Representantes del Socorro Jurídico Humanitario presentaron hoy 26 de febrero de 2024 una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) por supuestas irregularidades en la muerte del sindicalista José Leonidas Bonilla, bajo custodia del Estado.
Ingrid Escobar, directora del Socorro, explicó que en el hospital la familia fue informada que la muerte había sido producto de una agudización en su crisis de salud, pero que la autopsia indica “politraumatismo en su cuerpo, heridas en los pies y sangrado de páncreas”.
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“A juicio de médicos especialistas eso significa que ha habido tortura dentro del centro penal de Mariona y fue la causa de la muerte del compañero”, aseguró Escobar.
El 11 de enero, esa misma organización presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles actos de torturas en la muerte de Bonilla.
Yeimi Magaña, abogada del Socorro Jurídico, expuso que la semana pasada consultó en la FGR sobre cómo iban las investigaciones sobre la denuncia presentada. “Se me informó que la Unidad de delitos contra la vida se había declarado incompetente de conocer el proceso” manifestó.
Según las indagaciones realizadas por Magaña el caso fue remitido a otra unidad. “Estamos hablando de una muerte de una persona que estaba bajo la tutela del Estado(...) nadie quiere investigar porque denunciamos al director del centro penitenciario en ese momento, porque denunciamos a Osiris Luna, porque denunciamos al ministro Villatoro” señaló.
Bonilla era sindicalista de la alcaldía del municipio de Mejicanos y representante de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) y murió el 3 de septiembre de 2022, luego de permanecer seis meses bajo custodia del Estado.
Según la documentación forense el detenido murió en el Hospital Rosales, en donde fue atendido tras ser referido del hospital de la Zacamil con diagnóstico de COVID-19 y otras complicaciones de salud.
Tras la muerte de Bonilla la familia manifestó que a pesar que la jueza había ordenado varias veces, desde mayo de 2022, que el detenido debía recibir atención médica y medicamentos para su padecimiento, las autoridades no acataron las órdenes.
Casos presentados ante la PDDH
La directora del Socorro Jurídico agregó que de 1,700 casos a los que como organización les están brindando ayuda jurídica y humanitaria, ha presentado unas 300 revisiones de expedientes ante la PDDH, relacionados a detenidos en situación de vulnerabilidad.
Por ejemplo, personas con enfermedades graves y crónicas, integrantes de la población LGTB , adultos mayores y personas con problemas mentales.
Uno de los expedientes presentados por el Socorro ante la PDDH fue el de Edwin Samuel Hernández Cali, de 18 años, un joven liberado dos meses después que una Cámara de Menores de San Miguel lo absolviera.