El último informe de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) sobre derechos humanos de los internos de centros penales del país reveló una serie de violaciones cometidas por la continuidad de las “medidas extraordinarias”, la ausencia de una política penitenciaria y la anulación del trabajo en los procesos de rehabilitación desarrollado por organizaciones humanitarias y de derechos humanos en los diferentes centros penitenciarios a nivel nacional.
La investigación denominada “Derechos Humanos de las personas privadas de libertad” confirma que no se han atendido los problemas estructurales del sistema penitenciario y las cárceles, lejos de cumplir con la rehabilitación social, son centros de hacinamiento y carencias de todo tipo, incluyendo personal penitenciario idóneo, señala la investigación.
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La sobre población y el hacinamiento generan condiciones inadecuadas de alojamiento, escasez de recursos que imposibilita la rehabilitación y el respeto de los derechos de las personas internas, debido a que, da paso a la inseguridad, violencia y criminalidad interna, destaca el informe.
Según datos de World Prison Brief, hasta diciembre de 2020, la capacidad de los centros penales en el país era de 27, 037, pero la población alcanzaba los 37,190 reos con un exceso poblacional de 9,981.
Sin embargo, 27,140 de la población carcelaria estaba encarcelada en 12, de los 29 centros penitenciarios a nivel nacional. Esos 12 centros penales en conjunto tienen la capacidad para 10,085 reos, por lo que tenían un exceso de 17,055 internos, que corresponde al 169.11 % del hacinamiento.
En ese grupo, cinco centros penitenciarios superan ese porcentaje de hacinamiento, en uno llegando hasta 435.71 % (Gotera).
Para resolver esta problemática y otras planteadas en el informe, los especialistas de FESPAD, hicieron una serie de recomendaciones, entre ellas: aumentar el equipo de técnicos criminológicos regionales y nacionales para que se pongan al día con las evaluaciones que permitan a los internos acceder a fases de confianza, semilibertad y libertad condicional.
También recomiendan elaborar una política pública penitenciaria, en caso de estar elaborada, transparentar y darla a conocer públicamente a través del portal de Transparencia.
“Hay una creencia que las personas privadas de libertad no tienen derecho, Fespad habla de este tema porque vincula a más de 150,000 personas en el país”, explica David Ortiz, jurídico de Fespad.
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Sobre las medidas extraordinarias aplicadas por el gobierno anterior, que luego se incorporaron permanentemente en la legislación penitenciaria, Fespad, sugiere revisar y derogar las relacionadas a las visitas e internamiento especial.
“Es importante que las familias que se sienten afectadas por este tipo de medidas exijan que se pueda restablecer el contacto con el mundo exterior de las personas privadas de libertad. Es importante levantar la voz” agrega Ortíz.