Tres organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han registrado y atendido a más de 1,700 víctimas de desplazamiento forzado interno por violencia social en El Salvador en los últimos tres años, según lo informaron este miércoles.
En total, Cristosal, el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) han atendido 1,741 casos desde que se aprobó la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno.
Dicha normativa fue aprobada por el Parlamento el 9 de enero del 2020 y entró en vigencia el día 23 del referido mes.
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Entre el 2020 y 2022, Cristosal atendió 1,227 casos de desplazamiento, la mayoría de estos (56.4 %) corresponden a mujeres, señaló Claudia Argueta durante el foro 'Sin protección a vivir, a 3 años de la aprobación de la Ley de Desplazamiento Forzado'.
Argueta, de Cristosal, apuntó que el mismo periodo el SSPAS atendió 358 casos y el Idhuca registró 156 casos.
Los victimarios, de acuerdo a los datos de las organizaciones, son: pandillas (70.7 %), civiles (10.8 %), desconocidos (7.6 %) y cuerpos de seguridad (6.8 %).
El Idhuca, apuntó Argueta, indica que las razones del desplazamiento han sido amenazas, limitación ilegal a la libertad de circulación, allanamiento a la morada, privación de libertad, homicidio y tentativa de homicidio.
"Los datos de las organizaciones reflejan que el Estado, lejos de cumplir su rol de prevención, atención y protección de personas, también ha provocado casos de desplazamiento forzado interno", indicó.
Johanna Ramírez, del Servicio Social Pasionista, señaló por su parte que en el marco del régimen de excepción "algunas personas se han visto en la necesidad de desplazarse por el acoso de las autoridades de seguridad, abusos que se cometen en las territorios, persecución a personas en condición de vulnerabilidad y detenciones arbitrarias".
El Salvador se encuentra desde finales de marzo de 2021 bajo un régimen de excepción, que suspende varios derechos constitucionales.
Las organizaciones exigen al Estado que "las instituciones legalmente competentes para la aplicación de la ley se articulen" y "coordinen acciones para garantizar los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado, prevenir más casos y propiciar las condiciones para sancionar a los victimarios, quienes en la mayoría de las ocasiones quedan impunes".