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Menor de edad fue capturada por al menos 20 militares

Dos jóvenes fueron capturadas en la madrugada del 1 de julio, bajo la mentira de que les realizarían investigaciones y que, dentro de 72 horas, regresarían a sus casas. Han pasado casi cuatro meses y sus familiares aún no han logrado tener mayor información sobre ellas.

Por Graciela Barrera / Jessica Orellana | Nov 12, 2022- 21:36

Foto EDH / Jessica Orellana

La madrugada del 1 de julio de 2022, la casa de Evelyn Solano fue invadida por alrededor de 20 militares, quienes llegaron para llevarse a su hija menor de edad, Melissa. La adolescente tiene 17 años y los soldados se la llevaron bajo la mentira de realizar investigaciones durante las próximas 72 horas. Hasta la fecha, han pasado casi cuatro meses y su madre no tiene mayor información sobre ella.

Evelyn es trabajadora del hogar, viaja todas las semanas desde el Cantón Miravalle, caserío El Flor, Los Cobanos, Sonsonate, hacia San Salvador. Esto no le permitía regresar a casa junto a su hija, de lunes a jueves. Mientras ella no estaba, Angelina Salazar, de 20 años, sobrina de Evelyn, se quedaba a dormir en casa de su tía para hacerle compañía a su prima y que no pasara sola por las noches.

Evelyn agradece que el primero de julio sí había podido regresar a su casa y estar presente para saber qué es lo que ha pasado con su hija Melissa. “Imagínese yo no hubiera estado, hubiera regresado y no hubiera hallado a mi niña, como cualquier mamá me hubiera vuelto loca”, relata, con nostalgia. Además, describe que la captura de su hija, menor de edad, fue como si ellas hubieran cometido un gran delito por la presencia de tantos militares rodeando su casa.

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“Cuando yo salí, me encontré con el puño de soldados apuntando hacia adentro de mi casa, con unas luces rojas”, relata Evelyn. Ella, con temor, preguntó a los militares si podía ayudarles en algo y ellos contestaron que necesitaban que abriera el portón. Seguido de eso, le pidieron que se sentara en el sillón de su casa y le preguntaron cuántas personas vivían ahí. Ella contestó que habían tres personas, porque esa noche su sobrina, Angelina, también se quedó a dormir con ellas.

Los militares le pidieron que despertara a Melissa, de 17 años. Luego le pidieron que la enviara a dormir y que saliera su sobrina, Angelina, de 20 años. Sin embargo, volvieron a pedirle que saliera su hija Melissa, porque se la iban a llevar bajo la misma justificación de la gran mayoría de casos de personas capturadas: agrupaciones ilícitas. Las autoridades se llevaron a las dos jóvenes, Melissa y Angelina.

Zaira Navas, jefa de Estado de derecho y seguridad de Cristosal, llama a esta acción de los militares, en la casa de Evelyn, como inconstitucional porque “cuando la captura de una persona se ejerce dentro de su casa, la presencia de 20 militares golpeando puertas o solicitando ingresar implica una violación a la constitución, porque la Fuerza Armada no está facultada ni para ejecutar ordenes de captura, y mucho menos para hacer allanamientos de domicilios”, explicó.

Además, agregó que el allanamiento de domicilios no está permitido en el régimen de excepción, ni en los decretos de prórroga ni en la legislación penal salvadoreña.

Evelyn trató de convencer a los militares de que no se llevaran a su hija, les mencionó que ella es una niña aplicada, que se dedica a estudiar. Ellos le contestaron que debía estar tranquila, que solo se la llevarían por 72 horas que se han convertido en casi cuatro meses. “No me dejan verla, yo pregunto por ella y al principio me decían que ella estaba bien, ahora ya no me dicen nada”, expresa. Evelyn dice que cuando llama no puede obtener información de su propia hija, con quien todavía guarda una gran responsabilidad y ve cómo su niña pequeña.

“Yo pregunto por ella dos o tres veces por semana porque hoy hasta han puesto reglas de que no puede hablar uno todos los días, porque primero yo hablaba todos los días para ver si algún día de esos me daban información”, dice Evelyn. Al igual que la mayoría de madres entrevistadas en el caserío El Flor, Evelyn no se opone al régimen de excepción, ella acepta que la gente que ha causado daño debe pagar, pero sostiene que su hija está detenida injustamente.

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Melissa es una adolescente aplicada en sus estudios, según las descripciones de su madre. Sus notas también lo demuestran. Evelyn tiene guardados todos los cuadernos que su hija utilizaba, cada uno está lleno de sellos de todas las tareas que su hija entregaba, la última fecha que tienen los sellos de revisado son el 27 de junio del 2022, cuatro día antes de que los militares ingresaran a su casa y pusiera en pausa sus proyectos como una jóven con aspiraciones. Su madre recuerda que su hija estudiaba el bachillerato especializado en turismo para poder salir adelante, ella soñaba trabajar en un barco y comprarse un carro rojo.

A raíz de la captura de su hija, Evelyn se quedó los primeros 22 días sin ir a trabajar porque los trámites para comprobar la inocencia de su hija y para que continuara su primer año de bachillerato no se lo permitían. “Deja uno tantas cosas para ir a la delegación los primeros días para ver si al menos de lejos podía ver a mi hija, pero ahí le tiran la puerta cuando usted pregunta”, expone.

Evelyn no ha podido continuar su vida con normalidad sin saber de su hija, los días que regresa de su trabajo dice que entra a la habitación de Melissa, tal cual ella la dejó, habla como si ella estuviera ahí, aunque no sabe cuando va a tener la posibilidad de volver a estar con su hija.

“El daño que se le está haciendo a esta sociedad tiene efectos no solo en la vida social en el ámbito de derechos esenciales sino también en la vida económica del país y en las relaciones interpersonales”, explicó Zaira Navas.

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