La Dirección de Centros Penales informó esta mañana el traslado de siete integrantes de pandilla 18 sureños, acusados de la desaparición y asesinato de Cristian Joel Quezada Mejía, hacia los penales de los municipios de Zacatecoluca e Izalco.
Cristian, de 29 años, quien laboraba como gestor de cobros fue raptado y desaparecido el pasado 10 de enero cerca del cementerio de San Martín.
Entre los trasladados a los penales de máxima seguridad se encuentran dos supuestos cabecillas, identificados por las autoridades como Luis Antonio Anzora y Fredy Mauricio Rogel.
Según la información publicada por Centros Penales, los pandilleros habrían asesinado a la víctima solo por sospechas que era pandillero rival. Sin embargo, el joven es bien conocido en el municipio de Monte San Juan, como una persona honesta y trabajadora.
Hasta la mañana de este martes, los familiares de Cristian aún no han recibido la confirmación de que los restos encontrados, enterrados en la misma zona donde se realizaron las capturas, sean del gestor de cobros.
El traslado de los presuntos responsables de desaparecer y asesinar al empleado bancario, avalado por el Juzgado Especializado de Instrucción B, fue anunciado con un gran despliegue propagandístico en las redes sociales gubernamentales.
“Nosotros los vamos a poner este día tras las rejas en el Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, en donde no van a poder ver el sol nuevamente”, expresó el director de centros penales, Osiris Luna Meza, cuestionado hace unos meses por supuestamente negociar con pandillas al interior de los centros penales.
"Nosotros los vamos a poner este día tras las rejas en el penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca en donde no van a poder ver el sol nuevamente", Director @OsirisLunaMeza.#PlanControlTerritorial pic.twitter.com/2MaFSuOYXd
— PenalesSV (@PenalesSV) March 1, 2022
Luna aseguró que “estas personas no tienen mayor movilidad dentro del centro penitenciario” justificando que en los regímenes de máxima seguridad impera el “orden, control y disciplina”.
Ante las palabras de Osiris Luna, la defensora de derechos humanos, Celia Medrano explicó que anunciar públicamente como triunfo el hecho que una persona sospechosa de un delito no volverá a ver el sol en la cárcel, demuestra la deshumanización de las políticas de Estado y la práctica de tratos inhumanos, degradantes y de tortura avalados desde la dirección de centros penales.
Por su parte, la abogada penalista, Lucrecia Landaverde, expresó que es lamentable la declaración del director de Centros Penales, porque está tratando a los reos como si estas personas no tuviesen derechos humanos.
“Si una persona fue declarada culpable o si está pendiente de una sentencia, se le deben respetar sus derechos humanos. Eso está contenido en nuestra constitución, código procesal penal y en los tratados internacionales”, enfatizó
Medrano agregó que los gobiernos explotan ese sentimiento de falsa seguridad y venganza justificando graves violaciones de los derechos humanos, en nombre de esa cuestionable sensación de seguridad, la cual utilizan políticamente a su favor.
La defensora considera que la finalidad última del encarcelamiento, proteger a la sociedad del delito, se ve malograda en las cárceles del país. Además, recalca que las Naciones Unidas, bajo las reglas de Mandela, recomienda a los estados miembros que el aislamiento solo se puede aplicar: en casos excepcionales, como último recurso, durante el menor tiempo posible.
Landaverde hace hincapié en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, emitió una serie de recomendaciones enfocadas a proteger derechos fundamentales, destacando el derecho que tienen todas las personas privadas de libertad a ser tratadas humanamente, y a que se respete y garantice su dignidad, su vida y su integridad física, psicológica y moral.
La Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia tuiteó que “la investigación cuenta con pruebas robustas de culpabilidad ante el crimen”. Esto contrasta con el actuar de la Fiscalía, que tres días después de la captura solamente los acusó por el delito de resistencia a la autoridad.
Fue hasta la audiencia inicial, en la que quedaron libres por ese delito, que fueron capturados nuevamente y acusados por la desaparición y asesinato del joven.