Hasta el 11 de mayo, Cristosal registró 359 denuncias de excesos de fuerza y abusos de autoridad en el marco del régimen de excepción.
Este régimen está vigente en El Salvador desde el pasado 27 de marzo, tras un alza considerable de homicidios. En ese momento, la alianza oficialista en la Asamblea Legislativa votó por suspender por un mes los derechos de libre asociación, inviolabilidad de las comunicaciones y de la defensa ante una detención. Asimismo, ampliaron el periodo máximo de detención administrativa de tres a quince días. Este decreto fue prorrogado un mes más el pasado 24 de abril.
Este jueves, Ruth Eleonora López, directora anticorrupción de esta organización de Cristosal, explicó a medios de comunicación que la mayor parte de estas denuncias gira en torno a detenciones arbitrarias, particularmente de personas entre los 18 y los 30 años de edad.
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Ante los abusos durante el régimen de excepción, esta abogada lamenta que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) no esté cumpliendo su labor de tutelar las garantías básicas de los salvadoreños.
“Es muy lamentable el rol que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos está realizando, realmente más que defensa pareciera una protección al régimen, es decir no está cumpliendo con sus funciones”, criticó López.
Añadió que la institución está prácticamente “dándole la espalda a la ciudadanía inocente”, a la cual considera vulnerable a abusos de poder sin que haya instituciones que los defienda.
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Régimen de excepción no implica vulnerar derechos
La abogada de Cristosal explicó a un grupo de periodistas que suspender temporalmente derechos constitucionales (un régimen de excepción) no implica vulnerarlos o abusar del poder. Sin embargo, en El Salvador lamenta que esta declaratoria “se está aplicando como una justificación para cometer abusos contra la ciudadanía”.
Y si este régimen se llegase a extender, considera que se vulnerará aún más los derechos de la población inocente. Además, cree que se puede abrir las puertas a que las autoridades sigan ejerciendo su poder de manera arbitraria.
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Finalmente, Ruth López señala que este régimen abre la puerta a que el Estado haga más compras con fondos públicos sin supervisión. Esto último, dice, resuena con la experiencia de manejo de recursos de todos los contribuyentes durante la pandemia de covid-19.
“Tenemos que estar muy atentos porque durante el régimen de excepción que fue aprobado por la Asamblea Legislativa durante la pandemia, el Gobierno se extralimitó y hubo más de 12 casos (de posible corrupción) que fueron presentados por la CICIES a la Fiscalía y de los cuales la ciudadanía salvadoreña no tiene respuesta”, sentenció.