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¿En qué municipios ocurrieron los 88 homicidios del 25 al 27 de marzo?

Un especialista en prevención de violencia explica que cuando una racha de asesinatos es dispersa, se interpreta como una presión de grupos criminales hacia el gobierno.

Por Lissette Lemus / Lilian Martínez | May 21, 2022- 21:30

Solo el domingo 26 de marzo cerró con 62 homicidios en todo el país. Foto: EDH/ Jonatan Funes / Archivo

El municipio más afectado con la racha de homicidios registrada entre el 25 y el 27 de marzo, que finalizó con la imposición de un estado de excepción, fue Ahuachapán.

En ese municipio de la zona occidental fueron asesinadas ocho personas entre el 25 y el 27 de marzo, según detallan datos del Instituto de Medicina Legal obtenidos a través de una solicitud de información pública hecha por El Diario de Hoy. La racha de homicidios, que según han reportado los medios dejó 87 víctimas, fue realmente de 88, según los datos del IML, que no son proporcionados sin antes haber sido revisados por la Mesa Tripartita integrada por el IML, la PNC y la Fiscalía General de la República.

El segundo municipio más afectado fue Santa Ana con cuatro homicidios. En tercer lugar, Apopa, Nahuizalco, La Libertad, Quezaltepeque, Sonsonate y Soyapango reportaron tres crímenes cada uno, en esos tres días.

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En cuanto a los tres departamentos más golpeados por la ola de asesinatos están: La Libertad con 16 homicidios, San Salvador con 15 y Ahuachapán, en el que se reportan 14 asesinatos.

Hubo dos departamentos que no fueron alcanzados por la escalada de violencia: Morazán y Cabañas, donde no se reportó ningún asesinato en el período mencionado.

Entre los asesinatos cometidos en el departamento de la Libertad está el de Melvin Vásquez, de 27 años, cuyo cadáver fue encontrado a las siete de la mañana del 26 de marzo en el puente Chilama, en la carretera a Surf City.

La víctima estaba atada de pies y manos y presentaba varios disparos en el rostro. El joven se dedicaba a dar clases de surf en la playa.

En el mismo departamento fue asesinado Mario Zepeda, de 35 años.

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El vendedor de pan fue atacado con arma de fuego en la calle principal del cantón Alvárez, caserío El Centro, de Santa Tecla. Zepeda dejó a su compañera de vida embarazada, según informaron sus familiares en ese momento.En cuanto al sexo de la víctima el 91% fueron hombres y el 9% mujeres. La edad promedio de las víctimas era de 40 años, la más joven tenía 17 años y la de mayor edad 76.

Maritza Elizabeht Ramos, de 40 años, fue una de las ocho mujeres asesinadas. La madre de dos niñas fue asesinada en el cantón Pushtan, municipio de Nahuizalco. La mujer se dedicaba a la venta de frutas y verduras en el mercado de Sonsonate.

Las edades más frecuentes de las personas asesinadas fueron 50 años (7 víctimas), 33 años (6 víctimas) y 46 años (5 víctimas).

René Huberto Díaz es una de las 7 víctimas de 50 años, asesinadas durante la ola de homicidios de marzo.

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Díaz, quien laboraba como albañil, fue ejecutado por dos sujetos mientras almorzaba el mediodía del sábado 26 de marzo.

Por la mañana el albañil había estado laborando en el diseño de una tumba al interior del cementerio municipal de Santa Elena, Usulután.

En cuanto a los rangos de edad, el 27 % de las víctimas de homicidios reportados entre el 25 y el 28 de marzo tenía entre 30 y 39 años de edad, el 22 % entre 20 y 29 y el 24 % entre 40 y 49 años. El único rango de edad en el que no hubo víctimas es el de 0 a 9 años de edad.

Para Juan Carlos Torres, director de la maestría en Políticas Públicas y Prevención de Violencia de la Universidad Don Bosco, cuando se trata de violencia criminal los homicidios muy raras veces son al azar.

El especialista explica que un criminal no mata por matar a cualquiera que vaya pasando, sino que las estructuras criminales utilizan los homicidios como una especie de violencia instrumental para generar control territorial, temor, zozobra o miedo si esta violencia está dirigida hacia una persona o grupo específico.

La morgue del Instituto Nacional de Medicina Legal de San Salvador lucía saturada el 26 de marzo 2022. Según los datos del IML, el 25 de marzo hubo 7 homicidios, el 26 hubo 59 y el 27 hubo 22. Foto EDH / Archivo

 

Sin embargo, Torres asegura que cuando la violencia homicida se utiliza como instrumento de presión política al gobierno en el poder, esta violencia se vuelve más dispersa.

“En el caso de los homicidios registrados entre el 25 y 27 de marzo, el 80% de las víctimas fueron hombres, en su mayoría entre las edades de 30 a 50 años. La zona geográfica de los homicidios se concentró básicamente en 5 departamentos, lo que denota que los criminales querían dar una sensación de cobertura delincuencial a nivel nacional”, explica.

El alza de homicidios del 25 al 27 de marzo fue la sexta alza abrupta de homicidios desde que tomó posesión el presidente Nayib Bukele y que el plan Control Territorial, no pudo controlar.

Por ello, el presidente ordenó a la Asamblea Legislativa decretar un régimen de excepción con el fin de detener la matanza que las autoridades atribuyeron a las pandillas.

El periódico El Faro publicó esta semana una amplia investigación, que explica que esa alza de homicidios fue una respuesta de la pandilla a lo que ellos consideraron “una traición” del Gobierno del presidente Nayib Bukele al pacto que mantenían desde hace “al menos dos años y medio”.

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En las grabaciones publicadas por El Faro se escucha a Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social, confesar a un supuesto cabecilla de la MS-13 “sus esfuerzos personales por mantener vigente el acuerdo durante el repunte de homicidios. Se le escucha también hablar de cómo él hubiera impedido la captura de los pandilleros protegidos por la negociación y referirse a los tres días de masacre como una presión al Gobierno”.

Según la investigación de El Faro el punto de ruptura del pacto “fue la detención de un grupo de MS que viajaban en un vehículo gubernamental, confiados por gozar de una especie de salvoconducto y que además eran conducidos por un motorista contratado por el Gobierno”.

Hasta el 10 de mayo, durante 46 días del régimen de excepción el presidente asegura que las autoridades de seguridad han capturado a 27,831 personas relacionadas a las pandillas.

En contraste con el discurso gubernamental diversas organizaciones nacionales e internacionales han presentado investigaciones que revelan suficientes evidencias de graves violaciones a derechos humanos durante el régimen.

Haga clic sobre el siguiente gráfico y deslice el cursor hacia la izquierda para ver los gráficos completos:

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