaderos a un año que son adquiridos por la banca privada. Su uso ha sido frecuente en la gestión de Bukele y durante estos cinco años lo triplicó.
De allí que las reservas de los bancos nacionales (el colchón de dinero en efectivo que mantienen las entidades para responder a un retiro masivo de sus clientes) se mantuvieran en un 19.3 % en promedio para noviembre de 2023. Uno de ellos cuenta solo con el 16.6 %.
“Tanto la banca (local) como las AFP están muy estrechos de liquidez para seguir financiando esos montos, que resultan ser muy grandes”, comenta Rodríguez. Otra opción son las multilaterales, sobre todo el BCIE. Sin embargo, parece que con una nueva presidencia, la institución no soltará fondos con la facilidad con la que lo hacía durante la gestión de Dante Mossi.
Entonces, ¿de dónde sacarán el dinero? La economista Julia Evelyn Martínez sostiene que una posibilidad es que no vayan a emitir bonos a una tasa tan alta, sino que optarán por vender estos instrumentos al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), al que deben pagarle una tasa del 7 %. Es decir, tomar recursos del ya desgastado Fondo de Pensiones, del que solo entre abril y noviembre de 2023 extrajo $1,009 millones.
Transparentar o no las cuentas ante el FMI
Sin embargo, para la economista la opción más probable es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), del que se espera una erogación de unos $1,300 millones. Para Martínez, esto ocurrirá después de las elecciones presidenciales de febrero en las que Nayib Bukele buscará la reelección.
El Fondo exigirá varios ajustes al manejo fiscal de El Salvador. Es decir, un aumento en los ingresos (alzas en los impuestos o creación de nuevos) y una disminución en el gasto, algo que, en opinión del economista Otto Rodríguez, es lo que debería hacer el Gobierno del país para comenzar a ser más atractivo para los mercados internacionales.
“Este ajuste también es importante para que se reactive la Inversión Extranjera Directa (IED) y la economía crezca para generar más recaudación”, dice Rodríguez.
Y, teniendo en cuenta que el Bitcoin ha tenido casi un nulo uso en el país como moneda de curso legal, es posible que el Fondo, incluso, no le solicite como requisito la abolición de la ley en torno a la criptomoneda, algo que parecía ser el principal obstáculo para lograr un acuerdo entre el ente multilateral y el Gobierno de El Salvador.
“El fracaso del Bitcoin sería el éxito de la negociación con el FMI”, sentencia Julia Evelyn Martínez.
El economista Rafael Lemus, sin embargo, no ve tan claro que esta negociación llegue a buen puerto. Califica los acercamientos como un “coqueteo”, aunque opina que el Gobierno de El Salvador nunca ha querido ir en serio. Sobre todo, porque uno de los principales factores por los que se cerró el mercado internacional es la crisis de gobernanza vivida por el país, sin una separación clara de poderes y con la destitución ilegal de funcionarios.
Para Lemus, el Fondo Monetario Internacional tomará muy en cuenta este aspecto y le exigirá al gobierno medidas de mayor transparencia en la información pública, sobre todo en lo referido a las compras del Estado, un rubro en el que el Ejecutivo y su Asamblea Legislativa han desbaratado la institucionalidad a marchas forzadas.
Además de aprobar una laxa Ley de Compras Públicas, han creado casi una veintena de legislaciones especiales para dejar fuera de los controles a muchas obras, sobre todo aquellas donde circularán más recursos.
“Yo no creo que el Gobierno haya desbaratado tantas cosas, tantos controles, para terminar hincado ante el Fondo… En el momento en el que acepte condiciones de mayor transparencia, todo el mundo pedirá la información que ha mantenido reservada todo este tiempo. Y quedará desnudo en toda su corrupción”, comenta Lemus.
“No creo que lo haga por tan poco dinero, solo son $1,300 millones. No es suficiente para forzarlo a admitir toda su podredumbre”, remata Lemus. Para él, la administración Bukele continuará como hasta ahora, sin acuerdo con el Fondo: “ahorcando” a los que tiene bajo su supervisión: la banca local y el Fondo de Pensiones, al que dejaría en los huesos.