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Casi la mitad de muertes bajo custodia del Estado presentan indicios de tortura, según Socorro Jurídico

Los representantes del Socorro Jurídico dijeron que en los próximos días presentarán la segunda denuncia ante la Fiscalía por presunta tortura.

Por Lissette Lemus | Abr 03, 2024- 11:21

Familiares de personas detenidas escuchan el informe presentado por el Socorro Jurídico. Foto EDH/ Jorge Reyes

En el 48% de las muertes bajo custodia del Estado hay indicios que fueron asesinados y en algunos casos presentan señales de haber sido torturadas, señala el informe del Socorro Jurídico Humanitario, en el contexto de dos años del régimen de excepción.

“Pedimos que el Estado salvadoreño investigue conforme la ley todos los homicidios que han ocurrido en los centros penitenciarios, así como todas las desapariciones forzadas de detenidos” concluye el informe.

Esa organización humanitaria ha documentado, desde que inició el estado de excepción hasta la fecha, un total de 241 muertes de personas en las prisiones, luego de ser detenidas como sospechosas de ser pandilleros o colaboradores de pandillas.

El registro de esa organización ha sido elaborado con testimonios de los familiares de los muertos, fotografías, esquelas de muerte y autopsias.

Hasta la fecha, las autoridades de seguridad y centros penales no han brindado datos sobre el número de personas que han muerto dentro de los penales en el periódo del régimen, a pesar que, los datos estadísticos son de carácter público, según establece la Ley de Acceso a Información Pública (LAIP).

El Socorro asegura que muy pocos casos de muertes en las cárceles, las autoridades realizaron inspecciones oculares policiales y reconocimientos por el delito de homicidio.

Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, explicó que muchos de los cadáveres fueron entregados a los familiares en ataúdes cerrados, pero cuando los abrieron se percataron que los cuerpos presentaban señales de violencia y golpes en diversas partes del cuerpo.

“Las personas que han liberado dan testimonio de cómo los custodios de centros penales torturan a los reos en el interior de las cárceles para obligarlos a decir que son pandilleros” manifestó Escobar.

Entre las muertes documentadas por el Socorro, señalan que en dos tienen pruebas que los reos fueron torturados hasta morir. Las víctimas han sido identificadas como: José Leonidas Bonilla, un sindicalista que murió el 3 de septiembre de 2022 en el Hospital Rosales y Alfredo Morales Hernández, cuya muerte se registró el 27 de junio de 2022 dentro del penal de Mariona.

El primero de los casos fue denunciado ante la Fiscalía en enero de este año, el segundo será denunciado en los próximos días, dijeron.

Yeimi Magaña, abogada del Socorro, explicó que según la autopsia el sindicalista sufrió un politraumatismo (varias lesiones o heridas).

“Él tenía hemorragia en la cabeza, en el estómago y moretones. Estos son indicios claros de que sufrió una golpiza, podríamos pensar que fue torturado dentro de Mariona” manifestó.

Otras causas de muerte

Por otra parte, el informe indica que un 29% (69) de los internos murió por negligencia de parte de los encargados de su custodia en las prisiones o en las bartolinas policiales, por no llevarlos a asistencia médica o no proporcionar los medicamentos para sus padecimientos crónicos o enfermedades adquiridas en esos sitios.

Las enfermedades más comunes que han causado muertes en las prisiones son: diabetes, hipertensión, neumonía, enfermedades gastrointestinales y desnutrición severa.

Asimismo el 4% (10) murió a causa de enfermedades terminales como: insuficiencia renal crónica o cáncer.

Una de las muerte ha sido registrada como aparente suicidio y del 23% (53) de los casos en estudio, se desconoce la causa de la muerte por no haber logrado obtener la información.

De acuerdo con los datos recopilados por el Socorro, el 91% de los los reos muertos estaban recluidos en los centros penitenciarios, mientras un 4% se encontraba bajo custodia en las bartolinas de la Policía Nacional Civil y del 5% no se logró determinar su lugar de reclusión.

Cuatro son las prisiones donde se han registrado más decesos: el centro penal en el municipio de Izalco donde se contabilizan 96 fallecidos, en la cárcel de Mariona se han reportado 50, seguido por la prisión de Apanteos con 28 fallecidos y la prisión de Quezaltepeque contabiliza 15.

A pesar de las muertes reportadas por familiares de al menos tres muertes en el Cecot, esa organización social no ha documentado ninguna muerte de ese centro penal.

¿Eran pandilleros?

Los representantes del Socorro aseguran que de los 239 casos documentados y la información analizada, han establecido que el 94% de los que han muerto no pertenecían a las pandillas.

“La mayoría eran personas trabajadoras como comerciantes informales, dueños de pequeños negocios, dueños de molinos, taxistas y/o transportistas informales (picacheros), agricultores, pescadores, pastores, predicadores evangélicos, empleados municipales y un sindicalista” dijeron.

Escobar explicó que esas personas fueron “acusadas injustamente mediante una llamada anónima, tal vez por rencillas personales con algún vecino y en el peor de los casos por rencillas personales con agentes de la Policía o con los soldados, o solo porcumplir la cuota diaria de arrestos impuesta”.

En el informe indican que a ese 94% la PNC les elaboró una ficha policial como colaboradores de pandillas, con el fin de justificar la detención arbitraria, sin embargo no descartan que en algunos casos hayan colaborado bajo amenaza.

En cuanto a la edad de las personas fallecidas el 52% oscilaban entre 17 a 40 años; mientras que el 35% son personas de 41 años en adelante dentro de los cuales se tiene 13 personas mayores de 61 años y en el 13% no se logró establecer la edad.

“Estas son vidas truncadas que no tuvieron derechos a nada, no tuvieron un debido proceso, no tuvieron derecho a un juicio justo, no tuvieron presunción de inocencia” destacó Escobar.

Pandilleros ajusticiados

Solamente el 6% de los muertos en penales eran pandilleros sostiene el Socorro, tomando en cuenta que se trata de personas que fueron “brincadas” a una de esas organizaciones criminales.

El informe da cuenta de un pandillero en condición de retiro de la 18 sureños que fue testigo criteriado en el caso de la masacre de once personas en San Juan Opico, quien andaba libre pero fue capturado durante el régimen de excepción.

Tras la captura fue enviado al penal de Izalco pero al sexto día fue ajusticiado por sus mismos pandilleros relacionados al caso.

De igual forma, tienen registro de un pandillero que se había hecho pastor evangélico en San Miguel, pero fue capturado y falleció dentro del penal,

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