Todas las instituciones responsables de velar por el combate a la corrupción en El Salvador y contraloras de la función pública salen mal evaluadas, según un informe elaborado por la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), dado a conocer este miércoles.
La Corte de Cuentas y la Corte Suprema de Justicia, son solo algunas de las que no aplican la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Pese a que el país cuenta con un marco jurídico variado para la prevención de la corrupción y la lucha contra el blanqueo de capitales y disposiciones dispersas en diferentes leyes sobre el mismo tema, no es garantía de su eficacia y correcta aplicación, en parte por la falta de voluntad de darles exacto cumplimiento, dice Funde en su reporte.
Todo esto se ha profundizado desde que, el pasado 1 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa oficialista dio un golpe fuerte a la democracia, destituyendo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República.
Funde señala que luego de estas acciones “inconstitucionales” la jurisprudencia y decisiones de estos órganos de Estado han cambiando radicalmente, “favoreciendo las decisiones gubernamentales. Así, actos como los anteriores ponen en duda los procedimientos para la elección de este tipo de funcionarios, respondiendo más a criterios políticos, que de capacidad y experiencia”.
El caso más reciente de que instituciones como la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Cuentas de la República no aplican la ley, según denuncia Funde, es el rechazo de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, a la demanda interpuesta por Cristosal en contra de la Corte de Cuentas, por negarse a investigar los fondos públicos usados para que el gobierno salvadoreño espíe a periodistas y a defensores de derechos humanos.
Funde manifiesta que la falta de transparencia y rendición de cuentas también se observan en otras áreas, por ejemplo, el financiamiento de los partidos, lo que se agrava con la llegada del Bitcoin como moneda de curso legal desde 2021.
Añade que Nuevas Ideas, el partido en el gobierno y el FMLN, por ejemplo, se han negado rotundamente a informar quiénes son sus financistas. Esto también ha sido denunciado por Acción Ciudadana.
La entidad encargada de analizar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos se basa en una ley antigua que data de 1959 y, además, depende de la Corte Suprema de Justicia, una entidad cooptada por el gobierno desde 2021, con una gran “carga política”, cuestiona Funde en su informe.
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“Su independencia es nula debido a la imposición ilegítima de cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional por la bancada plegada al oficialismo”, dice Funde. En igual condición está la Fiscalía, refiere.
Otra entidad que no escapa a los señalamientos es el Tribunal Supremo Electoral. Para Funde, en este organismo, del cual dependerá en 2024 la transparencia de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, “no existe independencia de sus miembros en la toma de decisiones y no cuenta con los recursos adecuados para ejecutar sus labores”.
Entre sus recomendaciones, exigen de nuevo aplicar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que fue sustituida por la Ley de Compras Públicas.