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Carlos Ponce: “La militarización es una copia de grandes fracasos en otros países”

El experto en seguridad y pandillas, con un doctorado en criminología, hace un análisis sobre la nueva etapa del plan control territorial de Bukele, donde la militarización es la herramienta de acción.

Por Wiliam A. Hernández @walexhernan | Dic 09, 2022- 22:33

Militares registran a dos jóvenes en un pasaje del Reparto Los Santos de Soyapango, el pasado 8 de diciembre, en el marco de la militarización del municipio. Foto EDH / Jessica Orellana

A muchos tomó de sorpresa la incursión y militarización en Soyapango, como un seguimiento mejorado del cerco que se montó en Comasagua, Sacacoyo y Tepecoyo, donde el poder territorial de la pandilla seguía haciendo de las suyas, incluso cometiendo asesinados. Pero también esta acción dejó al desnudo la poca efectividad del publicitado Plan Control Territorial.

De acuerdo con el criminólogo y experto en seguridad, Carlos Ponce, la novedad con que se vende la V Fase del Plan Control Territorial, “Extracción”, ha demostrado ser una estrategia fracasada en otros países como Brasil en las favelas.

Ponce va mucho más allá y explica, en entrevista con El Diario de Hoy, los posibles abusos de autoridad que se pueden dar y el involucramiento en hechos delictivos por parte de la autoridad al perderse los controles en este tipo de acciones militares.

Hace unos días, Bukele anunció la V Fase del Plan Control Territorial, que él llama “extracción”. Ahora montó un cerco militar en Soyapango. ¿Técnicamente es viable un esfuerzo de ese tipo?

El gobierno de El Salvador maneja su estrategia de seguridad con opacidad. Cualquier análisis serio sobre el tema debe partir de ese punto. Es importante notar que la falta de transparencia va en contra de la tendencia que se observa en las policías más modernas del mundo, que incluyen un componente de evaluación de impacto en la implementación de nuevas políticas y estrategias, al que invitan a participar a investigadores académicos independientes. Este diseño de implementación se ha convertido en un estándar de excelencia en las agencias policiales más profesionales y prestigiosas.

El aparato de seguridad de El Salvador, en cambio, niega el acceso a la información necesaria para evaluar la estrategia de seguridad y, peor aún, ha demostrado una clara intención para engañar y no asumir las consecuencias políticas de sus acciones. Públicamente han asegurado que siguen una política mientras a escondidas implementan otra muy distinta y cuestionable. Esta opacidad, por sí sola, ubica al aparato de seguridad entre los más primitivos del planeta.

Carlos Ponce es criminólogo y experto en seguridad militar, desarrolla investigaciones en Estados Unidos, Canadá y El Salvador. Foto EDH / Archivo.

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¿Qué dice la teoría criminológica en torno a operaciones masivas?

El discurso oficial actual y las acciones que ejecuta bajo el slogan de la “guerra contra las pandillas” abonan a la imagen de una policía rudimentaria, tosca y, por lo tanto, contaminada de todos los males, vicios y errores de los que han padecido los cuerpos de seguridad menos exitosos de la historia.

El oficialismo vende este abordaje como algo novedoso, pero es una copia calcada de grandes fracasos en otros países. Durante los años Setenta y Ochenta, por ejemplo, políticos estadounidenses introdujeron la idea de declararle la guerra a la delincuencia. Primero declararon la “guerra contra el crimen” y después una “guerra contra las drogas”. Estos eslóganes fueron acompañados con abordajes punitivos que, en términos generales, fueron un fracaso.

Otros países como México y Brasil han adoptado estrategias similares a las actuales en El Salvador, cobijadas con estribillos que evocan contundencia en una lucha entre el bien y el mal (como la “guerra contra las pandillas” en El Salvador), en los que esencialmente se emplean los cuerpos de seguridad para militarizar barrios controlados por estructuras criminales.

Los simbolismos que revisten estas estrategias cautivan a la ciudadanía harta de ser víctima de delitos y vivir a la merced de criminales. Sin embargo, aunque los discursos y acciones despiertan esperanza entre la desesperación, las evaluaciones científicas de estos abordajes reiteradamente indican que no tienen un impacto real en el largo plazo y, en algunas ocasiones, incluso han profundizado los problemas.

Las operaciones de “pacificación” ejecutadas por el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPES) en algunas de las favelas en Río de Janeiro son un ejemplo claro de este tipo de efecto.

Un hombre muestra a militares tatuajes del grupo de rock británico Iron Maiden y del héroe de cómics de Marvel Wolverine durante el primer día de la militarización de Soyapango. Foto EDH / Francisco Rubio

Desde tu punto de vista en temas de pandillas y seguridad, ¿los cercos militares son efectivos contra esos grupos?

Estudios que examinan la militarización de barrios sugieren que dichas estrategias propician una interacción negativa entre la ciudadanía y los cuerpos de seguridad. Esto, según los investigadores que han estudiado este tipo de consecuencias, erosiona la legitimidad de las autoridades oficiales.

En algunos casos, los miembros de los cuerpos de seguridad han desplazado a los grupos criminales y retomado sus actividades delictivas. La elevada discrecionalidad de la que gozan los efectivos militares y policiales en este tipo de despliegues y la falta de controles a los que son sometidos, crea las condiciones para que se den abusos de autoridad, el uso injustificado y excesivo de la fuerza, y la comisión de ilícitos. Estas conductas llevan a un incremento en el número de denuncias en contra del personal involucrado en las operaciones de militarización.

En El Salvador, diferentes organismos e investigaciones periodísticas han documentado los graves abusos bajo el régimen de excepción en El Salvador en contra de personas inocentes que eventualmente han sido puestas en libertad.

Lastimosamente, algunas no tuvieron la misma suerte y murieron mientras estaban recluidas injustificadamente en un centro penal por torturas administradas por otros reclusos y hasta personal penitenciario, según los relatos. Es muy probable que lo único nuevo de la estrategia salvadoreña sea la magnitud de los abusos a los que ha sometido a la ciudadanía en tan poco tiempo. Definitivamente esto es algo que atrae la atención de criminólogos alrededor del mundo.

Lea más: Gobierno anuncia que militarizará más municipios

Foto EDH

¿Qué pasa con los derechos de la población que se pueden ver afectados?

En otras experiencias de militarización, los cuerpos de seguridad han pactado con grupos criminales para compartir el botín y juntos controlar el territorio. Esta última experiencia resulta particularmente interesante considerando lo revelado por algunas de las personas que han sido capturadas injustamente durante el régimen de excepción.

Según investigaciones periodísticas, algunas de las personas que fueron liberadas por haber sido detenidas sin méritos durante el régimen de excepción, los centros penitenciarios son gobernados por las pandillas en contubernio con los custodios. Algunos incluso afirman que pandilleros de peso visitaron los centros penales en los que se encontraban recluidos para asegurarse que todo marchara de acuerdo a los lineamientos de los cabecillas.

Acabo de asistir a la convención más grande de criminología en el hemisferio occidental y puedo decir con propiedad que las personas que siguen lo que pasa en El Salvador, ven el abordaje oficial del problema con preocupación y alarma. Los ataques abiertos en contra de académicos, investigadores e incluso contra métodos importantes de investigación como la etnografía, han resultado particularmente impactantes entre expertos.

En países como El Salvador que han pasado un buen tiempo sumergidos en una agobiante crisis de seguridad, cualquier reducción de la cantidad de homicidios y los abordajes punitivos cautivan la esperanza de la ciudadanía.

Eso es precisamente lo que políticos de diferentes lugares del mundo han tratado de explotar con discursos y estrategias similares.

El estudio científico de esas experiencias revela que, aunque exista una disminución, esta es generalmente temporal y, en muchos casos, el problema delincuencial hasta se agrava. El discurso triunfalista del gobierno definitivamente no es compartido por académicos serios de nivel, por lo menos en el campo de criminología.

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