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Falta de datos: una constante en desplazamientos forzados

Según una investigación conjunta entre Revista Factum y El Diario de Hoy, en instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos o la Procuraduría General de la Nación, no hay registros detallados sobre las víctimas de desplazamiento forzado.

Por Suchit Chávez / Jessica Orellana | Nov 14, 2022- 21:43

Al menos doce familias de los condominios San Valentín ubicados en la calle el progreso de Mejicanos, abandonaron martes 20 de enero de 2014 sus viviendas por supuestas amenazas de miembros de pandillas. El éxodo de familias inicio la noche del lunes 19 de enero. en los condominio la policía desalojo a unas presuntas pandilleras que residían en uno de los apartamentos Foto: EDH /Salomón Vásquez

La falta de datos sobre las víctimas de desplazamiento forzado interno es una constante en los pocos registros que hay en instituciones y organizaciones de la sociedad civil. En el caso de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH), por ejemplo, buena parte de las denuncias recibidas no cuentan con la edad de los denunciantes.

La PDDH recibió sustancialmente menos denuncias por desplazamiento forzado que las registradas por la Policía: 651 denuncias entre 2016 y 2020, que acumulan 1,669 personas afectadas frente a los más de cuatro mil casos que conoció la Policía.

Rina Montti, de la organización Cristosal; y Johanna Ramírez, del SSPAS, explican que la razón es una y solo una: miedo.

“La mayor parte de personas desplazadas internas no informan ni al Estado, ni organizaciones de sociedad civil. Los casos que llegan a sociedad civil son los casos de las personas que no tienen ninguna posibilidad económica de poderse mover”, dice Montti, directora de investigación en Derechos Humanos en Cristosal.

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Ramírez, coordinadora de atención a víctimas en el SSPAS, añade que la falta de respuestas institucionales inhibe a las víctimas a iniciar un proceso judicial largo y riesgoso.

La Procuraduría General de la República (PGR) inauguró en marzo de 2020 la unidad de desplazamiento interno. La institución, que se dedica a garantizar derechos básicos de forma gratuita -a través de sus unidades de defensoría pública penal, su unidad laboral, o defensa de los derechos de género y de infancia -no tenía hasta ese año ninguna área para atender o derivar esos casos.

Desde la creación de la unidad especializada hasta mayo de 2021, es decir, un poco más de un año, la PGR atendió 1,149 casos por desplazamiento forzado interno. En 263 de estos facilitó la reubicación de las personas y en 34 casos consiguió salidas de emergencia del país.

Montti y Ramírez hacen la salvedad - en momentos diferentes y sin ponerse de acuerdo -, que las personas que denuncian deben entenderse como una muestra mínima de la realidad. Son, apenas, los desesperados que tienen que recurrir a ser vistos junto a policías, bajo la esperanza que será la última vez que sus verdugos sepan con certeza dónde están.

Condominios San Valentín en la actualidad. Algunas de las familias que huyeron en 2014 regresaron, pero otros no. Foto EDH / Jessica Orellana

Los perpetradores en cifras

Según los registros de la Policía, durante esos seis años, los lugares críticos de salida de los desplazados forzados son los municipios de Soyapango, Ilopango, San Salvador, Colón y San Miguel. La información tiene granularidad suficiente como para conocer en qué colonia, barrio o cantón específico ha habido un éxodo de consideración y a qué rango de edades pertenecen los desplazados. La mayoría tenía entre los 25 y 32 años, la edad joven más productiva, según caracteriza a este rango de edad la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de El Salvador (EHPM) de 2019.

Los puntos calientes que expulsan a los desplazados forzados se sitúan en zonas bien conocidas por su repetición frenética en noticias homicidios, extorsión u operativos policiales, como la colonia Altavista, Nuevo Lourdes y Valle del Sol. Y un dato desconocido estadísticamente hasta ahora: los mayores expulsores son los miembros de la pandilla MS-13.

Montti explica que, de acuerdo a su experiencia en la atención de casos por desplazamiento forzado interno en Cristosal, en el “noventa o noventa y cinco por ciento” los perpetradores señalados son miembros de pandillas y por mayoría, la pandilla MS-13.

Los datos parecen darle la razón. De 1,471 detenidos por el delito de limitación ilegal a la libre circulación, entre 2016 y junio de 2021, 981 fueron identificados por la Policía como miembros de esa pandilla, o sea casi dos de cada tres.

Muertos que se esconden y desplazados invisibles

Desde el inicio de la administración de Nayib Bukele, la retórica de éxito en la mejora de los indicadores de la seguridad pública ocupa un espacio importante en las comunicaciones oficiales del presidente y sus funcionarios. El Plan Control Territorial (PCT), política de seguridad que el gobierno optó por mantener reservada al ojo público, ha sido la estrategia más citada como responsable del descenso de las muertes violentas en el país.

De ser el país más violento - incluso del mundo -, El Salvador ha experimentado una caída sostenida en los índices de homicidios en pocos años. Una tasa de 106 muertes violentas por cada 100 mil habitantes en 2015 se convirtió en una de 18 por cada 100 mil habitantes.

Dada la comprobada opacidad oficial, la fiabilidad de estas cifras ha sido cuestionada.

El periódico digital El Faro reveló en agosto de 2021 que el gobierno de Bukele, al igual que sus dos predecesores, negoció con las pandillas el descenso de homicidios a cambio de beneficios penales para sus miembros.

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De hecho, el mismo periódico publicó cómo la ruptura de ese pacto encontró salida en una matanza de tres días que dejó 88 homicidios, en marzo de 2022. La reacción del gobierno fue dictar un decreto legislativo imponiendo un régimen de excepción que cuenta ya su séptima prórroga y lleva ya más de 55 mil arrestos. Las denuncias por capturas arbitrarias se cifran ya en miles.

Además, los medios Alharaca y La Prensa Gráfica revelaron que el PCT, la política estrella de Bukele para justificar el descenso de las muertes violentas, en realidad nunca se ejecutó tal y como fue concebido. De hecho, el financiamiento necesario para ejecutar algunas fases del PCT nunca ha sido desembolsado por falta de cumplimiento de requisitos, según lo publicó el medio Voz Pública en alianza con Revista Factum.

Ante un panorama en el que las instituciones oficiales se niegan incluso a reconocer las muertes violentas de miembros de pandillas dentro del registro formal de homicidios, por haber ocurrido en supuestos enfrentamientos con la autoridad, es muy normal que los miles de salvadoreños que deben huir para salvar la vida pasen desapercibidos. Invisibles. Aunque su presencia se cuente en decenas de miles y sus angustias de forma infinita.

El prestigioso centro noruego que sigue el desplazamiento interno de los países en el mundo, el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, en inglés) ha presentado cifras en El Salvador que son más cercanas a la realidad. En 2019, aseguró que hubo en el país 453,000 desplazados forzados internos, el éxodo fronteras adentro más grande registrado desde el 2014.

Según dice Montti de Cristosal, este Centro sacó la cifra de una encuesta de evaluación anual, que desde hace años realiza el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (IUDOP). Y explica que “el IUDOP normalmente hace una pregunta tipo ´¿usted se ha desplazado por razones de inseguridad este año?´.

Pero, a petición del IDMC, IUDOP incluyó una segunda pregunta de´cuántas personas se desplazaron con usted´. Entonces, se logró llegar a esta aproximación gracias a la incorporación de esta pregunta. Sin embargo, esta pregunta adicional, IUDOP no siem,pre la incluye dentro de sus encuestas. Lo interesante es que esta pregunta por primera vez nos acerca a la realidad”.

En la comunidad Hábitat Confíen, Ciudad Delgado, la PNC registró seis casos de desplazamiento entre los años 2017 y 2021. Foto EDH / Jessica Orellana

En 2020, el año de la pandemia, cuando se restringió la movilidad al máximo, el IDMC calculó que hubo 114,000 personas desplazadas forzadamente en el país y en 2021, el número subió a 175,000 personas.

Los desplazados no solo son consecuencia de la inseguridad o la violencia. Algunos de los delitos que más acompañan al fenómeno son los homicidios, amenazas, usurpación de inmuebles y las extorsiones.

Un reporte publicado en septiembre de 2022 por la organización Global Financial Integrity, bajo el nombre “Extortion in the Northern Triangle of Central America: Following the Money” (Extorsión en el Triángulo Norte de Centroamérica: siguiendo la ruta del dinero) estimó que para El Salvador los costos anuales de la extorsión individual oscilan entre los $190 y $245 millones. Para los negocios, esa cifra anual alcanza un estimado máximo de $826 millones, datos que se basan a su vez en cifras oficiales del Banco Central de Reserva.

Los que se van, lo hacen cuando lo único que les queda por salvar es su respiración. Se van y lo pierden todo: hogares a veces construidos pieza por pieza, recuerdos familiares, las certezas de una cotidianidad. Cuando se van, ya lo han entregado todo: dinero, tranquilidad, vidas.

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