La Fiscalía General de la República (FGR) tendrá la facultad de designar a personas o grupos como “terroristas”, luego de una investigación, proceso judicial o condena por algún acto de terrorismo así clasificados en la Ley Especial contra actos de Terrorismo, de acuerdo a la reforma a dicho cuerpo legal que ya cuenta con un dictamen favorable.
La Comisión de Seguridad y combate a la narcoactividad de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves el dictamen para la reforma, luego de escuchar la postura del fiscal general, Rodolfo Delgado, sobre la iniciativa que presentó el gobierno.
“Establece un proceso para poder designar terroristas. hoy por hoy, ese es un vacío legal que tenemos, no existe una autoridad que, aparte de un par de resoluciones de Sala de lo Constitucional, tenga la facultad para designar a una persona en particular como terrorista y automático comunicarlo para que sea incorporado a las listas de Naciones Unidas”, dijo Delgado.
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La propuesta agrega que la FGR emitirá una lista nacional de personas y entidades designadas como terroristas, que será pública y se actualizará de forma periódica. También podrá hacerse la designación de personas o grupos a petición de otro Estado, “siempre y cuando se suministre toda la información posible para la identificación y la información específica que fundamente la designación”, dice el proyecto.
Delgado aseguró que con la reforma se cumplen tres recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de la que se espera una visita in situ en enero de 2024.
Proceso de extradiciones
También se aprobó este jueves el dictamen favorable a la reforma al Código Procesal Penal para incorporar un capítulo relacionado al proceso de extradiciones.
Establece los requisitos para conceder la extradición y las causales de denegatoria. Según Delgado, se busca establecer plazos procesales definidos, los mecanismos para solicitar a un prófugo de la justicia en otros países.
Indicó que se basa en principios de “doble incriminación”, el principio de reciprocidad, entre otros. “Nosotros vamos a responder a las peticiones de otros países de la misma forma como ellos responden a las nuestras”, dijo.
Agregó que también se busca salvaguardar que a ninguna persona que sea extraditada desde El Salvador se le imponga una pena que sea más grave que las permitidas por la legislación salvadoreña, como la pena de muerte o cadena perpetua.
“Es decir, que si en nuestro país está, hoy por hoy, no está permitida la pena de muerte, entonces nosotros como autoridades tenemos que garantizar que al que enviamos a otro país, aun así esté acusado del delito que sea, no esté sujeto a penas de esa naturaleza”, expresó.