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Legislativo ha aprobado movimientos por $940.5 millones en Presupuesto 2023

El Ejecutivo solicitó 57 reformas a la Ley de Presupuesto 2023. Expertos señalan que tal cantidad de modificaciones sería imposible en un país con separación de poderes y que la tendencia (mantenida desde 2021) reduce la calidad del gasto

Por Susana Peñate / Moisés Alvarado | Nov 20, 2023- 05:30

Foto EDH/ Archivo

La Ley de Presupuesto General de la Nación 2023 ha tenido 57 reformas en lo que va del presente año, aprobadas por la bancada mayoritaria de la Asamblea Legislativa y a petición del Órgano Ejecutivo, las cuales representan modificaciones que superan los $940.5 millones, entre reorientaciones e incorporaciones.

La mayor cantidad de operaciones tuvieron que ver con la reorientación de fondos ya existentes dentro del presupuesto y que se movieron a diferentes instituciones, por $469.1 millones.

Para el economista Rafael Lemus, el sentido de establecer una ley del presupuesto es que este sirva como un instrumento de planificación, control de gastos y de límite de deuda. Así, una nación puede definir cuáles son sus prioridades, sus apuestas estratégicas, y orientar hacia allá los recursos, que son, obviamente, finitos. En su opinión, el Gobierno, al realizar una cantidad tan alta de modificaciones, ha transformado al presupuesto en un “simple trámite”.

“Pierde todo el sentido cuando saben que, en el camino, podrán hacer todas las modificaciones que se les ocurran. Así, incluso, contrarían a la Constitución, pues no se pueden programar, por ejemplo, solo tres meses de un pago que se sabe que tendrá que pagar durante todo el año”, dijo Lemus.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó el proyecto de Presupuesto 2023 el 30 de septiembre de 2022. Foto: Archivo

En estas operaciones se incluye la reforma aprobada el 17 de octubre pasado, que recortó $108 millones a 22 instituciones para trasladarlos al Ministerio de Hacienda para “atender obligaciones generales del Estado”, a pesar que en reformas anteriores se aumentaron las asignaciones de varias entidades de fondos disponibles de Hacienda.

En ese momento, la principal reducción se hizo al Ministerio de Educación por $60.4 millones, luego al Ministerio de Justicia y Seguridad, por más de $14 millones; al Ministerio de Salud se le disminuyeron $7.4 millones de su presupuesto; al Ministerio de Desarrollo Local $10.9 millones. Esta medida fue ampliamente criticada por la oposición en la Asamblea Legislativa, sobre todo porque a la institución que más se le recortaba, Educación, se le había señalado de no pagar a sus proveedores justamente esa semana.

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“El pueblo sabe cómo están las escuelas donde van sus hijos; el pueblo sabe cómo es necesitar consulta, medicina y procedimientos de emergencia”, publicó en redes sociales la diputada Claudia Ortiz, de Vamos.

Otra reforma fue por $92.8 millones que se tomaron temporalmente de las “asignaciones disponibles” del presupuesto del Ramo de Hacienda para el Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2024 y para el Presupuesto Especial Extraordinario para el Sufragio en el Extranjero para el Evento Electoral 2024 que ejecuta el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Otro movimiento de recursos dentro del presupuesto fue el traslado de $49.9 millones del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado (FOPROLYD) al Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (INABVE).

De disponibilidades de Hacienda se asignaron $10.4 millones para el inicio de funciones del Instituto Crecer Juntos, dentro del Ministerio de Educación, y $38.4 millones para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Pero las 57 modificaciones de este año son parte de una tendencia de la actual legislatura, pues ha habido un número semejante de modificaciones en cada uno de los años de su gestión: en el 2021, en solo ocho meses, fueron 77; y en 2022, 64.

Eso supera por mucho a las de un año tan extraordinario como el 2020, en el que el país y el mundo se enfrentaron a la pandemia de Covid 19. En esa ocasión, se tuvieron gastos totalmente imprevistos, como el de los paquetes alimentarios que tuvo que adquirir el MAG o los insumos y equipos específicos para combatir la enfermedad. Sin embargo, en todo ese año, se registraron sólo 28, la mitad que este 2023.

Para el guatemalteco Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana (capítulo en su país de Transparencia Internacional), ese uso discrecional de los recursos solo es posible porque en El Salvador se ha perdido un principio democrático, que es el de la separación de poderes, el de un sistema de pesos y contrapesos.

La Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, se ha transformado en una “tramitadora” de los encargos del Ejecutivo.

“Cuando no hay esa división de poderes, existe una ausencia en los controles y en la rendición de cuentas. Entonces, se pierde la calidad del gasto. En los tiempos modernos, lo que se busca es que el dinero rinda todo lo que tenga que rendir. Pero en realidades como estas, lo que se termina ejecutando es muy diferente a aquello que se programó”

Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana Guatemala

Préstamos y excedentes

La Asamblea avaló 17 reformas presupuestarias para incorporación de fondos provenientes de préstamos externos, que suman $222.5 millones.

Específicamente, se incorporaron $61 millones para completar anticipos y supervisión del proyecto de construcción del viaducto y ampliación de un tramo de la carretera Los Chorros, del préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Mientras que de “excedentes” en la recaudación del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (IVA) se incorporaron al presupuesto más de $210.4 millones. Estos sobrantes son las diferencias entre la recaudación estimada cuando se elabora el presupuesto y la real. Según Hacienda, lo recogido este año es superior a lo recaudado.

Para el economista Rafael Lemus, la cifra es sospechosa, pues hay meses en los que se ha recogido menos, según la información oficial. Por ejemplo, según ese ministerio, con los datos acumulados de enero a junio, la recaudación disminuyó $85.6 millones respecto a lo que la institución programó en el presupuesto de 2023. “Da la impresión de que esos datos se inflan”, sostiene Lemus.

De esos $210.4 millones en “excedentes”, $11.1 millones fueron para “completar el financiamiento para el pago de remuneraciones del personal” de la Presidencia de la República. También $20 millones se asignaron al Ministerio de la Defensa Nacional para actividades del Plan Control Territorial.

La última reforma que incorporó fondos de excedentes tributarios se aprobó el pasado 14 de noviembre, por un monto de $79.4 millones, distribuidos en 14 instituciones, entre las que están la Presidencia, los ministerios de Relaciones Exteriores, Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Cultura y Obras Públicas. Además de entidades como el Centro Internacional de Ferias y Convenciones.

Y de fondos provenientes de donaciones se han agregado al presupuesto vigente más de $8.3 millones y otros $30 millones se incorporaron por tasas, derechos y saldos de fondos propios de diferentes instituciones, entre estos $5.8 millones de saldos anteriores de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

Para Marcela Villatoro, diputada de la Asamblea Legislativa por ARENA, uno de los aspectos más graves de las reorientaciones e incorporaciones es que se hacen, comúnmente, por dispensa de trámite, es decir, que el contenido de las modificaciones se conocen solo hasta unas horas o minutos antes de que se aprueben.

“Todo lo hacen a oscuras, a espaldas de la gente. Y hacen justificaciones absurdas. Meten mano para usar dinero público con fines electorales y propagandísticos”

Marcela Villatoro, diputada de ARENA

Y las modificaciones que no pasan por esta vía y sí se discuten en una comisión, lo hacen en la de Hacienda y Especial del Presupuesto, de la que, actualmente, no forma parte ningún legislador de la oposición.

MOP recibió más fondos

La institución que más recursos recibió en su presupuesto, ya sea de préstamos, excedentes tributarios o de reorientaciones es el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOP) por más de $204.3 millones.

Cuatro de esas reformas consistieron en asignar fondos para la adquisición de derechos de vía y reasentamientos urbanos, algunos relacionados con la construcción del proyecto de viaducto en la carretera Los Chorros.

Para continuar con el proyecto del bypass de San Miguel, denominado Periférico Gerardo Barrios, se incorporaron $27.2 millones en dos reformas, siempre de fondos de préstamos. Otros $20 millones se asignaron para reconstrucción de bordas para el río Grande de San Miguel, reconstrucción de calle y obras de paso; otros $4.7 millones fueron al “Programa de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en El Salvador”, y $16.7 millones de un préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para rehabilitación de centros educativos afectados por la Tormenta Tropical Julia, entre otros.

Otro de los ministerios que recibió refuerzo de fondos es el de Justicia y Seguridad Pública, por más de $106.1 millones destinados para alimentación de privados de libertad y el bono alimenticio del personal de la Policía Nacional Civil (PNC).

Si bien el pasado 17 de octubre tuvo un recorte de $14 millones, con la reforma del 14 de noviembre se le incorporaron $33.4 millones para completar gastos de funcionamiento de centros penales.

Aunque tuvo un recorte de $1.1 millones en octubre pasado, el presupuesto de la Presidencia tuvo siete reformas de incorporación de recursos en el año, que suman $54.7 millones. Dicho monto incluye $7.2 millones para el inicio de funciones y $2.9 millones de refuerzo para la Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC), adscrita a la Presidencia.

Además, $17.5 millones se asignaron a la Secretaría de Innovación relacionados al proyecto de conectividad digital y $26.9 millones para financiar compromisos y remuneraciones del personal.

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