Los diputados del oficialismo y sus aliados remarcaron que los fondos para continuar con el régimen de excepción son necesarios para seguir combatiendo a las pandillas.
Es así que aprobaron este martes reorientar $50 millones más al régimen de excepción. Anteriormente, ya habían trasladado $80 millones.
En el dictamen se justifica que el dinero servirá para gastos corrientes que generará la implementación de un “Programa Especial de Combate a Terroristas”.
La iniciativa no contó con los votos de los diputados opositores. La propuesta obtuvo 66 votos a favor de la bancada de Nuevas Ideas y de sus aliados; dos en contra y dos abstenciones de diputados de la oposición.
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El diputado del PCN, Reynaldo Cardoza, argumentó que aunque dentro del régimen de excepción se han dado capturas de personas inocentes, éstas han sido liberadas después de comprobarse que no tienen vínculos con las pandillas.
“Este país ahora tiene tranquilidad, alegría y esperanza, los salvadoreños tienen fe que la Asamblea y el presidente Nayib Bukele continuarán trabajando en temas de seguridad”, aseguró Cardoza.
Sin embargo, cinco organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han recibido al menos 1,123 denuncias sobre abusos de poder cometidos por agentes del Estado durante los primeros dos meses régimen de excepción.
Para el subjefe de fracción de la bancada cian, Caleb Navarro, el tercer mes de ejecución del régimen de excepción ha demostrado resultados históricos en el combate al crimen.
Pero, para diputados de la oposición, la seguridad está siendo usada por el gobierno para utilizar fondos públicos sin ningún control, ya que al tiempo que se amplió la vigencia del régimen de excepción, también se prolongó el decreto transitorio que permite al gobierno obviar los controles de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
“El régimen de excepción que vino a sustituir al Plan control Territorial, está siendo otro mecanismo de trasladar dinero de una Cartera de Estado a otra y seguir gastando sin mayores explicaciones, porque ahorita no sabemos en qué se usó el dinero”, afirmó la diputada Marleni Funes, del FMLN.
Señaló que para el Plan Control Territorial el gobierno ha dispuesto de $500 millones, siendo un proyecto de seguridad que no dio los resultados esperados, obligando al gobierno a buscar medidas extraordinarias para poder enfrentar a las pandillas.
“Se habla de dinero para el Plan Control Territorial y luego desaparece y surge el régimen de excepción, ahora piden dinero para este régimen, además se aprueba una ley especial para hacer contrataciones para el régimen de excepción, pareciera que es llenadera en las autoridades se justicia”, reclamó Funes.
El diputado del partido Nuestro Tiempo, Johnny Wright, afirmó que la cartera de Seguridad Pública, es la que más recursos ha recibido del Estado, sobre todo para el Plan Control Territorial, un plan que evolucionó al Plan Régimen de Excepción, adoleciendo de controles y transparencia del uso de los fondos, lo que calificó de "improvisación e incumplimiento de los compromisos del Ejecutivo".
"Si el régimen de excepción no es la mayor evidencia del fracaso de este plan (Control Territorial) no se cuál es", analizó Wright.
En el dictamen aprobado se explica que es posible reorientar esos recursos para seguridad, debido a la eficiencia administrativa en la recaudación tributaria y al combate a la evasión fiscal, por lo que se reflejan excedentes en concepto del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, con relación a las estimaciones programadas al mes de abril de 2022.
Al respecto, el diputado de Nuestro Tiempo asegura que hay contradicciones, ya que por un lado, el Ejecutivo asegura que tiene fondos, pero por otro, siguen las cuentas altas por pagar a proveedores, los niveles de riesgo crediticio que tiene el Estado son elevadas, según las calificadoras de riesgo y que existe la posibilidad de impago.
Mientras tanto, al menos 35 personas que habían sido detenidas bajo el régimen de excepción han muerto mientras estaban en centros de detención, bajo la responsabilidad de agentes del Estado.
Recientemente, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, afirmó que la campaña de las autoridades salvadoreñas (régimen de excepción) contra la violencia de bandas, en la que han sido detenidas casi 40,000 personas, "aumenta el riesgo de detenciones arbitrarias y tortura de los detenidos".
Otros organismos internacionales también han hecho un llamado al gobierno de Nayib Bukele a respetar los derechos humanos bajo el régimen de excepción.