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Estados Unidos aún espera llevarse y juzgar a otros 14 cabecillas de la MS

Las gestiones de Estados Unidos para llevarse y juzgar a otros 14 pandilleros salvadoreños reclamados por la justicia de aquel país no cesan.

Por elsalvador.com | Jul 30, 2022- 12:07

Foto EDH/ Jessica Orellana

El 25 de junio, el entonces encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Patrick Ventrell, llamó a las autoridades de El Salvador a que “extraditen inmediatamente” a dichos pandilleros que las autoridades salvadoreñas no han entregado.

Entre los reclamados también se encuentra Armando Eliú Melgar Díaz, alias “Blue”, cuyo acuerdo de extradición fue revocado en la Corte Suprema de Justicia.

El encargado de negocios estadounidense señaló que este acusado es una “amenaza inmediata a las personas en El Salvador y en Estados Unidos”.

También entre los requeridos por las autoridades estadounidenses está Élmer Canales Rivera, conocido como “el Crook”, uno de los miembros élites o máximos cabecillas de la Mara Salvatrucha o la Ranfla Nacional.

MS-13 Ranfla Nacional. Foto cortesía https://www.justice.gov/

“El Crook” es un criminal al que el Gobierno y el sistema judicial salvadoreño dejaron en libertad en junio de 2021, según consignó una investigación de El Faro, mientras guardaba prisión en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, en La Paz, prisión conocida como “Zacatraz”.

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El 27 de abril de 2022, mediante documentación entregada por la Corte Suprema de Justicia en respuesta a una solicitud a Acceso a la Información realizada por el medio digital El Faro, se comprobó que “el Crook” ya no estaba detenido y antes de su salidad del país no se desarrolló el proceso de extradición a Estados Unidos, país que lo requería por múltiples delitos cometidos en ese país.

“El Crook” es requerido por la justicia de Estados Unidos desde el 26 de julio de 2021; sin embargo, más de un mes antes, “el Crook” ya estaba fuera de la cárcel.

De acuerdo a una publicación de El Faro, en la que se atribuye la voz de varios audios de  al director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín,  donde él confirmó a la MS13 que sacó personalmente del país al “Crook”.

En esa misma investigación periodística se señala que la ola de asesinatos del 25 y 27 de marzo,  que dejó 87 víctimas, fue una ruptura del acuerdo entre el gobierno de Bukele y las pandilla para mantener abajo la cifra de asesinatos en el país.

Tras la publicación de El Faro, la Asamblea Legislativa, con mayoría oficialista, aprobó una reforma al Código Penal que penaliza hasta con 15 años de cárcel a quienes difundan “textos, pinturas, diseños, dibujos y grafitis” alusivos a pandillas, así como información que pueda ser interpretada como mensajes de estos grupos. La reforma fue calificada por la Asociación de Periodistas de El Salvador como una ley morzada a la prensa; y motivó la salida del país de al menos dos periodistas de medios digitales que habían hecho investigaciones relacionadas con la forma en que el actual gobierno había favorecido a cabecillas de pandillas pedidos en extradición por EE.UU.

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