España se sometió ayer a elecciones para elegir a sus representantes en 12 comunidades autónomas y 8,131 ayuntamientos en medio del escándalo de compra de votos. Según las denuncias, pretendían favorecer al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), dirigido por el actual gobernante, Pedro Sánchez. Se esperaba que acudieran a las urnas 35.6 millones de votantes.
Al cierre de esta nota y con el 90% de los votos escrutados, el Partido Popular se confirmaba como ganador con un 31.27% y 22,134 concejales, aventajando en medio millón de voto al PSOE, que se queda en un 28.37% y 19,618 ediles que obtiene el PSOE.
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Hasta ayer los rumores que acorralaban al PSOE parecían multiplicarse. El partido era señalado en la compra de votos por correo, desde Melilla -una ciudad autónoma española en el norte de África-, en donde dos de sus candidatos en las listas han sido detenidos por la Policía en la investigación de una trama de compra de votos a cambio de dinero y la promesa de un empleo municipal.
Según las denuncias, los intentos de fraude venían desde el gobierno con gente de su confianza y con el CEO del principal grupo mediático amigo llamado PRISA (Promotora de Informaciones S.A.), que es la empresa público-privada encargada del recuento de los datos de las elecciones que España realizó ayer 28 de mayo.
PRISA es un conglomerado español de medios de comunicación. Es el mayor grupo multimedia de contenidos informativos, culturales y educativos en España, con presencia en radio, televisión, prensa escrita y editoriales.
Todo esto ocurre a pocos días de conocerse en España que, el dueño de PRISA, ha duplicado su participación en la empresa española Indra. Según destaca el medio español “Vozpópuli”, el fondo fundado por Joseph Oughourlian, el máximo accionista del grupo PRISA, ha ampliado su participación en Indra hasta el 7.239% con lo que “podrá pedir un sillón en el consejo de administración de la empresa pública-privada”.
De acuerdo al medio “Vozpópuli”, el Ejecutivo del presidente español, Pedro Sánchez, “se hizo del control de Indra el pasado junio. Varios consejeros independientes decidieron abandonar el consejo aludiendo a que el Gobierno estaba tomando posiciones para, a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Sapa Placencia y Amber, hacerse con las riendas de la compañía”.
A mediados de mayo del presente año, “Escribano Mechanical & Engineering”, empresa familiar española especializada en innovación y tecnologías de defensa, adquirió también un 3% de las acciones de Indra en una operación valorada en más de 65 millones de euros, informó el pasado 15 de mayo, el periódico español El País.
Así, “Escribano”, siendo una empresa especializada en la fabricación de estaciones de armas, sistemas electroópticos y kits de munición guiada, se convierte en el segundo socio industrial en Indra después de Sapa -compañía dedicada también a la industria de la Defensa-, que tiene el 5% de las acciones, con la intención de ampliar la participación hasta el 10%.
Mientras que la SEPI, una entidad de derecho público, cuyas actividades se ajustan al ordenamiento jurídico privado adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública de España, posee el 25.16% siendo el principal accionista de Indra, seguido por el fondo Fidelity (Fondo de inversión) con el 9.96% y Amber Capital (Fondo de inversión británico) con el 5.13%, revela una publicación del periódico “El País”.
Indra interesada en El Salvador
Indra, la empresa que está procesando los votos que certificaron los interventores de los partidos en cada mesa electoral en España, ligada a PRISA, el conglomerado denunciado por “intento de fraude electoral”, es una de las 8 empresas que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), de El Salvador, ha considerado para que pueda implementar y contabilizar el voto electrónico presencial y remoto por Internet en las elecciones de 2024, para los salvadoreños que residen en el extranjero.
Fuentes internas del TSE han informado que la posible contratación de Indra ha generado controversia dentro del Tribunal Electoral.
De acuerdo con información que se ha conocido a través de fuentes internas, algunos de los magistrados del Tribunal no se decantan por dar el millonario contrato a la firma española Indra, ya que no ofrecía el ciento por ciento del servicio requerido.
Días después, en una reunión de los magistrados, se presentó una ampliación del servicio que ofrece Indra que no fue adjuntada en el plazo legal.
La Unidad de Servicios Informáticos (USI) del TSE recomendó a los funcionarios adjudicar el servicio al Consorcio de Cybernetica AS, Mühlbauer ID Services GMBH y Data & Graphics; sin embargo, el último acuerdo ha sido hacer una contratación directa con competencia.
Según algunas fuentes del TSE el proceso comenzará de cero y admitirán a nuevos ofertantes, pese a que el 3 de junio vence el plazo para este proceso.