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Cristosal registra más de 300 denuncias por desplazamiento

Aproximadamente el 40% de las denuncias corresponde a niñas, niños y adolescentes. El informe indica que el régimen de excepción es también causa de movilización forzada.

Por Lissette Lemus | Nov 15, 2022- 06:30

Afiche con oración al Ángel de la Guarda, en la pared de bahareque de una casa abandonada en el cantón Pajales de Panchimalco, un lugar marcado por la violencia pandilleril. Foto EDH / Jessica Orellana

La violencia y amenazas que provienen de las pandillas y las arbitrariedades durante el régimen de excepción son dos de las principales causas de desplazamiento forzado interno en El Salvador, reveló el informe “Desplazamiento interno y COVID-19: su impacto humanitario en la vida de niños, niñas, adolescentes y sus familias”, presentado ayer por la organización Cristosal y Educo.

“Es recurrente el motivo de amenazas, y acciones de pandillas, como detonantes de movilización forzada de grupos familiares”, indica el documento. Durante las consultas y entrevistas realizadas por los especialistas detrás de la investigación, las víctimas explicaron que las amenazas estaban relacionadas a variables como el sexo y la edad. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes hombres, el estudio revela que tiene a ser coaccionados para formar parte de las pandillas; mientras que las niñas y mujeres adolescentes sufren acoso sexual para obligarlas a ser “novias” de los pandilleros.

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Además, la investigación visibiliza cómo la crisis humanitaria del Covid-19 agravó la situación, ya vulnerable, de esta población, influyendo en la vida de las niñas, niños y adolescentes que se encontraban en condición de desplazamiento forzado, en siete municipios del país.

Según los datos más recientes de la organización Cristosal, actualizados desde enero, hasta el siete de noviembre de 2022, un total de 327 personas han denunciado haber sido víctimas de desplazamiento forzado, pese al control que las autoridades de seguridad dicen tener en los territorios, con la implementación del régimen de excepción. Del total de denuncias recibidas, Cristosal estima que, aproximadamente, un 40% de las víctimas son niñas, niños y adolescentes.

Para realizar el estudio se utilizaron técnicas de investigación cualitativa que permitieron determinar que no existe una ruta de protección integral para atender a las víctimas de desplazamiento forzado, quienes permanecen en situación de inseguridad e inestabilidad. “La falta de atención directa a esta población se percibe, no solo en la escasa confianza en las instituciones, sino también en los escasos recursos humanos y económicos de las instancias para atender los casos”, destaca el informe. Rina Montti, directora de investigaciones de Cristosal, explicó que, aunque existe la Ley especial para la atención y protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado interno, aprobada en 2020, esta carece de reglamento, política pública y presupuesto, por lo tanto no puede ejecutarse.

Condominios San Valentín en la actualidad. Algunas de las familias que huyeron en 2014 regresaron, pero otros no. Foto EDH / Jessica Orellana

Régimen causa desplazamiento

En cuanto al desplazamiento forzado con causa directa en el régimen de excepción, el estudio determina que tiene origen en que niños y adolescentes son acosados por la Policía o han quedado sin un responsable, tras las captura de sus padres o encargados, obligando a los menores a trasladar su residencia a casa de familiares, expuso Montti.

“Aunque se ha percibido un cambio dentro de sus comunidades, siguen teniendo temor porque, aparentemente, no se ha logrado controlar totalmente el tema de la seguridad, ahora agravado por que algunos de ellos, y ellas, (adolescentes) están experimentando acoso por parte de miembros de la Policía”, declaró la encargada de investigaciones de Cristosal. Como tercera causa de desplazamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, el documento también incluye a la violencia intrafamiliar.

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Derechos básicos vulnerados

La condición de desplazamiento, además de la vulneración del derecho a la integridad, produce una vulneración de derechos básicos como la salud, educación y seguridad económica. En salud, cuando se presentan casos de atención médica urgente o especializada, las víctimas no cuentan con otra opción que desplazarse de un centro a otro, en ocasiones, sin encontrar solución.

En cuanto a la educación, el cambio de escuela puede causar dificultad de adaptación, frustración y riesgo de deserción. Sobre el tema económico, en muchas de las ocasiones, los jóvenes deben buscar un trabajo para poder ayudar con las finanzas de sus familias.

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