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Mayoría de capturados durante régimen de excepción ha sido por agrupaciones ilícitas

Algunas oficinas de la Procuraduría General de la República se han visto abarrotadas de familiares de personas detenidas. De acuerdo con fuentes de esa institución, a la mayoría de capturados se les imputa el delito de agrupaciones ilícitas.

Por Jorge Beltrán Luna | Abr 08, 2022- 06:14

La policía llevo a cinco jóvenes en un pick up para llevarlos a las bartolinas conocidas como El Penalito en la capital. Foto EDH Jessica Orellana

De 62 procesados que el pasado domingo 3 de abril recibió la oficina de la Procuraduría General de la República (PGR) en San Salvador, sólo nueve eran por otros delitos que no fueran agrupaciones ilícitas o resistencia al arresto, según documentos a los que se ha tenido acceso.

De esos 62 casos ingresados a la PGR, 51 personas fueron capturadas por el delito de agrupaciones ilícitas y dos por el de resistencia al arresto.

Todos, arrestados en el marco del Decreto Legislativo 333, que puso en vigencia el régimen de excepción desde las primeras horas del domingo 27 de marzo anterior.

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A la oficina de la PGR de San Salvador llegan los procesos de todas las personas arrestadas en 10 municipios del Gran San Salvador: San Salvador, Ciudad Delgado, Mejicanos, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque, Panchimalco, Santiago Texacuangos, San Marcos, Santo Tomás y Rosario de Mora.

Igual situación está ocurriendo desde el lunes 28 de marzo en las oficinas de la PGR de Soyapango, Apopa, Santa Tecla, Sonsonate y Santa Ana, para mencionar algunas, donde las capturas en comunidades bastiones de pandillas han sido más numerosas, según fuentes policiales y de la PGR.

El mayor problema que enfrentan los abogados de las unidades de defensoría penal de la PGR es la gran cantidad de casos de personas procesadas que han generado las capturas masivas realizadas por policías y soldados.

De acuerdo con un tuit publicado la madrugada de este jueves por el presidente Nayib Bukele, hasta el miércoles anterior las fuerzas de seguridad habían hecho 7,467 arrestos de pandilleros. En su narrativa, la totalidad de los capturados durante la vigencia del régimen de excepción son pandilleros,

La PGR informó que hasta el 1 de abril “por medio del equipo de trabajo de la Unidad de Defensa Pública Penal ha garantizado el derecho a la asistencia legal oportuna a un total de 3,097 personas a nivel nacional, entre el periodo del 27 de marzo al 1 de abril”.

Sin embargo esa cifra es menor a la cantidad que Bukele reportó hasta el mismo 1 de abril, cuando en su cuenta de Twitter publicó a las 9:30 p.m.: “Hasta esta hora, la @PNCSV y la @FUERZARMADASV han realizado 4,357 arrestos de pandilleros”.

Capacidad sobrepasada

La capacidad de las diversas unidades de defensoría pública penal de la PGR ha sido sobrepasada ampliamente, según indican fuentes de esa institución que prefirieron el anonimato por temor a represalias.

Por ejemplo, en la oficina de la PGR de San Salvador, que como ya se mencionó, le llegan los casos de todos los detenidos en 10 municipios del departamento, solo hay entre 75 a 85 defensores públicos.

Por ejemplo, el primer día de vigencia del régimen de excepción, la oficina de la PGR de San Salvador recibió poco más de 250 casos de procesados a los cuales había que asignarles un defensor público.

Previendo la avalancha de personas procesadas a las que se les debía garantizar el derecho a defensa, ese día estuvieron cinco defensores públicos, lo cual hace una media de 50 casos a cada uno. Eso solo por mencionar un día, aunque la cantidad ha ido bajando paulatinamente, indican los informantes.

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En el caso de Santa Ana, fuentes de esa dependencia de la PGR, afirmaron que la unidad de defensoría pública penal solo cuenta con 11 defensores. De por sí, la carga de trabajo ya era excesiva, pero con las capturas masivas la situación se ha agravado, aseguran los informantes.

Hasta ayer, sumaban 840 casos de procesados por agrupaciones ilícitas y actos de terrorismo, capturados durante el régimen de excepción, lo cual significa que, en promedio, cada defensor público de la oficina de la PGR de Santa Ana tiene 76 casos a su cargo.

Sobre la discordancia entre las cifras que la PGR ha dado sobre personas a las que han proporcionado asistencia legal oportuna y las cifras publicadas por el gobierno, algunas fuentes de la PGR coinciden en señalar que podría deberse a que “hay muchas personas que han sido trasladadas de bartolinas policiales a centros penales, sin asistencia legal de la PGR”.

Lo anterior podría explicar, según las fuentes, la cantidad de mujeres (madres o esposas) que han llegado a diversas oficinas de la PGR a solicitar ayuda para localizar a sus parientes o a pedir que les asignen defensor público.

Mismo personal, mismo presupuesto

A diferencia de la acción tomada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de reforzar algunas sedes judiciales en previsión a la carga laboral que tendrían éstos por las capturas realizadas durante el régimen de excepción, la PGR ha seguido funcionando con los mismos equipos de defensores asignados, aseguraron diversas fuentes de esa institución.

El pasado 28 de marzo, un día después de la entrada en vigor del régimen de excepción, la CSJ anunció que reforzaría los juzgados especializados de instrucción y cámaras especializadas previendo la carga laboral ante la cantidad de capturados, que para ese día sumaban poco más de 900, según un comunicado publicado por la CSJ ese día.

De acuerdo con las fuentes de la PGR, a diez días de vigencia del régimen de excepción que ha dejado, según Bukele 7,500 capturados, esa institución no ha sido reforzada. Las unidades de defensoría penal siguen funcionando con la misma cantidad.

Según las fuentes consultadas, es obvio que tal carga de trabajo redunda en un desgaste físico de cada defensor y en la calidad de defensa que darán a cada sospechoso procesado.

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