Juan Pappier, subdirector de la División de las Americas de Human Rights Watch, declaró que con las recientes reformas penales que posibilitan juicios en masa y procesos sin pruebas, El Salvador incumple sus compromisos con tratados y normas internacionales que protegen el debido proceso y los derechos humanos.
“Se trata de una norma que contradice las obligaciones internacionales de El Salvador en materia de debido proceso y presunción de inocencia”, afirmó Pappier a El Diario de Hoy.
El experto en la materia reiteró además que las medidas impulsadas por el oficialismo en el país no permiten asegurar la justicia a quienes han sido víctimas de delitos por parte de miembros de estructuras criminales. “La legislación impide que las víctimas de las maras tengan acceso a una justicia genuina”, enfatizó.
Sobre todo, agregó, “dificultan la liberación de inocentes y violan el debido proceso de todos los detenidos”.
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Desde el pasado miércoles 26 de julio, cuando el partido oficial Nuevas Ideas y sus aliados en la Asamblea Legislativa aprobaron las disposiciones, la comunidad internacional encendió las alarmas ante el riesgo de que se vulneren aún más los derechos humanos bajo el régimen de excepción. Una de las preocupaciones es que con los juicios masivos se podrá condenar sin presentar pruebas.
De hecho, el mismo gobierno ha reconocido que debió liberar a 5,000 de los más de 70,000 detenidos en el régimen de excepción porque no pudo probar que eran pandilleros o estuvieran vinculados a esos grupos, pero debieron pasar hasta varios meses en prisión. Ahora los inocentes no tendrán esa oportunidad, según han advertido organismos locales de derechos humanos.
Pappier reconoce que es necesario que los gobiernos “tomen medidas serias” para combatir la criminalidad, y en el caso de El Salvador, “ante la brutalidad de las maras que son responsables de delitos atroces” para garantizar seguridad para las personas. Sin embargo, lamenta que “el régimen de excepción en El Salvador ha generado violaciones masivas de derechos humanos”.
A juicio de Pappier, el estado de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 y que supone la pérdida de garantías constitucionales, es una política insostenible en el tiempo.
Por todo lo anterior, Pappier pide más firmeza y condena de parte de la comunidad internacional.
“La comunidad internacional debería ser mucho más firme en condenar estos atropellos que ponen al país al borde de convertirse en un estado policial”, declaró Pappier a El Diario de Hoy.
La Fundación para el Debido Proceso, con sede en Washington, manifestó su alarma: “Expresamos nuestra preocupación por el decreto aprobado en El Salvador, el cual crea nuevas reglas para juzgar a las personas detenidas bajo el régimen de excepción porque viola la presunción de inocencia y el derecho a la defensa”.
“Cientos de personas detenidas serían juzgadas usando la misma prueba y en una sola audiencia, mientras que las víctimas de los delitos no tendrán certeza de quién los cometió. ¡Una justicia que no llega a la verdad no nos sirve!”, añadió esta entidad.
"La comunidad internacional debería ser más firme en condenar estos atropellos": Human Rights Watch sobre juicios masivos
Por su parte, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) también mostró preocupación por la medida, al asegurar que significa la muerte del Estado de Derecho.
“Esto nos hace preguntarnos si la posición y la política del gobierno es que se tiene que perseguir a las pandillas, la criminalidad organizada, dando muerte al Estado de Derecho y la democracia”, señaló a la AFP Marcela Martino, directora adjunta para Centroamérica y México de CEJIL.
Tanto Amnistía Internacional como diversos medios de comunicación de Europa y Estados Unidos también se han pronunciado, recordando que el Estado salvadoreño ha tenido que liberar a al menos 5,000 de los más de 71,000 detenidos en el régimen por no haber encontrado pruebas de su vinculación a estructuras delincuenciales.
Otras de las críticas de la oposición política a estas reformas es que hacen “más liviano” el trabajo de la Fiscalía, puesto que podrá procesar a los detenidos “por agrupación ilícita”. Es decir, que a quien se le acuse de ser de determinada pandilla será procesado hasta con 899 más de quienes también se presuma pertenezcan a la misma mara, o que hayan sido detenidos en una zona con presencia de la misma estructura.