Elda Edith Prado de Ortiz se hallaba el viernes por la tarde en la terminal de Occidente, en San Salvador, cobrando los productos por catálogo que había vendido días antes, cuando a eso de las seis y media de la tarde fue capturada por agentes de la Policía Nacional Civil quienes, según el relato de su hija Jocelyn Ortiz, le dijeron que quedaba detenida por agrupaciones ilícitas.
A su hija la noticia aún la desconcierta, pues desconoce por qué Elda de Ortiz forma parte de las 27,831 personas capturadas por el Estado durante el régimen de excepción hasta el 11 de mayo.
“Yo pido justicia por mi mamá porque me parece injusto que hayan hecho eso sin corroborar nada. O sea, nosotros tenemos facturas, nosotros tenemos evidencia de a lo que se dedica mi mamá”, relato a este medio, Jocelyn Ortiz.
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Elda tiene 48 años y dos hijos: Jocelyn, quien se dedica al modelaje y, además, un joven de 17 años. Ambos, según su hija, han sido amenazados por los mismos policías que detuvieron a su mamá. “El señor agente le dijo a mi hermano que nosotros teníamos que también tener cuidado porque también a nosotros nos podían llevar”, explicó Ortiz de forma desconcertante.
La madre de Jocelyn se encuentra recluida en la Delegación de Monserrat en San Salvador. Una de las razones por la que su hija cree que fue capturada es por la estigmatización de vivir en zonas históricamente controladas por pandillas.
La comunidad Nuevo Israel, donde residen actualmente, estuvo en la palestra pública durante las tormentas de junio de 2020. El gobierno promovió el traslado de varias familias cuyas casas fueron destruidas por las lluvias, pero dejó de lado otro fenómeno: la inseguridad.
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En ocasiones anteriores, la Policía ha realizado capturas de palabreros de la Mara Salvatrucha en la zona, pero ahora, Edith de Ortiz se suma a esas capturas en un régimen de excepción que ha limitado al menos cuatro derechos constitucionales, entre ellos el derecho a que la persona capturada sea debidamente informada de sus derechos y las razones de la detención, así como la asistencia de un abogado en el proceso.
Jocelyn Ortiz desconoce hasta el momento cómo va el proceso de su mamá a dos días de haber sido capturada. Lo último que los agentes de la Policía le dijeron el viernes, cuando llegó a dejar ropa y zapatos a Elda, fue que esperaran información puesto que ellos iban a comunicarse pronto.
Capturas arbitrarias
La Policía ya ha liberado a personas que, en el régimen de excepción, fueron capturadas injustamente. Incluso, el presidente Nayib Bukele ha dicho anteriormente que es probable que exista un margen de error del 1 % en las detenciones.
Sin embargo, voces como la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) consideran que “(el número) no es tan pequeño como lo plantean”.
“No es que se estén cometiendo errores sino que deliberadamente se está deteniendo a personas sin respetar la presunción de inocencia y sin tener evidencia de que pertenecen a estos grupos (pandillas)”, dijo a finales de abril el rector de la casa de estudios superiores, Andreu Oliva.
Pese a ello, el gobierno justifica las capturas masivas que, según datos oficiales, se trata de más de 600 diarias.
“Andamos detrás de aquellos que son parte, los que fueron, los que colaboran o le tienen negocios a estructuras terroristas”, dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, el pasado 9 de mayo, cuando hizo un “balance positivo” de las acciones en torno a Seguridad implementadas en el régimen de excepción.