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El Salvador cumple dos años en régimen de excepción

Si bien ha habido avances en la seguridad en las comunidades, defensores de derechos humanos señalan los abusos que se han cometido en estos dos años.

Por Carlos López Vides | Mar 27, 2024- 21:26

Foto EDH/ AFP

En la plática con tres especialistas en derechos humanos y cultura de paz, habrá muchos términos que se repetirán constantemente. Además de la frase “régimen de excepción”, en el que vive El Salvador desde el 27 de marzo de 2022 y que ha cumplido dos años, se repetirán mucho las palabras “miedo” y “temor”, a la par de “seguridad”. 

Es en ese espacio donde ahora vive el país: En una “paz relativa” después de que el Gobierno ha detenido a más de 76,000 personas, en la llamada “guerra contra las pandillas”; pero a pesar del aparente desmantelamiento de los grupos criminales, en las comunidades se ha instalado el temor a los mismos representantes de la seguridad pública, como policías y soldados. 

Ese miedo a la PNC y la Fuerza Armada nace de las decenas de detenciones sin razón justificada, masivas al inicio del estado de excepción pero constantes desde entonces, aunadas al abuso de autoridad y a las no menos de 237 muertes dentro de los centros penales del país en estos 24 meses, dato confirmado por la oenegé Socorro Jurídico Humanitario. 

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Para comprender qué significan estos dos años de tránsito en un régimen de excepción, El Diario de Hoy conversó con Ruth Eleonora López, jefa de corrupción y justicia de Cristosal; con Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA); y con Juan Carlos Torres, director de la Maestría en Políticas para Prevención de Violencia Juvenil y de la Cultura de Paz en la Universidad Don Bosco. 

Santos, desde el IDHUCA, sostiene: “Un régimen de excepción implica en estricto sentido una suspensión de derechos, pero esto se ha ido tergiversando y se ha ido retomando como una política pública, y en el fondo ahora se utiliza para amenazar, para amedrentar, para callar voces de forma general, tanto a personas que están ya en condiciones precarias en comunidades empobrecidas, que por años han vivido la estigmatización de la violencia de pandillas y ahora de violencia del Estado; pero también cualquier otra voz crítica, o disidencia, o algún indicio de protesta”. 

Explica Santos que, con el régimen de excepción como herramienta, se ha afectado “desde vendedores ambulantes que prefieren no decir nada, porque saben que se los pueden llevar detenidos, hasta personas defensoras de derechos humanos, sobre todo quienes están en el territorio. Vamos viendo cómo se va utilizando este régimen de excepción con ese matiz más de amedrentar y criminalizar en general la protesta o denuncia que se pueda hacer”. 

Foto/ Fuerza Armada

Es cierto que “desde la perspectiva ciudadana, el principal beneficio es la tranquilidad en sus comunidades”, añade Ruth López, de Cristosal, pero de inmediato matiza que esta aparente calma implica un riesgo latente, porque “es un fenómeno que tiene por origen ese pacto (del Gobierno) con las pandillas, ya plenamente documentado por medios de investigación, y por lo tanto no es para que desaparezca en sí mismo, porque no ha habido respuestas estructurales a lo que hizo nacer las pandillas en El Salvador”. 

López señala que “la pobreza no deja de existir, los problemas en la educación tampoco, la falta de atención en un sistema de salud óptimo, etc.”. Así, considera que si bien el régimen de excepción puede tener una sostenibilidad política desde la Asamblea Legislativa, no piensa que tenga una sostenibilidad a largo plazo, pues el Gobierno no ha dado “una respuesta adecuada a todos los problemas que tiene el país”.

MIEDO 

Gabriela Santos remarca que, como efecto del régimen de excepción, “hay miedo, miedo a ser detenida, a poder tener alguna repercusión negativa para mi familia, miedo a protestar, a denunciar, a quejarme, miedo a perder mi trabajo, a ser llevado por el régimen, a ser amenazada, a ser estigmatizada, miedo a ser criminalizada, miedo a tener que dejar mi país si yo sigo hablando. Eso es algo que no experimentábamos; sí el miedo por el tema de la inseguridad, pero no el miedo a hablar. Y vamos viendo cómo se van sumando distintos aspectos que hacen que no podamos señalar que estamos en un lugar de libertades o en un país con seguridades, porque si no, no sintiéramos este miedo”. 

Considera la directora del IDHUCA que ese miedo “lo vamos viendo en distintas esferas. Tenemos los casos de muchos empleados públicos que les exigen donar de forma voluntaria a instituciones públicas del Gobierno, y que si no lo hacen son despedidas. ¿Qué me queda? No decir nada, y donar para no ser despedida”. 

Para Torres, de la Don Bosco, El Salvador cumple así “dos años de un estrés social, que aunque parezca que estamos en una situación de paz, pero es una tensa paz”. 

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Como especialista en cultura de paz y con amplia experiencia con trabajo en comunidades a nivel nacional, Torres concede que el régimen de excepción tuvo un efecto inmediato en la población, porque “estábamos tan sumergidos en la violencia, que el régimen para algunos, según lo que dicen las encuestas de percepción, nos permitió un respiro. Que sacaran al montón de pandilleros que estaban en la entrada de las colonias, que eran más visibles y que tenían una actividad criminal más activa”. 

Sin embargo, aclara después que “uno no puede pensar que toda la pandilla está encerrada. Uno puede ver las redes sociales, cuando el ministro de Seguridad publica que ha capturado a un pandillero, le comienzan a decir ‘mire falta aquí, hay que meter cierres de seguridad, por dónde’, todo lo demás”. 

El miedo que alimenta esa “tensa paz” que menciona Torres, nace del temor a sumarse a las cientos de detenciones que se han dado, debidamente documentadas en investigaciones periodísticas, donde personas inocentes fueron metidas en prisión por “agrupaciones ilícitas”, pero sin pruebas de peso. 

Así lo explica Santos: “Este es un modelo que ha sido basado en la represión de derechos humanos, en la detención arbitraria de miles de personas inocentes. Con solo una persona inocente que esté detenida no podemos justificar estas bondades del régimen, porque solamente va perpetuando esta represión e impunidad en nuestro país”.

¿HOMICIDIOS CERO?

Aquel fin de semana que dejó al menos 85 homicidios en el país, llevó a que el régimen de excepción naciera el 27 de marzo de 2022. Desde entonces, han sido habituales los tuits del presidente Nayib Bukele, donde habla de días con cero asesinatos y de que El Salvador es ahora el país más seguro del Hemisferio Occidental. 

Pero Ruth López, de Cristosal, pone en tela de juicio esos datos, ya que no tienen contraste con información de otras instituciones, como se hacía en el pasado. Es decir, no son confiables. 

“La única posibilidad de conocer algo es por las declaraciones gubernamentales” en cuanto al régimen de excepción, lamenta López, pues “no hay un mecanismo de comprobación. Si solo advertimos la disminución de homicidios, hay que tener en cuenta cómo están siendo contados hoy. Ya la estadística de homicidios no se lleva de la misma manera que los registros que antes se producían, cuando había una mesa conformada con distintas instituciones públicas, que establecían precisamente estos números, a partir de los registros de cada una de las instituciones, la Fiscalía, Medicina Legal, la Policía Nacional Civil. Eso ya no existe, solo existe la declaración de un funcionario, que un día dice, hoy hubo tantas personas que fallecieron y otras no” en entrevistas en medios o en redes sociales, pero no en un sistema público y de libre acceso. 

En el marco del régimen de excepción se realizan retenes y cercos militares en diferentes comunidades por parte de las fuerzas de seguridad. Foto EDH Archivo

A nivel técnico, la jefa de Corrupción y Justicia de Cristosal considera un error que en este conteo gubernamental no se ingrese las cifras de muertes de miembros de pandillas. “Pienso en las mismas declaraciones de funcionarios de Gobierno cuando se refieren, que cuando se da un homicidio de una persona relacionada con pandillas, pues entonces no se cuenta”, explica. 

Más allá de estas dudas en las cifras oficiales, López señala que el régimen de excepción se ha transformado también en una herramienta de atemorización, no solo desde las autoridades de Gobierno, sino entre la misma ciudadanía, donde algunas personas han ocupado malintencionadamente la “puesta de dedo”.

“El abuso del Gobierno se convierte en la regla. Y eso produce también un estado de situación que llega a controlar a la ciudadanía, a partir del miedo. Precisamente porque también ha sido utilizado el régimen como una herramienta de control, a partir de la amenaza, incluso entre familiares, entre vecinos, en la comunidad. El régimen es una amenza con la cual alguien que tiene un poco de poder, o una relación de poder, puede utilizar para que una persona simplemente desaparezca del mapa”, indica la representante de Cristosal.  

A juicio de Torres, la fuerza que han tomado estas llamadas anónimas y otras intenciones que han llevado a detenciones arbitrarias, nace de que “las instituciones que con mandato legal les recomendía mediar, verificar, asesorar o auditar las acciones de Gobierno, no lo hicieron. La PGR (Procuraduría General de la República), la PDDH (Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos), necesitan mayor protagonismo; la Inspectoría en la Policía y en la Fuerza Armada, para que eso se cumpla”, señala. 

De esta forma, “si un ciudadano malintencionado, como muchos han podido ver, que les han puesto el dedo solo porque les cae mal o porque tienen diferencias personales, si una persona viene y la amenaza con eso; si el ciudadano sabe que hay instituciones que van a hacer cumplir a cabalidad la ley, entonces no le va a tener miedo, ahí sí se cumple el dicho de que ‘el que nada debe nada teme’; pero hoy, se puede echar uno hasta cuatro a cinco meses, o hasta un año preso, si es que sale vivo” de prisión, lamenta Torres. 

Santos, del IDHUCA, regresa al momento terrible de las 85 muertes en marzo de 2022, y se pregunta: “¿Cuál es la reparación que están teniendo sus familiares, por ejemplo? ¿Hay individualización de la responsabilidad penal de quién hizo esa matanza con personas y nombres concretos?”.  

Así mismo, Santos lamenta que no haya de parte el Estado programas de apoyo a las personas que logran salir libres de las cárceles, después de haber pasado meses y hasta más de un año en prisión, a pesar de que no tenían relación con grupos criminales. Una cifra que el mismo Gobierno ha establecido en unas 7,000 personas, como “daño colateral”. 


“Hablamos de todas esas personas que fueron capturadas arbitrariamente y que han sido liberadas, su proyecto de vida ha sido truncado; las condiciones de salud terribles en las que salen, personas que han dejado libres y que han fallecido al mes de ser liberadas, y sin hablar de sus familiares”, critica Santos. 

Y la deuda del Estado abarca también a “niñas y niños que han quedado en abandono, al resguardo de otros familiares, porque ambos progenitores han sido detenidos. También tenemos casos de abuelas que han quedado al cuidado, cuando ya no tienen las capacidades dadas para hacerlo, o personas que han perdido a quien proveía el hogar, y que su situación económica de vida se ha visto precarizada. No hay ningún tipo de reparación para estas personas, ni para quienes estuvieron detenidas y su proyecto de vida fue truncado, pero tampoco este núcleo familiar; y de ahí de nuevo venimos a la sostenibilidad de estas medidas, porque el núcleo familiar se ha desintegrado.  (...) Entonces sí es una situación lamentable, donde el estado simplemente se ha desentendido de la necesidad grande por la que están pasando estas personas”, agrega Santos.

Mientras tanto, el discurso de funcionarios de Gobierno es que habrá régimen de excepción para rato. “Nosotros cuando declaremos libre al país de pandillas, de criminales, de estructuras criminales, pues ya no tendrá sentido tener el régimen de excepción”, dijo en enero pasado el vicepresidente Félix Ulloa. Y el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, expresó también en enero que les faltaba capturar “entre 18,000 a 20,00 pandilleros” y que, por tanto, el estado de excepción seguirá hasta que capturen al último de ellos. 

¿Hacen sentido esas cifras? Para responder, Torres, de la Universidad Don Bosco, trae a cuenta que “en el 2017, las autoridades de seguridad pública presentaron un mapa de pandillas y delincuencia (...), decían que la base social de las pandillas andaban por poco más de medio millón de personas, 600,000. Si uno hace el cálculo, tienen 70,000 en las cárceles pandilleros activos, entonces, cuántos hacen falta... Es el cálculo que han hecho, me imagino, porque el vicepresidente tiene inteligencia policial, como los pandilleros activos más visibles que tienen registrados, en el libro que muestra el señor ministro de Seguridad” en algunos actos públicos. 

A pesar de que todo apunta a que el estado de excepción se extenderá por meses y hasta años por venir, Santos recuerda que “desde el punto de vista jurídico, hay varios elementos que sostienen que el regimen de excepción no debería estarse prolongando por tanto tiempo, porque es una medida excepcionalísima, de estricta necesidad, que atiende una emergencia. Y ahí es donde también viene este discurso contradictorio por parte del Gobierno: porque si bien el asesinato de personas en un fin de semana terrible es algo grave y alarmante, pero si dicen que el régimen de excepción ha sido tan eficaz, en principio esa situación grave y excepcional ya no existe, y por tanto no tiene razón de ser el régimen de excepción”.

En la misma línea, Ruth López cuestiona que “con la cantidad de recursos púlicos que tiene asignada la seguridad, las mismas inteligencias del Estado, como la OIE (Organización de Inteligencia del Estado), la inteligencia policial, la inteligencia de centros penales, de las Fuerzas Armadas, con todo ese sistema, no es posible que se siga viviendo bajo un régimen que es considerado como excepcional, cuando ha pasado a ser la normalidad”. 

Para López esta aparente calma actual también tiene un trasfondo y es que su juicio hay un acuerdo a la sombra entre Gobierno y grupos criminales, una especie de nueva tregua, que ha provocado la baja de homicidios. 

Pero avista también la representante de Cristosal que “el pacto con pandillas (del Gobierno) al final traerá muchos costos para la población, y ese juego macabro electoral, de ‘soy el único capaz de mantener el estado en que te encontrás’, al final traerá mucho dolor a la gente. ¿Por qué? Porque es una situación insostenible, porque al final, esos espacios son ocupados por otro tipo de crimen organizado. La narcoactividad en el país sigue existiendo. Es posible que otros grupos, interesados en esta nueva recomposición de lo que ocurre localmente, pues ocupen ese lugar”.

LOS PELIGROSOS JUECES DE LA CALLE

Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil, ha llamado “jueces de la calle” a los agentes policiales, en estos dos años de régimen de excepción. 

Santos recuerda esas palabras y opina que “no hay nada más peligroso que eso, porque no es la función que le corresponde a la PNC. Su labor es dar seguridad pública, pero basado por supuesto en el respeto a la norma, no a hacer un uso excesivo de la fuerza. Y ya sabemos por ejemplo, de personas que han sido detenidas porque se mostraban nerviosas ante la presencia policial, o que se establece en el acta policial que las habían detenido en la esquina con otras personas, cuando en realidad las han ido a sacar de sus casas, o sea evidentemente han mentido en el acta policial”. 

Luego, prosigue Santos, “si hablamos del papel de la Fuerza Armada, es algo también terrible, y ninguna diferencia de este gobierno con los anteriores por el hecho de sacar a los militares a la calle, cosa que no pueden hacerlo por Constitución, y también por jurisprudencia constitucional, donde ya se establece que la Fuerza Armada no pertenece a la seguridad pública. Hemos normalizado la presencia de militares en las calles, pero eso no está bien”. 

Esto no está bien -argumenta Santos- porque “la Fuerza Armada no está capacitada ni ha sido formada para dar seguridad pública, ellos están formados para la defensa de territorios, que implica también una lógica de guerra. Pero obviamente ese es el término que se ha acuñado actualmente: la guerra contra las pandillas, la guerra contra la corrupción, que es es lógica bélica, pero que no termina de justificar la presencia de militares en las calles”. 

Al poner soldados y mandos militares en el territorio, “ya vimos qué es lo que pasa, lo que pasó de terrible con el abuso a niñas, y de nuevo la amenaza con el régimen de excepción. El Gobierno a veces intenta justificar que son elementos malos, podridos, pero no: es sistemático y no podemos verlo de forma aislada, y partimos del hecho de que ellos no tendrían que estar en las calles”, remata Santos. 

Bajo el mismo tema pero con otra arista, Torres ilustra que “en el régimen de excepción, tenemos la policía y soldados 24/7, acuartelados, permanentemente en actividades. Son personas que tienen familia y que tienen un arma en sus manos y el monopolio del uso de la fuerza. A ellos hay que cuidarles la salud mental. Es un llamado al Gobierno a que cuide la salud mental de policías y soldados, para que no vayan a cometer violaciones de derechos humanos a las comunidades”. 

Miedo, abuso de autoridad, violaciones de derechos humanos... ¿por qué, a pesar de este cóctel tan peligroso, la población votó a favor de un Nayib Bukele que mantendrá el régimen de excepción, y de una Asamblea Legislativa 2024-2027 que votará en la misma dirección? 

Para Santos, de IDHUCA, “hay una necesidad legítima, una urgencia por años de la población salvadoreña, de poder tener seguridad. Es un hecho, es algo que no podemos negar, esa necesidad que ningún gobierno había podido dar respuesta. Entonces, si yo tengo esa urgencia de que sea respetado algo tan sencillo como mi vida, que quiero que ya no me extorsionen, y veo que hay una posibilidad de que no me maten, pues es algo legítimo, es una necesidad básica, humana, de sobrevivencia. Y si veo un Gobierno que está logrando eso, no me van a importar las formas, con tal de que yo me sienta segura”, concede.

López recuerda, en todo caso, que también hubo malicia e irregularidades antes, durante y después de las dos elecciones de inicio de 2024; ya que “en el caso legislativo, hubo reformas al sistema en la búsqueda de un control mayor en el Órgano Legislativo. Debemos recordar que si no hubiese habido las reformas que hubo, estuviéramos hablando de una bancada oficialista de 44 personas, no de 54 de 60”, añade. 

Santos coincide y destaca que “todo se ha hecho para que esto sucediera. Tengo una candidatura inconstitucional, reformas completa al sistema electoral, para que si mi popularidad bajaba un poco, todo está dispuesto para que hubiese un ganador de forma anticipada. La manipulación del sistema electoral y normativo fue evidente. No solamente bastó en lo que se hizo previo, de modificar absolutamente todo  el sistema electoral para poder conducir a un resultado específico, sino también lo que vimos en las elecciones y en el conteo de ambas elecciones, de cómo la matonería con que se pretende gobernar se hizo evidente”. 

De cara a la población, la represenante del IDHUCA expresa que “es un mensaje terrible, que no hay ninguna institución de control que pueda frenar, y eso también hace que las personas pierdan un poco la credibilidad en el sistema y en que realmente sus voces no son escuchadas”. 

Además, para López, la propaganda del Gobierno fue muy efectiva en ocupar “la manipulación del miedo” para guiar a la población en las urnas. 

“La única oferta electoral que tuvo el Gobierno y el partido oficial fue precisamente el miedo. Es decir, ‘si yo no estoy, no hay quien te cuide’. No había otra oferta electoral. Frente a ese miedo que la ciudadanía tiene, también, a las pandillas, de alguna manera incluso el simbolismo religioso, y otro fenómeno como la hiperpersonalización de la política, han contribuido a que esa imagen presidencial se erija como único salvador, como la única alternativa que tiene la población”.  

Sin embargo, a nivel internacional, la imagen de Bukele y su régimen de excepción es altamente popular, al grado que personas de otros países, funcionarios de Gobierno y políticos han pensado en ocupar la medida como ejemplo efectivo en el combate contra el crimen. “Bukelizar” sus países.

Ante este fenómeno, López analiza que “la popularidad sobre la que se sustenta todo el actual del Gobierno está en función de ‘el pueblo me lo pide, el pueblo me dio ese mandato’. Y esa popularidad trasciende fronteras, y ha terminado justificando, frente a una parte de la comunidad internacional, todas las vulneraciones de los derechos que ocurren en El Salvador”. 

Pero, bajo la mirada de López, será difícil que otros países o gobiernos calquen al pie de la letra el “modelo Bukele”, ya que en dichos países hay una institucionalidad más fuerte. 

“Claro, en un país que tenga un sistema de frenos y contrapesos, que tenga mecanismos para el ejercicio de los derechos, esto (régimen de excepción) no es posible. Y justamente ese es el modelo que el presidente Bukele trata de vender al mundo, es decir: no importa la institucionalidad, ni los derechos, ni las reglas; únicamente importa la voluntad de un gobernante. Y de ahí que en otros países, eso no sea viable; solo en países que tienen una institucionalidad muy débil. De ahí que quienes han promovido este tipo de políticas no han ganado en elecciones presidenciales en América Latina, hasta la fecha”, añade la jefa de corrupción de Cristosal. 

Otro discurso de Bukele para el mundo, en estos dos años de régimen de excepción, ha sido que en El Salvador no ha habido asesinatos de periodistas por el Gobierno ni representantes de la oposición política en prisiones, lo que refleja que es un país con plenas libertades. 

Santos ataja ese discurso y cuestiona: “No sé si el presidente está esperando a que haya algún periodista asesinado para decir que en El Salvador no se respeta la libertad de prensa o la libertad de expresión. No tenemos que llegar hasta ahí para señalar que no hay libertades”. 

Inmediatamente, enumera diversos casos que contradicen la versión de Bukele, porque “sí ha pasado, ya tenemos un periodista que fue detenido, el caso de Víctor Barahona, donde también luego de él dar declaraciones por las situaciones en cárceles, y esto es una especie de amenaza judicial, el hecho de ‘si estás hablando, te vamos a volver a detener’. Eso es un amedrentamiento a la libertad de prensa”; y luego agrega que “tenemos también el caso del padre de la periodista Carolina Amaya (del medio Mala Yerba, ambientalista) que fue detenido, que a su vez es un líder en su comunidad, que está exigiendo respeto al territorio”. 

El amedrentamiento del Gobierno a voces que van en contra del discurso oficial no para ahí, dice Santos, pues agrega que “tenemos también el caso de Vidalina Morales, una ambientalista y lideresa comunitaria, cuyo hijo fue detenido. Y es cierto, no la detuvieron a ella, pero sí a su entorno familiar. Y lo detuvieron en la tarde del día en que ella dio declaraciones en la radio”. 

“Podemos ir sumando distintos casos, hay ejemplos a la orden del día”, remata Santos, y lamenta que “las radios comunitarias y los medios lo que hacen es callarse, autocensurarse, para que no les pase nada. Esto no es nuevo, ya lo vimos en Nicaragua. No necesitamos llegar a extremos para asegurar que El Salvador no es un país seguro, ni para las mujeres, ni para las personas defensoras de derechos humanos, ni para líderes ni para la prensa en general”. 

LA OPORTUNIDAD DE LA “PAZ RELATIVA” 

Ante esta “tensa calma” que ha traído el régimen de excepción, López ve igualmente una puerta abierta: “el Gobierno debiera utilizar ese espacio para políticas de salud, de educación, de integración, de prevención”, para restablecer la confianza de las comunidades.

“Pero lo que hemos visto no es eso, hemos visto simplemente que las comunidades siguen avanzando en la misma pobreza, bajo las mismas carencias. 

Porque para todo esto se necesita recursos, recursos que ahora están destinados para la publicidad, para la imagen del presidente, para temas superfluos, como Miss Universo o para Bitcoin; para Juegos (Centroamericanos y del Caribe, desarrollados en El Salvador en 2023), que no digo que no sean importantes y necesarios en la promoción de un país, pero también hay que establecer las prioridades”, analiza López. 

Torres refuerza esta idea y llama al Gobierno a valorar que “lo que tenemos que ver es la sostenibilidad. Si los recursos del Estado van a estar solamente en la seguridad pública, y no en la prevención, en el desarrollo integral de las comunidades, entonces sí vamos a tener una carencia. Y esta carencia tiene mucho que ver en el relevo generacional de la violencia”.

¿A qué relevo generacional de la violencia se refiere el especialista en cultura de paz de la Don Bosco? Explica que “así como las estructuras sociales de las pandillas, que llevaron a estos muchachos a tomar, a tatuarse, a meterse en la violencia; las estructuras sociales si no cambian, si no hay oportunidades, si la gente, la familia, no se integra, entonces por más que haya régimen de excepción, se barra nuevamente las comunidades, y se vaya a apilar a personas en los centros penales, afuera va a haber otro nivel de reproducción de violencia, que no se va a quitar hasta solventar las causas estructurales, y los espacios de educación, de salud, de convivencia, con zonas de tolerancia social, como canchas, casas comunales, espacios públicos, sean recuperados por las comunidades”. 

Al igual que López, Torres lamenta que “ahorita no estamos viendo eso. A la Dirección del Tejido Social la vemos con los Cubos y no pasan de ahí”. 

Es por eso que para Torres, es fundamental que se den dos factores: que las comunidades se organizen y que el Gobierno les entregue recursos, por la vía de quienes ganaron las alcaldías de los nuevos 44 territorios del país, en una distribución que se concretará el 1 de mayo. 

Lo anterior pasa por que el Gobierno deje de centralizar los recursos en la Dirección de Obras Municipales (DOM), argumenta Torres, porque “si centralizamos nuevamente las intervenciones, ¿qué ciudadano va a tener la oportunidad de decirle al presidente que los funcionarios no están cumpliendo? 

Quienes tienen que estar dando la cara son los alcaldes elegidos, y ahí es donde deben canalizarse los recursos”. 

Con la idea de ver el vaso medio lleno, Torres observa más allá de esta “paz relativa” que han traído estos dos años de régimen de excepción, y propone que “lo que sigue después del régimen, yo pensaría que desde la cultura de paz, es invertir en el desarrollo integral territorial comunitario”; pero para ello “tiene que haber una figura” institucional, no necesariamente la Dirección de Tejido Social que dirige Carlos “Slipt” Marroquín, o la nueva Dirección de Integración, entrega a Alejandro Gutman.

“Si el presidente quiere seguir manteniendo el control y la centralidad está bien, pero debe haber una política de prevención de violencia, de cultura de paz, de convivencia, y debe haber una institución dedicada a la prevención de violencia y al desarrollo territorial. Llámese como quiera llamarle, pero una institución en la que pueda ir un ciudadano y decir ‘mire, tengo organizados a los jóvenes, tengo organizado un comité de niños, tengo esta cancha y necesito utilizarla, ayúdeme con los recursos’. Una institución ad hoc a las nuevas necesidades del país”, un El Salvador que ya atravesó dos años de régimen de excepción, y que intenta salir adelante en medio de esta “paz relativa”.

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