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Informe señala sustitución de la violencia pandilleril a violencia estatal

Representantes de organizaciones de derechos humanos expresaron preocupación por la profundización de medidas punitivas en el tema de seguridad y el colapso del último contrapesos constitucional con la reelección presidencial inmediata

Por Susana Peñate | Dic 05, 2023- 19:34

Amnistía Internacional presentó el informe Detrás del velo de la popularidad: represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador. Foto EDH Susana Peñate

Amnistía Internacional presentó este martes el informe “Detrás del velo de la popularidad: represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador”, que revela “una realidad alarmante” en el deterioro de los derechos humanos y una crisis de institucionalidad democrática en el país.

La organización alerta sobre una "gradual sustitución de la violencia pandilleril por violencia estatal”, o la existencia de ambas que afectan a las comunidades en condición de pobreza y vulnerables históricamente acechadas por la criminalidad.

De acuerdo al análisis de las bases de datos de organizaciones de sociedad civil a las que Amnistía Internacional tuvo acceso, las víctimas de detenciones arbitrarias comparten tres características socioeconómicas: un bajo nivel educativo, empleos precarios y residencia en áreas estigmatizadas por la pobreza o por el control de pandillas.

“Esto revela cómo la suspensión de derechos está afectando de manera desproporcionada a personas en situaciones de exclusión y precariedad económica”, expuso Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.  

“Ha habido una vuelta de tuerca en el sentido que es el Estado ahora el principal victimario y el principal generador de violencia hacia las comunidades. Y esto implica que las personas que han venido viviendo la violencia de las pandillas ahora tienen que lidiar con una violencia estatal, que tampoco es nueva, pero se ha agudizado”,

Verónica Reyna, directora de programas del Servicio Social Pasionista (SPASS)

Criticó que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Comisionado presidencial de Derechos Humanos no atienden a las víctimas, sino, por el contrario, mantienen el miedo para que no se interpongan denuncias.

De acuerdo a los testimonios recabados, se identifican las torturas como tratos frecuentes en los centros penitenciarios y hasta hay un “política de tortura sistemática”. Hasta octubre de 2023, el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción reportó 190 muertes bajo custodia del Estado.

En algunos casos, las familias mostraron certificados oficiales extendidos por el Instituto de Medicina Legal u hospitales donde las víctimas fueron atendidas antes de fallecer, en los que se consigna como causa principal de la muerte la “asfixia mecánica”, “traumatismos múltiples no identificados” y “vapuleado”.

Los malos tratos hacia las mujeres privadas de libertad también son alarmantes. Una mujer relató a Amnistía Internacional que durante el tiempo que estuvo recluida, vio cómo otra privada de libertad parió en su celda con la única asistencia de otras reclusas. Además, señaló que atestiguó la muerte de un bebé de 4 meses, luego de que las autoridades del centro penal no le brindaran la atención médica que necesitaba.

El informe esta basado en tres misiones de investigación y 83 entrevistas realizadas entre mayo de 2022 y julio de 2023 durante el régimen de excepción, a través de las cuales se identificaron y documentaron 62 casos de violaciones de derechos humanos y otros eventos emblemáticos.

Piquer indicó que la información recabada evidencia que en cuatro años la narrativa, estrategias y medidas promovidas por el gobierno se alejaron del compromiso inicial de respetar los derechos humanos.

“Se ha identificado un discurso que presenta falsos dilemas, nos quieren obligar a elegir entre unos derechos y otros derechos, a elegir entre desmantelar instituciones y mecanismos de control del poder estatal para poder, supuestamente, atender de manera más eficientes las demandas de la población o elegir entre concentrar el poder para poder dar gobernabilidad”,

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Agregó que el modelo punitivo mantiene un enfoque de corto plazo y con preferencia a la militarización permanente de tareas de seguridad pública. Destaca que el presupuesto del Ministerio de Defensa aumentó 57 % entre 2018 y 2022.

Por otro lado, al evaluar la inversión gubernamental destinada a medidas punitivas en comparación con aquella enfocada en la prevención de la violencia, rehabilitación y atención a víctimas, la administración actual persiste en desatender las causas raíz del problema de la violencia y la criminalidad.

Además, califica que una medida que debía ser excepcional prácticamente se ha vuelto permanente con algunos patrones recurrentes de violaciones durante los ciclos de detención, procesamiento y encarcelamiento, cuyas principales manifestaciones han sido las detenciones arbitrarias masivas; las desapariciones forzadas, el cometimiento de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas en centros de detención; y las muertes de personas bajo la custodia del Estado.

Cierre del espacio cívico y crisis democrática

Se identifica un discurso gubernamental para estigmatizar la labor de defensa de los derechos humanos, dichas campañas de desprestigios es acompañada con información sesgada o falsa calificándola como opositora al gobierno.

Reyna comentó que desde el discurso populista a quienes defienden derechos humanos son ubicados “del lado del enemigo” y tiende a polarizar la opinión. "El discurso del enemigo tanto externo como interno es muy frecuente en el populismo punitivo", expresó.

Sonia Rubio, oficial senior de programas de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), comentó que aparejado al retroceso en derechos humanos existe una “crisis de institucionalidad democrática”. "Y esto precisamente también da cuenta sobre esta reelección que es de carácter inconstitucional", dijo.

Otro factor que caracteriza la crisis democrática es la concentración del poder, la no separación independencia de las instituciones y el no respecto a los límites establecidos en la Constitución.

DE INTERÉS: La designación presidencial significa una transferencia total de poder, señala Bertrand Galindo

De la misma forma, Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, manifestó que existe un retroceso democrático, un sistema que limita el poder y genera un balance para que el poder no se concentre en pocas manos.

"La no reelección inmediata es el último, quizá, pilar, contrapeso constitucional que estamos viendo colapsar en El Salvador",

Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal

Entre sus recomendaciones, Amnistía Internacional insta al Estado salvadoreño a poner fin a las políticas de seguridad represivas. Esto incluye cesar las violaciones de derechos humanos resultantes de la aplicación del régimen de excepción y derogar las reformas legales que vulneran el debido proceso y anulan garantías judiciales

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