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Familias denuncian que centros penales retiene a reos de estado de excepción liberados por jueces

La mayoría de personas que día a día salen de prisiones coincide en que fueron puestos en libertad semanas o meses después de que un juez lo ordenara. En junio, en el penal de Quezaltepeque murió un hombre que desde mayo debía estar en libertad.

Por Jorge Beltrán Luna | Jul 16, 2023- 20:12

Personas que son liberadas diariamente aseguran que el sistema penitenciario tarda semanas y hasta meses en liberarlos. Foto EDH / archivo

Reyna Aguilar lleva dos meses viajando casi todos los días desde Ahuachapán hasta el penal de Apanteos, en Santa Ana, en espera de abrazar a su hija cuando salga de prisión. Los viajes diarios de Reyna no son porque a ella se le antoja sino porque desde mediados de mayo pasado un juez ordenó que Marbely Medina, su hija, fuera puesta en “inmediata libertad”.

“Yo no he visto la orden de libertad, pero el 12 de mayo me llamaron para que me presentara al penal de Apanteos porque mi hija ya tenía la libertad. Cuando llegué no me dieron razón de ella. Dijeron que no podían darme razón de ella. Hasta el momento yo estoy viajando hasta Santa Ana y nunca me dan respuesta de nada”, afirmó Reyna a El Diario de Hoy.

“Yo creo que ella está enferma porque hace como 22 días vi que la llevaban en un microbús. Ella desde lejos nos vio y levantó la manita como saludando al niño y a mí”, detalló Reyna, con evidente preocupación sobre el estado de salud de Marbely Medina, quien está presa desde el 24 de agosto de 2022.

Marbely es la madre también de Génesis, una bebé de 17 meses que murió el pasado 17 de mayo a consecuencia de neumonía, enfermedad que la afectó durante los seis meses que compartió prisión con su madre, según Reyna, madre de Marbely y abuela de Génesis.

De lunes a viernes, Reyna llega todas las tardes a ver si “Dios le hace el milagro” de sacar a su hija de la prisión donde ya no debería estar pero que, no obstante tener carta de libertad, el sistema penitenciario la mantiene privada de libertad sin aparente razón.

María Rodríguez sostiene la foto de su hijo, Luis, quien murió el 21 de junio. Desde hacía un mes tenía la carta de libertad. Foto EDH / Jessica orellana
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Luis no tenía que morir en prisión

En una lotificación del cantón Mejicapa, municipio de Santa María, en el departamento de Usulután, el 20 de abril de 2022, varios policías llegaron a la casa de Luis Armando Rodríguez, de 54 años. Le tomaron fotos a él, a sus documentos, supuestamente indagaron en las bases de datos policiales y Luis estaba limpio. Los policías se lo dijeron a Luis frente a varios familiares.

Además, le dijeron que no saliera porque allí en su casa no le pasaría nada pero que si lo encontraban en la calle u otro lugar, se lo llevarían capturado. Luis hizo caso. Y su familia se sintió confiada. María, madre de Luis, asegura que el único error de su hijo era que le gustaba tomar licor, pero de delincuente no tenía nada.

Pero al siguiente día, en el pasaje donde está la casa de Luis y las de otros familiares, fue invadido por un montón de policías que, parecía, que iban a capturar a un peligroso delincuente. Pero no era eso. Llegaron por Luis, el mismo hombre al que el día anterior le habían tomado fotos y le habían dicho que estaba limpio.

El final de esa historia fue mucho más triste que la de miles de salvadoreños capturados arbitrariamente y liberados, luego de meses de guardar prisión injustamente.

El 16 de mayo pasado, María recibió la noticia de que su hijo ya tenía carta de libertad. Al siguiente día se fue al penal de Quezaltepeque, convencida de que a traerlo iba, pero no fue así. Ese día no se pudo. Le dijeron que hasta el siguiente día saldría libre.

El 18 de mayo, María hizo de nuevo el viaje al penal de Quezaltepeque. “Pero nos mintieron. No nos dijeron nada de él. No lo dejaron libre. Lo que hicimos fue pagarle el paquete nuevamente”, dice la mujer con una mueca de dolor.

No fue hasta el pasado 21 de junio, un mes y cuatro días después de que un juez ordenara la “libertad inmediata” de Luis, que María recibió la noticia de que su hijo estaba muerto, que lo fuera a reconocer a la morgue.

“Si ellos (funcionarios del sistema penitenciario) me lo hubieran dado (en cuanto recibieron la carta de libertad) mi hijo no estuviera muerto. Fue una injusticia la que nos han hecho. El no era ningún delincuente, prueba de eso es que ya tenía aprobada su libertad”, dice María.

Según el Instituto de Medicina Legal (IML), Luis murió a consecuencia de ”edema pulmonar”, es decir, acumulación de fluidos en los pulmones; sin embargo, de acuerdo con otros parientes de la víctima, el cadáver tenía heridas en la cabeza y en la espalda, que los hace suponer que fue torturado.

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Numerosos casos

Guadalupe G. recobró su libertad dos meses después de que un juez ordenara su libertad inmediata el 26 de abril de este año. Foto EDH / J. Orellana

El Diario de Hoy ha podido comprobar que la mayoría de personas que recuperan su libertad sale semanas o meses después de que un juez ha ordenado explícitamente.

Otro ejemplo de esos casos es el de Guadalupe G., una joven de 18 años, cuya libertad había sido ordenada por un juez desde el pasado 26 de abril; no obstante, la joven volvió a su casa hasta finales de junio.

La madre de Guadalupe prácticamente se fue a vivir a las afueras del penal de Apanteos porque no podía estar viajando todos los días desde un municipio de San Miguel, donde Guadalupe vive y fue capturada por policías que la acusaron de ser pandillera.

Ninguno de los liberados y liberadas sabe explicar por qué los directores de los centros penales no ponen en libertad inmediata, tal como indica la orden judicial en todos los casos.

Algunos creen que son muchos los casos y que por eso se demoran. Otros asumen que es porque los investigan bien que no tengan otros casos pendientes y porque también, antes de ser liberados, son sometidos a pruebas de polígrafo durante la cual le preguntan si pertenece a grupos de pandillas, si alguna vez ha asesinado o si alguna vez ha robado…

L. Morales fue afortunada, asegura, pues entre la orden de libertad y su salida del penal de Apanteos solo se tardaron seis días, pues su orden de libertad llegó el 29 de junio y salió el pasado 4 de julio.

El caso de Herminia N. es uno de los más graves. Su familia asegura que la mujer fue capturada hace trece meses en una colonia de Soyapango, acusada de pertenecer a pandillas, previa denuncia anónima a través de llamada telefónica, según dijeron los policías.

La libertad de Herminia fue ordenada desde mediados de abril. De eso hace ya tres meses, pero ella continúa en prisión, en el penal de Apanteos, donde no les dicen nada a sus familiares sobre el porqué sigue detenida.

Tanto Doris como los familiares de Herminia coinciden en una afirmación: el sistema penitenciario no los suelta.

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