Una misión de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos se reunió esta semana con diferentes líderes de la sociedad civil para escuchar sus perspectivas sobre la democracia y los derechos humanos y también conocieron sobre los “retrocesos” en la libertad de expresión registrados por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
La delegación estuvo encabezada por el subsecretario adjunto para Centroamérica de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Eric Jacobstein; el subsecretario adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Enrique Roig; además de la directora adjunta para América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Mileydi Guilarte.
Por parte de la APES participó Gabriel Labrador, relator de libertad de expresión de la Asociación, quien señaló que compartió con la delegación datos que evidencian el retroceso en materia de libertad de expresión en el país.
Hasta el 27 de septiembre, la APES registra 266 agresiones a periodistas en 139 casos. Las agresiones más registradas son declaraciones estigmatizantes, acoso digital, calumnias y restricciones al ejercicio periodístico. Incluso, en 2023 registran cuatro salidas de comunicadores del país y tres movilizaciones internas, es decir, son casos de desplazamiento forzado.
La APES también denunció la detención del periodista comunitario Víctor Barahona en el marco del régimen de excepción.
A finales de julio, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, dijo ayer que es “alarmante” otra orden de detención que giró la Fiscalía General de la República (FGR) contra el periodista que denunció arbitrariedades en su contra en el contexto de un régimen de excepción vigente desde 2022.
Informa irregularidades
“Fue importante darles a conocer esta mirada complementa al discurso que vende el Gobierno. Sabíamos que ellos iban a reunirse con distinto funcionarios y queríamos aportarles hechos concretos y datos con los que pudieran contrastar lo que el Gobierno dice todos los días”, dijo Labrador a El Diario de Hoy.
Comentó que otro aspecto tiene que ver con la “resistencia” de la administración de Nayib Bukele de rendir cuentas y dar entrevistas a medios de comunicación independientes. De igual forma, denuncia que se mantiene un discurso de estigmatización y odio contra los periodistas. “También hablé de la resistencia de la administración Bukele a rendir cuentas mediante entrevistas a medios independientes, y recordé cuando en Capres me bloquearon el ingreso a una conferencia sin justificación alguna”, expresó.
Agregó que también se informó sobre los retrocesos en acceso a la información pública desde que en 2021 el gobierno realizó un proceso anómalo en el nombramiento de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que correspondían al sector de periodistas.
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Además, se habló sobre el nombramiento irregular de Roxana Soriano, quien compitió en las elecciones internas de Nuevas Ideas en 2020 para aspirar a candidata a diputada por ese partido. “Y que pese a ese hecho ella fue nombrada como comisionada en el IAIP, y que una de sus primeras decisiones junto con otros comisionados del IAIP fue bloquear la entrega de los videos de las reuniones del pleno de comisionados cuando la ciudadanía lo pide vía ley de acceso”, añadió.
Cabe destacar que Soriano fue electa como presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR) por Nuevas Ideas y sus aliados en la Asamblea Legislativa el pasado 23 de agosto.
La APES también denunció en agosto una posible criminalización del ejercicio periodístico y de periodistas por parte del presidente Bukele, cuando señaló a tres periodistas dentro de una supuesta investigación del Organismo de Inteligencia del Estado contra su exasesor, Alejandro Muyshondt.
El IAIP está de “adorno”
Claudia Ortiz, diputada del partido Vamos, coincide en que El Salvador enfrenta un retroceso en materia de libertad de expresión, transparencia y acceso a la información pública con el actual gobierno.
“Definitivamente el país enfrenta un retroceso en ambas áreas. Y creo que el gobierno de los Estados Unidos, los representantes electos, ven esto con preocupación, porque esto fomenta una de las causas raíces de la migración, que es la corrupción y es la falta de controles al poder”, dijo Ortiz.
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Añadió que se ha visto “una línea directa” de ataques desde el Ejecutivo hacia el periodismo y en el tema de la transparencia hay retrocesos graves. “La Ley de Acceso a la Información Pública no se está aplicando en su espíritu, tenemos un IAIP que está de adorno, porque no garantiza el derecho de la ciudadanía de acceder a la información pública, que es su derecho”, afirmó
La diputada también valora que existe un abuso de parte del gobierno en el uso de la reserva a la información pública y que no obedece a los principios. “Tiene que demostrarse que hay un riesgo real ante algunos bienes jurídicos de que esa información va a salir a la luz; pero simplemente se citan artículos y no se fundamenta bien porqué esa información no se puede divulgar”, expresó la legisladora.
Ausencia de transparencia
César Reyes, diputado de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), también opinó que la transparencia y la rendición de cuentas no forman parte de la agenda del actual gobierno. “Eso ya es reconocido a nivel internacional, de hecho en los índices de transparencia internacionales El Salvador sale con unas calificaciones muy bajas”, dijo.
Además, coincide que la figura de la reserva de información pública por periodos de hasta siete años “ha sido la norma” de parte de la administración pública.
“Y estamos viendo cómo esa falta de transparencia, esa falta de rendición de cuentas atenta directamente a nuestra democracia, porque es un derecho fundamental de todos los salvadoreños el poder acceder a cómo se está haciendo uso de los fondos públicos”, añadió.
El legislador, además, indicó que el periodismo es una herramienta necesaria “para el fortalecimiento” de la democracia, ya que se informa sobre la realidad del país. “Hemos visto cómo hoy el ejercicio del periodismo es constantemente atacado o constantemente silenciado, nos oponemos a esas actitudes o esas acciones que el gobierno ha estado ejerciendo sobre el periodismo”, indicó el diputado opositor.
También Marleni Funes, diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), comentó que sin acceso a la información pública “no se pueden tomar decisiones, ni se puede dar una deliberación objetiva”.
Para la legisladora, existe una acción deliberada de ocultar la información a la población para que tome decisiones “a ciegas” y alejadas de la realidad. De igual forma, critica las reservas de información por hasta siete años en caso de ejecución de proyectos y administración de fondos públicos.
“El que nada debe, nada teme; pero también el que nada debe, nada esconde. Entonces por supuesto que es más que evidente y es obvio el retroceso que hay en materia de transparencia. Ahora, que lo quieran ocultar también es parte del cinismo y el descaro”, expresó.
Indicó que al negar el derecho al acceso a la información es un indicio de posible cometimiento de corrupción. “¿Cómo conocían antes la gente y los medios de comunicación que habían diputados viajeros, que había corrupción, que había malversación? A través de la información pública, por eso hoy está cercenada”, enfatizó la diputada.