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Ley de transición municipal concede dos años para realizar cierres contables

La normativa aprobada por el oficialismo establece la destitución e inhabilitación por diez años para ejercer funciones públicas para los funcionarios y empleados que no realicen el cierre y liquidación contable de los distritos

Por Susana Peñate | Abr 23, 2024- 22:22

Con 65 votos, Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron una ley especial de transición municipal. Foto EDH Emerson del Cid

Pasadas las 11 de la noche de este lunes, con 65 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa aprobó la iniciativa enviada por la designada de la Presidencia de una Ley Especial de Transición para la Reestructuración Municipal, la cual da un plazo de dos años a los gobiernos municipales para efectuar los cierres contables de los distritos.

El subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, pidió la modificación de la agenda para incorporar la pieza de correspondencia suscrita por el Ministerio de Hacienda y se aprobó con dispensa de trámites esa misma noche.

La pieza destaca que la Ley Especial para la Reestructuración Municipal redujo la cantidad de municipios a 44, que será efectiva este 1 de mayo con el ingreso a sus funciones de los nuevos concejos municipales, y dio un plazo hasta el 25 de abril para realizar la transición. Sin embargo, la nueva ley da un plazo de dos años para realizar las acciones administrativas y financieras que estén pendientes a fin de lograr los cierres y liquidación contables.

“Está claro que han tenido que correr a corregir errores y vacíos que dejó la aprobación precipitada de la reestructuración municipal que claramente solo tenía fines electorales, pero el foco de la ley está principalmente en el aspecto financiero de los gobiernos locales; por lo que habría que asumir que otros aspectos deberán regularse más adelante”, consideró el abogado José Marinero.

Señaló que esos otros aspectos tendrían que ver con el régimen de la carrera administrativa municipal y el régimen de tributos.

Además, la ley establece una sanción administrativa para funcionarios si incumplen con es plazo.

“Los funcionarios y empleados que no ejecuten las labores que les competen para el cierre y liquidación antes referida en un plazo máximo de dos años contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, serán destituidos de sus cargos e inhabilitados para ejercer funciones públicas por un período de diez años”, dice el decreto.

Las disposiciones en la ley también aplicarán para los funcionarios municipales que terminan sus funciones el 30 de abril de 2024.

“El Ministerio de Hacienda será el responsable de tomar las medidas para que los empleados y funcionario municipales que ejercieron cargos antes del 30 de abril de 2024 y los empleados actuales, provean toda la información necesaria y presten toda la colaboración a fin de que el municipio actualice los periodos contables atrasados”, dice el segundo incido del artículo 3.

Incluso, Hacienda reportará sus avances de manera mensual a la Presidencia de la República.

“En otras palabras, es un mensaje para los que se van el 30 de abril, miren no se trata solamente de irse y ustedes ya no tienen ninguna responsabilidad, sobre todo si han estado en puestos donde hay información demasiado importante para poner al día el tema contable”, expresó la noche del lunes el diputado José Urbina, de Nuevas Ideas, quien asumirá como alcalde de San Salvador Oeste el 1 de mayo.

Según el decreto, incumplir con esa medida “dará derecho” al Ministerio de Hacienda a dar aviso a la Fiscalía general de la República (FGR) y a la Corte de Cuentas de la República (CCR) para que inicien acciones legales que correspondan.

Sobre este aspecto, el abogado Marinero señala que otro indicativo de la improvisación es que la ley amenaza con sanciones -hasta penales- a los funcionarios y empleados “que no cumplan con ciertas obligaciones derivadas del desorden” generado por la ley que redujo los municipios.

“Es decir, los artífices (CAPRES y la bancada oficialista) se quieren limpiar en ellos las manos del caos que muy probablemente vendrá por falta de planificación adecuada”, expuso el abogado.

Manejo de fondos y préstamos

Otra disposición de la ley es que los concejos decidirán si trasladan los fondos de los distritos a las cuentas bancarias o si abren una nueva.

“Estos fondos serán de libre disponibilidad” para los nuevos municipios, agrega el decreto, con el propósito de “hacer frente en forma inmediata” a sus diferentes compromisos, tales como: obligaciones laborales, adquisiciones de bienes y servicios, pago de obras y proyectos, “y cualquier otro compromiso que la municipalidad considere legal y conveniente para su desarrollo”.

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La normativa faculta también al concejo a gestionar con los acreedores financieros de los distritos a modificar el destino de los préstamos que tienen, para invertirlos dentro del municipio “en el objeto que consideren conveniente”.

Las nuevas autoridades deberán formular y aprobar el presupuesto de ingresos y egresos para el municipio y sus distritos que les permita operar hasta diciembre 2024; no obstante, durante el mes de mayo podrán utilizar los presupuestos de los anteriores municipios para la gestión de los distritos.

Por su parte, Hacienda deberá establecer los instructivos y lineamientos necesarios para este proceso, así como poner a disposición una versión optimizada del Sistema de Administración Financiera Municipal (SAFIM), para poder realizar la centralización o descentralización de los registros financieros.

Servicios y empleados

sobre los servicios municipales, el decreto dicta que los concejos deberán aprobar las normas para la continuación de servicios en los distritos como emisión de partidas de nacimiento, de defunción, de matrimonio, inscripciones de nacimiento, matrimonios y todo acto jurídico que deba inscribirse en el registro del Estado Familiar; además de solvencias, servicio de catastro, cementerios, limpieza, recolección de basura, alumbrado público, entre otros.

Se establece, además, que el concejo podrá decidir sobre el traslado de empleados y funcionarios entre los diferentes distritos. Podrán delegar las facultades de Registrador del estado familiar al director de distrito u otro empleado.

De igual forma, la ley indica que podrán nombrar un delegado de catastro en cada distrito, con las mismas facultades del jefe catastral del municipio, por un plazo máximo de dos años; una vez finalizado ese plazo la función de jefe de catastro será atribuida a un solo funcionario por municipio.

“Los municipios necesitarán mucho tiempo y orientación para completarla. Eso significa que mientras tanto serán los ciudadanos los que terminarán sufriendo el desorden, la improvisación o la simple falta de recursos técnicos, humanos o financieros a la que enfrentarán los nuevos gobiernos municipales”,

José Marinero, abogado

Alargan sesión

La agenda de la sesión plenaria 153 celebrada este lunes incorporó dos dictámenes, los cuales se aprobaron en la jornada de medio día.

Por la tarde, se aprobaron cuatro observaciones presidenciales a decretos emitidos meses anteriores y dos reformas a la Ley de Presupuesto 2024 por dispensa de trámites. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, declaró un receso de la sesión y que se reanudaría a las 8:15 de la noche; pero no fue sino hasta las 10:33 de la noche que se reanudó la plenaria con la incorporación de la pieza de correspondencia del gobierno para aprobarse inmediatamente

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