“Mi hija está secuestrada por el gobierno”, dice Luisa Hernández, madre de Adriana Pleitez, quien desde hace más de 70 días guarda prisión en el penal de Apanteos.
Luisa, una mujer ama de casa de 46 años, llora al relatar la situación en la que actualmente se encuentra, a la que describe como un arrebato de sus derechos. “Esto ya no es vida, yo tenía una familia y ahora ya no tengo nada”, relata.
Su hija Emely Adriana Pleitez Hernández, de 22 años, fue detenida el pasado 19 de enero en horas de la tarde en su casa ubicada en la Urbanización Las Margaritas.
La captura ocurrió luego que el 17 de enero en la página de Facebook “Conacastes Soyapango City”, se publicara una denuncia “anónima” acusando a Adriana y a su hermana menor de edad, de ser parejas de pandilleros y que viven del cobro de la renta.
La familia solicitó constancia de antecedentes penales e interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la República lo más rápido que pudo, y con un abogado estipularon que se había cometido el delito de Revelación Indebida de Datos Informáticos de Carácter Personal.
Pero cuando los agentes llegaron a su casa a hacer la detención, ni la constancia de la denuncia ni la visa de trabajo importaron. “Nos va a disculpar madrecita, andamos haciendo nuestro trabajo, sino lo hacemos nos irá mal, tenga confianza que va a salir luego”, cuenta doña Luisa que le dijeron los agentes antes de llevarse a la joven.
Los logros de vida de Adriana muestran todo lo contrario a las publicaciones hechas de manera anónima. Doña Luisa, quien desde hace varios días se ha unido al Movimiento de Victimas del Régimen de Excepción, asiste a las marchas acompañada con un cartel con fotos de Adriana pidiendo su liberación.
Con ella lleva un folder repleto de pruebas que respaldan la inocencia de su hija, desde notas de bachillerato, PAES, diplomas de centros escolares, diploma de un curso de Gastronomía Internacional realizado en el Servicio Social Pasionista, fotocopias de escritura que la nombran dueña de la casa de su familia en Las Margaritas, fotocopia a colores de pasaporte salvadoreño y Visa americana brindada el 25 de junio de 2021.
Luisa dice que su hija, aunque quería estudiar para ser chef profesional, se ha preocupado por mejorar su vida y la de la familia, por lo que aplicaba constantemente a plazas de trabajo.
Cuando se encontraba trabajando para una tienda de una gasolinera, tuvo respuesta favorable a su aplicación al programa migratorio laboral promovido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y USAID. Le dieron una visa H2B para trabajos técnicos y fue contratada por North American Entertainment en dos ocasiones para periodos de seis meses.
Según publicó el Ministerio de Trabajo la fecha en la que Adriana viajó a Estados Unidos, estas oportunidades son dadas para demostrar que El Salvador tiene la mejor mano de obra calificada de la región, por lo que hasta esa fecha ella era una de las 4,600 personas beneficiadas.
“Si Adriana fuera pandillera, no le hubieran dado esa oportunidad, ellos investigan a la gente y sus familias antes de dar esos beneficios”, expresa doña Luisa, contando que en febrero, la empresa que contrató a Adriana volvió a llamarla para emplearla nuevamente, pero ahora ella no podrá ir por su situación legal actual.
Doña Luisa cuenta que, al inicio del régimen, agradeció la captura de los pandilleros de la zona que acechaban su pasaje, pues, aunque no se metían con ellos, fueron víctimas de robo y acoso, razón por la que incluso Adriana invirtió parte de su sueldo ganado en EE.UU. como vendedora de dulces en ferias, a hacer mejoras a la fachada de su casa para que “los muchachos” ya no se resguardaran enfrente de ella y que obligaba a su familia a estar completamente encerrados.
Pero ahora Luisa se ha visto forzada, así como otras mujeres que se encuentran en la misma situación, a hacerse activistas en contra de las medidas del régimen que han quitado a los salvadoreños los derechos civiles de defensa que mantienen presas a personas como Adriana.
En una recientemente entrevista brindada a la BBC de Londres, el Vicepresidente Félix Ulloa se refirió a estos movimientos como “activistas que se quejan porque no saben lo que ocurre en el país”.
A un año del régimen de excepción Adriana es una de las 65 mil personas capturadas que son señaladas como pandilleros.
En esa misma entrevista el Vicepresidente Ulloa negó que existieran detenciones a personas solo por tener tatuajes o por denuncias anónimas, así como ha ocurrido en el caso de Adriana.
Doña Luisa ha pedido una verificación penitenciaria para conocer el estado de salud de su hija hace una semana, para la cual debe esperar dos meses. Mientras espera, ha tenido que huir de Las Margaritas junto con su hija mejor, su nieto recién nacido y su compañero de vida.
“Esta ya no es vida”, expresa la madre de familia que desde hace dos meses tiene que resguardarse constantemente en otros lugares y que solo visita su antigua casa para constatar que todo esté en orden, pues se han ido con pocas pertenencias. “Cuando Adriana salga libre buscaremos otro lugar donde vivir”, dijo con tristeza.