Julia Orbelina Pérez tenía 45 años cuando el Estado salvadoreño la desapareció. Era julio de 1982 y llevaba aproximadamente mes y medio trabajando en la casa de Mauricio Cuéllar Cuéllar y su hija Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, quienes también fueron desaparecidos por el Estado de El Salvador.
Ese es en resumen el caso que la CIDH envío el 14 de mayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, instancia ante la que el Estado salvadoreño deberá responder por el caso.
Según la CIDH, "Patricia Emilie Cuéllar fue colaboradora de movimientos cristianos y trabajó para la Oficina del Socorro Jurídico Cristiano entre 1979- 1980. Luego de haber denunciado actos de hostigamiento y persecución en su contra fue extraída violentamente de su vivienda y desapareció, con su padre, Mauricio Cuéllar y Julia Orbelina Pérez, quien trabajaba en el servicio doméstico de la casa".
Tras una larga investigación, la CIDH determinó que las acciones del Estado para buscar a las víctimas, luego que sus familiares denunciaran la desaparición forzada, "fueron mínimas".
Al terminar el conflicto armando de los años 80, "el Estado tampoco realizó investigación alguna para esclarecer los hechos y determinar si hubo actuación del Estado. Esta situación constituyó una fuente de sufrimiento y angustia para los familiares de las víctimas, e impactó en particular a hijas e hijos de las dos víctimas mujeres".
El hecho de que este caso haya llegado ante la Corte Interamericana implica que el Estado salvadoreño deberá responder por lo ocurrido.
La CIDH presentó un informe en el que recomienda que el Estado implemente medidas de reparación materiales e inmateriales para los familiares de las víctimas; inicie la búsqueda de las víctimas de forma concertada con sus familiares y activando los mecanismos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado en El Salvador.
Además, la CIDH recomienda tomar "medidas de atención en salud física y mental para los familiares de forma concertada, teniendo en cuenta el especial impacto que tuvo la desaparición en los hijos e hijas de las víctimas". También se recomienda investigar la desaparición forzada de manera "diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable".
Finalmente, la CIDH invita al Estado a tomar medidas de no repetición, "incluyendo aquellas de carácter legislativo con el fin de (i) desarrollar una política de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, (ii) regular la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada (iii) convertirse en parte de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas".