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"Bukele está llevando a El Salvador a ser un estado policial", dice Juan Pappier

Subdirector de Human Rights Watch, Juan Pappier, dice que muchos celebran que se haya encarcelado pandillas, pero señala que esa estrategia es insostenible

Por Mario González | Mar 28, 2023- 21:27

Cerco militar en colonias de Soyapango durante el régimen de excepción. Foto EDH/ Archivo

Juan Pappier es subdirector en funciones de la División de las Américas de Human Rights Watch, organización internacional que vela por los derechos humanos. Su trabajo lo hace conocedor de la situación de El Salvador, sobre todo con la imposición del régimen de excepción o estado de sitio hace un año.

Los números del régimen de excepción van en el orden de 65,000 detenidos. De éstos han tenido que liberar arriba de 3,300 porque no se comprobó que habían cometido ningún delito. De todos los apresados, hay un centenar que ha muerto sin siquiera haber tenido un juicio justo y sin que se determinarán si realmente eran culpables, según organismo humanitarios. Hay 4000 denuncias más en la Procuraduría de Derechos Humanos de capturas ilegales y otros abusos. Y organizaciones y familiares denuncian que la Corte Suprema no resuelve sobre el 78 por ciento de habeas corpus (recurso para determinar si una detención es ilegal) que le han solicitado.

Juan Pappier es investigador sénior de la división de las Américas de Human Rights Watch. Foto: EDH / Cortesía

El especialista en derechos humanos no duda en manifestar su preocupación porque los salvadoreños están perdiendo su democracia mientras se consolida el proyecto autoritario del bukelismo.

Para Pappier, el régimen de excepción y la mega-cárcel son medidas que no son sostenibles en el tiempo.

¿Cómo califican este año de régimen de excepción en El Salvador?
Es preocupante que el régimen de excepción se haya extendido hasta ahora, un año. Y lo más grave es que creo que el presidente Bukele ha logrado aprovecharse de esta situación grave de violencia que ocurrió hace un año por parte de las maras para consolidar su poder y está llevando al país al borde de un Estado policial. Creo que aquí hay un proyecto autoritario que se beneficia, que se aprovecha de una demanda legítima de la ciudadanía, que tiene que ver con la inseguridad y con el fracaso de los gobiernos anteriores, para dar una respuesta seria a este problema crónico de El Salvador que han sido las maras y los abusos aberrantes que han cometido contra los salvadoreños.

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Presidente Nayib Bukele. Foto EDH/ Archivo

¿O sea que, con el pretexto de aliviar el drama de los salvadoreños frente a las pandillas, en realidad se está promoviendo o consolidando un proyecto dictatorial?
Aquí hay un proyecto autoritario que digamos que en algún sentido no tiene nada nuevo para la historia latinoamericana. Es el típico presidente que se aprovecha de las falencias históricas de la democracia, en este caso la falencia para enfrentar el problema grave de la inseguridad en El Salvador, y lleva a cabo políticas que pueden ser enormemente populares en el corto plazo. Navega sobre esa popularidad para destruir el Estado de Derecho y con eso logra consolidar un proyecto autoritario, en el cual tenemos que muchos salvadoreños pueden apoyar hoy en día, pero que en el largo plazo lo que puede crear es una situación en la cual no haya las garantías mínimas para ejercer los derechos y donde cualquier persona pueda ser detenida cualquier día en El Salvador sin que haya un tribunal independiente o una Procuraduría de los Derechos Humanos que puedan defender a esas personas y garantizar su derecho.

“Entendemos a los salvadoreños que estén alegres porque hoy la tasa de homicidios haya disminuido. Lo que quisiéramos es que esa seguridad se pueda lograr de forma sostenible en el tiempo y para eso hace falta una estrategia muy distinta de la que estamos viendo hasta hoy”

Juan Pappier

El gobierno ha reconocido al menos tres mil casos de inocentes detenidos que han sido liberados, que corrían el riesgo de morir en la cárcel o no salir “nunca”, como les han dicho…
Lo que estamos viendo, lo que hemos documentado durante el régimen, de que algunas de las personas han sido detenidas de forma arbitraria, estamos hablando a de veces de menores de edad, a veces de salvadoreños inocentes, trabajadores, conductores de Uber, de obreros, taxistas que no tenían nada que ver con las maras, que fueron detenidos arbitrariamente simplemente para cumplir con una cuota policial. Y algunos de ellos siguen presos y sujetos a procesos penales que violan garantías básicas debido proceso y que los exponen a larguísimas penas de prisión.

Los números del régimen de excepción van en el orden de 65,000 detenidos, 3,000 de ellos liberados luego por no comprobarse ningún cargo. Un centenar murieron bajo custodia del Estado y hay 4000 denuncias de abusos en la Procuraduría de Derechos Humanos de capturas ilegales y otros abusos. ¿Cómo se puede definir este drama jurídico, por decir algo?
Lo que nosotros hemos documentado en terreno en el país son violaciones generalizadas de derechos humanos. Es decir, estos no son casos de abusos aislados que comete algún policía e insubordinado o poco profesional en alguna zona específica del país. No, aquí lo que nosotros hemos documentado son violaciones generalizadas de derechos humanos. Hemos documentado casos en todos los departamentos del país y hemos documentado abusos que incluyen las detenciones arbitrarias de personas que no tienen nada que ver con las pandillas. Casos de desapariciones forzosas, es decir, cuando se detiene a alguien y se le niega información a su familia sobre su paradero. Casos de torturas en las cárceles y procesos penales donde se violan las garantías más básicas del debido proceso y, por lo tanto, no se asegura ni se cree ni un juicio justo para las personas detenidas, ni unas garantías mínimas de justicia para las víctimas de los gravísimos abusos que han cometido.

¿Cuántos casos han documentado?
En nuestro informe que realizamos de forma conjunta con Cristosal documenta más de mil casos de abusos, incluyendo las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas.

Entendemos que es necesario combatir la criminalidad, sobre todo las pandillas que llegaban al extremo de descuartizar a las víctimas, de mantener como rehenes a las comunidades, pero no se puede enfrentarlas afectando derechos ni afectando a gente inocente y no suprimiendo el debido proceso…
Lo que ha ocurrido es que el gobierno salvadoreño le ha enviado el mensaje a los salvadoreños de que aquí el Estado de Derecho y la fe y la seguridad son valores en tensión. Fortalecer la independencia judicial, fortalecer las capacidades de justicia de los jueces y fiscales es necesario, así como investigar la corrupción, pero eso no se logra con tribunales débiles y adictos al poder, adeptos al Poder Ejecutivo y es necesario que se respeten las garantías básicas derechos humanos, porque si no estamos en una situación en la cual la inseguridad no solo proviene de las maras, sino también del hecho de que hay cualquier persona en El Salvador puede ser detenida cualquier día, especialmente los vulnerables, y luego no van a tener cómo defenderse.

La tía de Alexis de Jesús Pérez llegó con un rótulo y su retrato a la marcha de personas que piden liberación de reos detenidos arbitrariamente. Comentó que el joven se dedicaba a chef en cruceros y fue detenido durante sus vacaciones en marzo de este año. Foto EDH/ Yessica Hompanera

Muchas de estas capturas se han producido a partir de la delaciones, pero se ha denunciado que esto se ha aprovechado para dañar a personas o por venganzas personales…
Hemos documentado varios casos donde la evidencia de la policía parece ser simple rumores o denuncias sin corroborar o información publicada en redes sociales. Esa no es la forma de desmantelar a grupos criminales organizados como son las maras en el país. Eso trae violaciones de derechos humanos, trae el riesgo de que personas inocentes sean detenidas. Pero además, ese tipo de capturas basadas en información débil hacen muy poco para desmantelar la estructura criminal de estos grupos. Lo que necesita El Salvador es una Fiscalía fuerte, con capacidades técnicas de investigación que puedan tener una estrategia para desmantelar a estos grupos, pensando en sus economías ilegales, pensando en su estructura criminal y todo eso. Digamos se echa en falta cuando se hace una estrategia simplemente de detenciones masivas y a mansalva a cualquier persona que pueda tener cualquier supuesto vínculo con estos grupos criminales.

“Hemos documentado varios casos donde la evidencia de la policía parece ser simple rumores o denuncias sin corroborar o información publicada en redes sociales. Esa no es la forma de desmantelar a grupos criminales”

Juan Pappier

¿Qué sienten las familias que se abocan a la Corte, la Fiscalía, la Procuraduría de Derechos Humanos en busca de amparo y protección de sus derechos?
Que el Estado no les da respuesta. Que los jueces utilizan un proceso masivo, por ejemplo, audiencias virtuales para 600 personas donde es imposible para su familiar detenerse. Que en las cárceles o en las estaciones de policía no les dicen ni siquiera dónde están sus familiares. Algunos no saben si sus familiares están vivos o están muertos. Esa es la grave situación que estamos viviendo. Que la Procuraduría de Derechos Humanos ha recibido muy pocas respuestas. Que los abogados que los representan en la Procuraduría General de la República no dan abasto con la cantidad de casos que manejan y, por lo tanto, no les dan respuestas adecuadas para que ellos puedan contar con la documentación mínima para poder apoyar a sus familiares en las audiencias. Es decir, la sensación es que no tienen dónde acudir para garantizar sus derechos fundamentales. Y eso es estrictamente lo que ocurre cuando se destruye el Estado de Derecho y cuando el Poder Ejecutivo desmantela la independencia judicial y la separación de poderes.

Se ha construido una mega prisión con capacidad, dicen, para 40,000 pandilleros y que el que “entra ahí nunca va a salir”. ¿Acabarán con eso realmente con el problema de las pandillas o simplemente lo están conteniendo?
A mí me preocupa que esta mega-cárcel, según la información que se ha conocido hasta ahora, tendría un guardia penitenciario por cada 40 detenidos y eso no cuenta los turnos. Por supuesto, los guardias penitenciarios no trabajan 24 horas, sino que hay turnos. Es decir, que en cada momento la cantidad de guardias penitenciarios por detenido sería la mitad o un tercio del número que te estoy dando, dependiendo de cómo sean los turnos. Es decir, que la capacidad de control de esa cárcel va a ser baja y, por lo tanto, se crea una situación donde se genera un caldo de cultivo perfecto para que los miembros de las pandillas recluten a otras personas que no tenían relación previamente con las pandillas, que están detenidas arbitrariamente, y con este reclutamiento fortalezcan sus capacidades. Es decir, aquí podemos terminar cometiendo el error de repetir la experiencia del plan Mano Dura y el plan Súper Mano Dura, que a comienzos de la década del 2000 permitieron fortalecer la estructura criminal de los grupos armados y permitieron aumentar su reclutamiento en lugar de debilitar a estas operaciones, a estas organizaciones criminales.

“Fortalecer las capacidades de justicia, de los jueces y fiscales es necesario, así como investigar la corrupción, pero eso no se logra con tribunales débiles y adictos al poder, adeptos al Poder Ejecutivo y es necesario que se respeten los derechos humanos”

Juan Pappier

¿O sea que incluso las pueden unir a las pandillas y hacer un mando central y simplemente lo que está haciendo es construyendo un mega ejército a futuro?
No quiero especular sobre cuál va a ser el futuro de las pandillas si se van a unir o no, si se van a reciclar en otra forma, en el otro tipo de grupo armado. El punto que sí quiero hacer es que este tipo de estrategias —hay ejemplos claros en El Salvador y otros países— pueden lograr una baja en los homicidios en el corto plazo, pero en el largo plazo a veces fortalecen a estas organizaciones criminales y las fortalecen porque no se enfrentan las causas o raíces de la existencia importante como son, por un lado, la falta de oportunidades para muchas personas y, por otro, la existencia de economías ilícitas como la extorsión, por ejemplo, o en algunos lugares el narcotráfico que permite que estas y estas organizaciones prosperen.

¿El régimen de excepción y la mega-cárcel no son soluciones reales para el problema? ¿Son calmantes, son incluso soluciones temporales?
Son soluciones que no son sostenibles en el tiempo. Yo entiendo perfectamente a los salvadoreños que estén alegres porque hoy la tasa de homicidios haya disminuido y creo que tienen razón en estar alegres por eso. Y tienen razón en que ellos, salvadoreños que quizás viven en una colonia controlada por maras y que hoy tienen mayor libertad. Y me alegra mucho de que eso sea así. Lo que quisiéramos es que esa seguridad se pueda lograr de forma sostenible en el tiempo y para eso hace falta una estrategia muy distinta de la que la estrategia que estamos viendo hasta hoy.

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