Gobierno esconde el 60% de la información pública

Casi el 60% de las instituciones de gobierno divulga solo el 40% de información oficiosa o pública, pese a que estén obligados a hacerlo, según se evidencia en el informe “Transparencia activa 2024” de Acción Ciudadana.

De los 38 entes evaluados (entre ministerios, autónomas, entes de control y los tres órganos fundamentales) ninguno alcanzó el 100 % de cumplimiento de divulgación de información oficiosa acorde al estudio presentado este viernes.

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“Este porcentaje disminuyó respecto a nuestro informe anterior un 4%. Eso se traduce en una vulneración al derecho de acceso a la información pública porque la información no fue publicada y actualizada conforme lo establece la ley”, explicó la investigadora del Centro de Monitoreo Institucional, Norma Orellana.

“Estamos perdiendo el 60% de información que por ley debería de estar publicada, ese es un dato, que reiteramos, es preocupante, porque nuestro derecho de acceso a la información no está siendo garantizado por las entidades correspondientes”

Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana

Quienes alcanzaron el porcentaje más alto fueron el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) y el Ministerio de Cultura, con 81 y 80, respectivamente.

Mientras que, las instituciones sin ni siquiera superar un 20% de cumplimiento a la difusión de información pública son el Centro Nacional de Registros (CNR), Corte de Cuentas de la República (CCR), Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Sin embargo, hay otras que ni siquiera alcanzaron un 20%, como lo fueron el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Presidencia, Fiscalía General República, Universidad de El Salvador, Dirección de Obras Municipales, Viceministerio de Transporte, Ministerio de Vivienda, Ministerio Educación (ver tabla).

La Ley de Acceso a la Información Pública establece que los entes obligados (toda institución con recursos públicos) deben publicar y actualizar la información oficiosa relevante sobre su gestión de forma permanente.

Las actualizaciones se realizan a través de los portales web de transparencia de cada organismo, atendiendo los parámetros del artículo 10 y los lineamientos emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública para tal efecto.

“La transparencia activa se caracteriza por ser un mandato para los entes obligados a publicar la información, sin requerimiento de la ciudadanía”, explica el informe de Acción Ciudadana.

Información financiera: la más oculta

La ciudadanía tiene acceso a menos del 50% de información pública relevante sobre el uso de fondos públicos, reflejando bajo nivel de cumplimiento de publicar dicha información, según el informe de la organización civil.

“Con el incumplimiento se posibilita que se oculte información relevante que pueda mostrar una mala gestión, así como el uso indebido de fondos, es decir, al no publicar información de compras, presupuestos, de contrataciones, se puede estar ocultando un uso discrecional de fondos”, analizó el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.

“Las categorías de información relativas a viajes, remuneraciones, adquisiciones y contrataciones, presupuesto, inventarios de bienes muebles, obras públicas, asesores y listado de ofertantes y contratistas, tienen niveles de cumplimiento que oscilan entre el 5% y el 44%”, se detalla.

“Esto significa que se le está imposibilitando a la ciudadanía que conozca el uso que se le está dando de los fondos públicos”, dijo Orellana.

Para el estudio, la organización ciudadana consideró los 27 estándares exigidos a todos los entes y los adicionales que por disposición legal son obligatorios a cierto tipo de instituciones.

El primero es organizacional, que corresponde al marco normativo (58% de cumplimiento), estructura organizativa (47%), directorio y currículo de funcionarios (40%).

La segunda categoría es la de la información financiera: listado de oferentes y contratistas (apenas 5% de información publicada), inventario de bienes muebles superiores a $20,000 (32%), presupuesto (35%), adquisiciones y contrataciones (39%), remuneraciones (41%), subsidios e incentivos fiscales (41%), permisos, autorizaciones y concesiones (43%), viajes (44%), recursos públicos asignados a particulares (46%).

Si bien hay varios con porcentajes que oscilan entre 40%, Orellana explica: “Esto no significa que los entes estén rindiendo cuentas a la ciudadanía, porque el dato es que en rendición de cuentas el nivel de cumplimiento fue cero en este informe”.

La otra arista es gestión estratégica: Procedimientos de selección de personal (38% de cumplimiento), asesores (29%), plan operativo anual (24%), memoria de labores e informes (47%), servicios (53%), actas (45%), obras públicas (últimos 3 años, 32%), estadísticas (33%), y resoluciones ejecutadas(19%).

“No se posibilita a la ciudadanía conocer el uso que se le está dando a los fondos públicos, además no se le está permitiendo que conozca cuál es la gestión que los entes están realizando”, explicó Orellana.

Y el cuarto engloba sobre transparencia y participación: participación ciudadana y rendición de cuentas (0%), resoluciones (34%), índice de información reservada (42%), guía de organización de archivos (55%), costos de reproducción (80%) y Unidad de Acceso a la Información Pública (85%).

“La otra semana inicia un nuevo quinquenio, entonces es importante conocer cómo inicia en materia de transparencia”, consideró Escobar.

Acción Ciudadana recomienda capacitar a oficiales de información de las instituciones

Actualmente existe la tendencia del uso excesivo de actos administrativos con los cuales se pretende justificar la inexistencia de información, estas pueden ser a través de actas de incompetencia, respuestas de inexistencia y notas aclaratorias; por tanto Acción Ciudadana considera oportuno la capacitación para oficiales de la información pública.

“El uso de tales actos es válido, pero deben emitirse como última ratio, luego de hacer todos los esfuerzos posibles al interior de las unidades generadoras responsables por publicar y actualizar la información oficiosa”, determina Acción Ciudadana