El sábado 23 de septiembre, Dinora (nombre cambiado para proteger a la menor) acompañó a sus padres a visitar a unos amigos en un cantón del municipio de Teotepeque, departamento de La Libertad. Por la tarde, junto a tres jóvenes más, decidieron irse a la playa del cantón Mizata.
Sin embargo, cuando regresaban, se toparon con una patrulla de seis militares al mando de un sargento, que les ordenó detenerse, ponerse contra una pared y con las manos en la nuca. A las dos mujeres (incluyendo a la víctima) las alejaron unos metros de los dos hombres, incluyendo entre estos a un menor de 14 años.
De pronto escucharon al sargento decirle a Dinora que iba a revisarla si aún era virgen. A Marisol (una de las acompañantes, a quien también se le cambiado la identidad) le pareció ilógico escuchar eso e instintivamente quiso proteger a la adolescente, abrazándola pero uno de los soldados se lo impidió.
El sargento se alejó con la víctima, mientras los otros soldados mantenían sometidos a los otros tres jóvenes. Un motorista de autobuses que en ese momento se encontraba en el lugar porque ese es el punto de partida, fue interrogado por uno de los soldados. Le preguntaron qué hacía en el lugar, a lo cual respondió que era motorista del autobús y que ahí dormía. El soldado le ordenó que se alejara del lugar o que se encerrara en el bus; que no tenía nada que estar viendo.
Mientras eso sucedía, Marisol recuerda que uno de los soldados se reía como en tono de burla. El soldado parecía fuera de sí, según el relato, y otro de los jóvenes que describió cómo la patrulla militar cometió el crimen contra Dinora.
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Como a los 20 minutos, el sargento regresó solo, sin Dinora. Luego vieron que un camión pequeño llegó a recoger a los militares, que se retiraron sin que el sargento dijera qué había pasado con la menor.
Cuando los militares se fueron, los tres jóvenes comenzaron a buscar a la menor y la llamaban a gritos. Luego de unos minutos, la encontraron llorando y les contó lo que había sufrido.
Entre lo poco que la menor le dijo a sus amigos es que el sargento la había amenazado con capturarlos a todos bajo el régimen de excepción, si no tenía relaciones con él.
Las leyes salvadoreñas tipifican como violación las relaciones sexuales con una persona menor de 15 años.
PNC tardó casi una hora en llegar
El hecho fue cometido a un costado de la carretera El Litoral, en el cantón Mizata, justo en el desvío hacia el cantón Santa María Mizata. Del crimen contra la menor de edad se enteraron varios vecinos del lugar, quienes también identifican como propiedad de la alcaldía de Teotepeque, el carro donde se marcharon los soldados.
Fueron vecinos del lugar quienes llamaron a la policía para alertarla del hecho criminal cometido por los militares.
A pesar de que a menos de un kilómetro está el puesto de la Policía, estos se tardaron entre 40 minutos a una hora en llegar. La excusa que les dieron fue que en ese momento no tenían vehículo porque el asignado andaba cumpliendo otra misión. Eso lo dicen los vecinos y los amigos de Diana.
Cuando por fin llegaron, los policías se llevaron a los cuatro jóvenes, incluyendo a la víctima, al puesto de Mizata.
Opacidad institucional
Aparentemente, los policías de ese puesto hicieron las coordinaciones con los de Teotepeque y al poco rato, en el mismo camión que vecinos identifican como propiedad de la comuna de Teotepeque, llevaban a ocho militares, incluyendo al sargento acusado de violar a la menor y dos más que no eran parte de los seis, que momentos antes había participado en la agresión sexual.
Esa noche solo fue capturado el sargento quien fue reconocido en el mismo lugar por la víctima. Los otros siete militares fueron dejados en libertad a pesar de que la adolescente, sus amigos y vecinos del lugar los reconocieron como los acompañantes del suboficial.
Los siete militares volvieron al cantón El Ángel, de Teotepeque, donde estaban asignados
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Fue hasta el siguiente día cuando los cinco militares que andaban con el sargento, fueron capturados.
Las identidades del sargento y sus subalternos no han sido divulgadas por la institución policial, ni por el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, ni por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, como suelen hacerlo con otros casos, incluso por delitos de menor gravedad como conducción temeraria o por atropellar un perro.
El delito de violación sexual en menor o incapaz, que según abogados le aplica al sargento, es castigado con prisión de 14 a 20 años, según el Código Penal.
“El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con menor de quince años de edad o con otra persona aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de catorce a veinte años…”, reza el art. 159 del mencionado Código.
De acuerdo con testigos del hecho, los cinco militares que acompañaban al sargento no ignoraban lo que su superior hacía con la menor, a tal punto que cuando los amigos de la víctima trataron de impedirlo, el joven mayor de edad fue golpeado.
Según fuentes policiales, esos cinco militares serán acusados del delito de incumplimiento de deberes que, según el art. 321 del Código Penal, tiene una pena entre cuatro y seis años de prisión.
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“El funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función, será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”, reza el referido artículo.
“El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con menor de quince años de edad o con otra persona aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de catorce a veinte años.”
Art. 159, código penal de el salvador
De acuerdo con el abogado penalista Ricardo Montoya, las acciones que los cinco militares ejecutaron mientras el sargento cometía la violación, los vuelve cómplices necesarios. Esa figura contempla una sanción penal mucho más drástica.
No es el primer caso
Este no es el primer caso en que policías o militares cometen delitos graves sometiendo a las víctimas con amenazas de capturarlas bajo el régimen de excepción y acusarlas de pandilleros.
A principios de abril de este año, un jefe militar de la Fuerza Naval (a la cual pertenecen el sargento y los cinco soldados implicados en la violación de la menor en Mizata) identificado como José Edid Cortez Henríquez, fue capturado, según informó la Fiscalía, por amenazar a varias mujeres de meter presos a sus maridos o a ellas si no aceptaban sus pretensiones sexuales.
Hasta el momento aún no se sabe cómo se ha desarrollado el proceso judicial contra este oficial, quien a la fecha de su captura, era el comandante de la capitanía de Puerto El Triunfo, Usulután.
En cuanto a miembros de la Policía, hay varios casos de agentes capturados por exigir dinero a cambio de no capturar y acusar de ser pandilleros, aprovechándose del régimen de excepción.