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Ambientalistas de El Salvador y Guatemala exigen cierre de mina en frontera

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Tierra, organizaciones ambientalistas advierten sobre los riesgos de contaminación.

Por AFP / Susana Peñate | Abr 21, 2024- 20:58

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Tierra, ambientalistas advierten de los riesgos de contaminación por la minería a cielo abierto en la zona fronteriza de Guatemala y El Salvador. Foto EDH

Que los gobiernos de Guatemala y El Salvador habiliten “con carácter de urgencia” una comisión binacional del más alto nivel para impedir la minería transfronteriza “buscando la protección de las aguas y cuencas compartidas” es una de las exigencias hechas por organizaciones ambientalistas guatemaltecas y salvadoreñas, que alertan sobre los riesgos al medio ambiente y a los afluentes por el proyecto de extracción de la mina Cerro Blanco.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Tierra este 22 de abril, decenas de personas de varias organizaciones y comunidades realizaron una protesta para exigir a las autoridades de ambos países el cierre definitivo de la mina y tomar medidas de protección del recurso hídrico transfronterizo, que para el caso de El Salvador, afectaría la cuenca del río Lempa, el principal afluente del que se abastece buena parte del país.

Al grito de “¡No a la minería!”, la activista Claudia Rodríguez quebraba la apacible atmósfera del lago de Güija, entre El Salvador y Guatemala. Más de un centenar de defensores medioambientales lo navegaron en protesta a una mina de oro y plata de capital canadiense.

La mina Cerro Blanco, situada en el municipio de Asunción Mita en territorio guatemalteco a 12 kilómetros del lago, será explotada a cielo abierto, ya no de forma subterránea, tras una resolución de última hora dictada en enero pasado por el anterior gobierno de Guatemala. Autorización que las organizaciones piden sea revocada.

El pasado viernes, diez pequeñas embarcaciones de motor, cada una con una quincena de activistas a bordo, surcaron las tranquilas aguas del Güija con pancartas y banderas de El Salvador y Guatemala, al coro de consignas de rechazo como: “¡Alto a la minería!”, “¡Empresas mineras, fuera de nuestras fronteras!”

“Esos proyectos extractores lo único que hacen es comercializar con nuestro medio ambiente y nuestro futuro”, lamentó Rodríguez, de 41 años, de la Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador.

La medida ha suscitado protestas en ambos países centroamericanos. “Las fronteras no existen para defender los recursos naturales, hoy más que nunca tenemos esa obligación”, dijo a la agencia AFP la activista hondureña María Eva Díaz, de 34 años, quien se sumó a la protesta.

Por su parte, Videlina Morales, de 56 años y representante de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador, teme que los desechos mineros contaminen las aguas de este lago binacional de 45 kilómetros cuadrados, donde numerosos pescadores artesanales se ganan la vida capturando tilapias, guapotes y mojarras.

Ambientalistas salvadoreños participaron en una protesta contra la mina Cerro Blanco en el lago de Güija. Foto EDH EFE

En el evento público, indicó que es la cuarta marcha acuática que se lleva a cabo en el lugar llamado “Cuevitas”, donde diferentes organizaciones se han articulado.

“Estamos articulados en defensa de este lago, en defensa de nuestro río Lempa, en defensa de nuestra madre tierra y en defensa de la vida. Es lo que nos mueve a estar en esta cuarta marcha acuática”,

Videlina Morales, Mesa Nacional frente a la Minería Metálica El Salvador

Sostuvo que existe “una amenaza latente” con el extractivismo minero y se debe prohibir todo proyecto que se afecte al río Lempa.

“Exigimos el cierre de la mina Cerro Blanco por respeto a la vida de nuestros recursos naturales”, dijo a la AFP Morales.

Químicos nocivos

La protesta se produce 18 meses después de una votación en un municipio guatemalteco contra la explotación de este yacimiento de oro y plata, cuyos resultados fueron desconocidos por el entonces presidente Alejandro Giammattei.

En una de las últimas acciones antes de entregar el mando al presidente Bernardo Arévalo, el gobierno de Giammattei aprobó que la mina sea explotada a cielo abierto y no de manera subterránea, como establecía la licencia ambiental original.

El ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala dictó esta polémica resolución el 9 de enero, cinco días antes del cambio de mando. Sobre este tema, el 24 de enero el ministro de Medio Ambiente salvadoreño, Fernando López, dijo en una entrevista en el canal estatal que “se ha expresado la preocupación al gobierno guatemalteco” a través de notas, solicitando la información antes del inicio de operaciones de la mina.

Agregó que realizan muestreos semanales de agua en zonas aledañas y en el lago de Güija para revisar las concentraciones de metales pesados provenientes de ese lugar.

“El uso de químicos en la extracción de minerales está dañando enormemente nuestros recursos naturales y la mina Cerro Blanco no es la excepción”, dijo a la AFP Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA).

“El uso de químicos en esa mina va a dañar no solo a El Salvador, sino también a Guatemala y Honduras, pues las aguas del [río] Lempa, por ejemplo, recibirán parte de esos químicos nocivos para el ser humano, animales y plantas”, advierte Navarro.

Las aguas del lago alimentan al río Desagüe, que es tributario del río Lempa, de 422 kilómetros de longitud.

El río Lempa nace en Guatemala, cruza una porción de Honduras y luego atraviesa El Salvador, donde es la principal fuente de agua potable de la capital salvadoreña, antes de desembocar en el océano Pacífico.

Buscarán moratoria

El gobierno de Guatemala busca anular por presuntas “anomalías” una licencia ambiental otorgada a la mina de capital canadiense situada cerca de la frontera con El Salvador, informó el jueves el viceministro de Ambiente de dicho país, Rodrigo Rodas.

“La postura actual del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es buscar la anulación de la actualización del instrumento ambiental y por ende la licencia ambiental del proyecto minero Cerro Blanco” de la compañía canadiense Bluestone Resources, dijo Rodas al ser interpelado por una bancada de oposición en el Congreso.

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Según Rodas, hay “anomalías encontradas” en el proceso de aprobación, como posibles sellos falsificados. Dijo que el Ministerio buscará la anulación “aclarando que no se está vulnerando ningún derecho de la minera, ya que lo que se busca es que presenten un nuevo instrumento ambiental con el tipo de minado al cual ellos quieren tener acceso”.

En septiembre de 2022, el gobierno de Giammattei desconoció una consulta popular de los habitantes de Asunción Mita que rechazaron esta mina. El nuevo gobierno de Bernardo Arévalo espera, además, declarar una moratoria a la minería en el país.

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Cuencas internacionales que se extienden sobre el 40% del territorio centroamericano

“Vamos a trabajar en estos días para poder declarar una moratoria a nuevas licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minería metálica subterránea y a cielo abierto”, indicó además la nueva ministra de Medio Ambiente de Guatemala, Ana Patricia Orantes.

Falencias técnicas

De acuerdo a las organizaciones ambientalistas que rechazan el proyecto, el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa minera a las autoridades de Medio Ambiente de Guatemala con el que pidieron la autorización para convertir el proyecto de mina subterránea a un proyecto minero de cielo abierto tiene varias falencias técnicas.

Una de esas es que no considera la presencia de los gases y aguas geotérmicas en la mina y el impacto de la temperatura que afectaría las condiciones de la vida de los trabajadores y las comunidades aledañas. Tampoco presentó un “plan audaz” de manejo de relaves filtrados de la mina que pone en riesgo la vida de las personas que viven en la aldea Trapiche Vargas, ubicada a 330 metros de la pila de relaves y tampoco presenta un plan de cierre de mina de acuerdo a estándares internacionales.

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Pese a las anuncios de las actuales autoridades de dicho país, las organizaciones ambientalistas también exigen que el Ministerio Público de Guatemala “actúe con la pronta y debida diligencia para deducir responsabilidades penales” a quienes estuvieron a favor de la actualización del estudio de impacto ambiental presentado por la minera.

“Llamamos a la población de El Salvador y Guatemala a exigir el cierre definitivo del proyecto minero Cerro Blanco, que a más de 16 años de operación ha contaminado con arsénico y metales pesados el río Ostúa, tributario del lago de Güija y el río Lempa”, señalan las organizaciones.

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Áreas de interés minero en territorio centroamericano en riesgo de explotación contaminante

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